El relato judicial arrolla al de Mazón

Dice Martín Caparrós en su último libro, en el que da cuenta del paso por su vida de la ELA, que si lo escribe parece un poco menos cierto. Me pasa lo contrario al leer los relatos de las familias de las 227 víctimas de la riada en el sumario de la jueza. Creo que esas páginas son lo más relevante en mucho tiempo, por mucho fuego de artificio político que la semana haya traído. Cuesta creer lo que nos ha pasado a un palmo de distancia, con personas cercanas. Pero es cierto. Demasiado cierto. Es cierto el relato de un padre que ve cómo la corriente se lleva para siempre a una hija que resistía agarrada a una cuerda. Es cierto el relato del vecino que ve a otro quedar atrapado en un garaje y escucha sus gritos de auxilio durante 50 minutos. Hasta el silencio. Es cierto el relato que ve al padre cogido a una farola cuando el agua supera ya los dos metros y pico, hasta que un camión arrastra la luz. Cuatro meses después, esos son los relatos que han acabado imponiéndose sobre los otros, los políticos, las construcciones argumentales para salvar responsabilidades, primero políticas, ahora judiciales.

El sumario (parcial) sirve para constatar una gran tragedia que marcará nuestras vidas como colectivo. Hablaremos de esto dentro de años. Quedará una marca en la tabla de la conciencia común.

El sumario, la secuencia del día negro escrita en papel judicial, sirve para empezar a sacar algunas conclusiones. Cuatro meses después, este periodista se atreve a exponer algunas ideas que le empiezan a quedar claras. Sin remontarnos a los efectos del Plan Sur sobre l’Horta y la descontrolada ocupación durante décadas de terrenos inundables, sí que se puede determinar una primera negligencia en la no realización de unas obras de encauzamiento y defensa de los barrancos ahora desbordados. Concurren responsabilidades políticas de todos. Son obras (la mayoría) diseñadas y aplazadas en los años de gobierno de Mariano Rajoy a causa de la crisis económica, la austeridad y los recortes decretados. Y son obras postergadas durante los ocho años del Botànic por los impactos que planteaban (también los ambientales). Ahora nos ha quedado claro que la primera misión de un gobernante es proteger la seguridad de los gobernados. En ese pasado en el que nada podía pasar pensábamos que podían prevalecer otros criterios.

A partir de ahí, está el dramático 29 de octubre de 2024 y una gestión del Gobierno valenciano actual (el responsable de atender la emergencia) errática desde los días anteriores, donde está la clave de cómo fue el día trágico, porque se ignoró la prevención ante un aviso rojo (el máximo) de lluvias torrenciales. Otras instituciones tomaron medidas hacia sus administrados, pero la Generalitat ni siquiera convocó al órgano encargado de coordinar la emergencia hasta pasadas las 15.00 del mismo día de autos, cuando ya se habían producido desbordamientos y tornados, y había calles anegadas, vehículos arrastrados y un conductor desaparecido. Es verdad que hubo actualizaciones de la previsión meteorológica que indicaban que lo peor de la tormenta iba hacia otros territorios. Es verdad que hubo notificaciones oficiales que apuntaban a una contención de la subida del barranco del Poyo y que la atención de los técnicos estuvo en las horas críticas en otro punto, la presa de Forata y su posible colapso. Es verdad que no hubo una buena comunicación entre técnicos en los momentos peores. Es verdad que la lluvia que finalmente cayó en puntos del interior superó en mucho a cualquier previsión, con más de 700 litros por metro cuadrado en Turís, por ejemplo. Pero lo trascendental es que no existía una preparación para la posible catástrofe a pesar del aviso rojo y que, cuando la tragedia se ve ya en la puerta, el órgano clave en la gestión de la emergencia da muestras de caos, con hasta dos interrupciones de muchos minutos de la reunión sin que se adopten decisiones. Lo trascendental es que cuando se envía el mensaje masivo de alerta a la población (a las 20:11) la mayoría de las 227 víctimas mortales ya habían sido arrastradas por el agua. Ese es el relato que se impone en el papel judicial. El relato que cuenta.

Y lo trascendental también (puede que no penalmente, pero sí políticamente) es que cuando todo eso pasa, el presidente de los valencianos no está con la atención necesaria, porque mantiene su agenda, incluida la famosa y larga comida con la periodista, y realiza (y recibe) no más de 16 llamadas en las dos horas (de las 17.37 a las 19.43) en las que se está produciendo la catástrofe, durante las cuales el centro de coordinación de emergencias no adopta decisiones determinantes. Cuando Carlos Mazón llega al lugar (a las 20:28), casi todo ha pasado ya.

Ese es el relato que se ha impuesto esta semana, por encima de los otros, encaminados a desviar responsabilidades y salvar pellejos (políticos). Es el relato que deja «noqueado» al president, señalado ya también desde la órbita conservadora de Madrid.

A partir de aquí, mientras la jueza continúa su camino firme y decidido de acercamiento a la verdad del día de la tragedia, lo que suceda políticamente con Mazón es cuestión de estrategia. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido claro: hará lo que sea más conveniente para seguir gobernando (el PP) la Comunitat Valenciana. Ese es el objetivo principal, por encima de honorabilidades, dignidades y prestigio de las instituciones y quienes las representan. Y por eso, si puede, su prioridad será esperar el momento en que menos se vote la gestión realizada en la Comunitat Valenciana, el momento que más pueda estar contaminada por otras tendencias y olas de ámbito español, a las que el voto valenciano suele ser muy sensible. Todo está en la cabeza de Feijóo, la presión a su alrededor se ha disparado, pero no creo que votemos pronto, en plena calentura. No sé si un relevo de Mazón está sobre la mesa de Feijóo, por mucho que el relato judicial deje al president con escaso crédito, pero sí sé que la actitud de este, hasta ayer, no es la de quien está pensando en la retirada. Quizá ese es el síntoma que esperan otros.