La honorabilidad de la Generalitat

Que las instituciones están por encima de sus ocasionales responsables es una de las máximas del sistema democrático. Cuando los dirigentes salidos de las urnas se enrocan con la intención de confundir el gobierno con la institución, se produce una crisis institucional. El preámbulo del Estatut señala claramente que «la Generalitat velará por la defensa de la identidad y los valores del Pueblo Valenciano y su patrimonio histórico y por los derechos y necesidades de las personas que hayan sufrido daños por catástrofes naturales», mientras que el artículo 20 referencia que «el conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye la Generalitat» que la forman las Corts, el president y el Consell.

No hay que profundizar más en la norma básica de nuestro autogobierno para constatar que el president y su Consell deben priorizar su acción ejecutiva en atender en primer lugar a los familiares de las 227 víctimas mortales y a los miles de damnificados por la riada del 29 de octubre. Cumplidos los cuatro meses de la trágica riada se ha avanzado en la reconstrucción de la catástrofe, aunque perdura la guerra entre las administraciones para saber sobre quién recae la responsabilidad última de la emergencia o sobre quién hace y no hace suficiente en las tareas de reconstrucción. Las semanas pasan y sigue el enfrentamiento institucional, olvidando que la atención a los afectados debe ser el máximo objetivo para recuperar una cierta normalidad.

En este tiempo la figura del president Mazón no ha salido reforzada, sino todo lo contrario. Y por esta razón, el menoscabo de la principal institución del autogobierno de los valencianos con siete siglos de historia, la Generalitat, está llegando a límites insufribles.

En la batalla política de los relatos a la que asistimos desde el 29O, el foco ha apuntado a Mazón desde el principio. El president y su equipo no han sido capaces de gestionarlo en contrario. Desde el inicio, perdieron esa batalla y hemos asistido durante cuatro meses a un agónico intento de supervivencia política imposible, comenzando por las múltiples versiones de Mazón sobre dónde, con quién y hasta cuándo estuvo la tarde del 29-O antes de acudir al Cecopi, continuando con la parte del sumario conocida que instruye la jueza de Catarroja para dirimir responsabilidades penales. Muchos testimonios dejan claro que las primeras víctimas se produjeron antes de lanzarse el mensaje de alerta a las 20.11 horas, evidenciando que con los datos de las agencias estatales y organismos autonómicos que había desde el mediodía, aun admitiendo que algunos de ellos eran inexactos o incluso que no los hubo en suficiencia, como los de la CHJ, se actuó tarde. La investigación judicial ha agravado, en paralelo, el nerviosismo del Consell con su president a la cabeza, así como del partido que lo sustenta, tanto en València como en Madrid. La agonía de la pérdida del relato que apuntamos.

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Parece evidente que la táctica emprendida por Mazón estos últimos días está enfocada principalmente a su defensa judicial, dejando en un segundo plano su labor ejecutiva que tanto necesita la zona afectada. Ha demostrado mínima empatía con los familiares de las víctimas, poca comunicación con los ayuntamientos de la zona y ninguna colaboración (por culpa de ambas partes) con el Gobierno para la reconstrucción. La situación vivida por el propio Mazón la semana pasada en la apertura del Congreso de Formación Profesional ‘El valor de la FP. El valor de las personas’ en València confirma el desgaste institucional de su figura. El president estuvo bien cuando durante los abucheos reclamó el respeto al jefe de la Generalitat. Esa es la clave, porque cuando la consideración y cortesía dejan de presidir la acción de gobierno se viene una crisis institucional que socava todos los cimientos.

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Durante sus más de cuarenta años de recuperación de sus instituciones propias, la Comunitat Valenciana ya ha vivido varios aprietos reputacionales, con varios presidentes en el banquillo de acusados, incluso uno sentenciado con pena de cárcel. Fue precisamente la degradación institucional que sufrió Francisco Camps la que llevó al PP a su relevo, cuando el entonces líder del PPCV acababa de renovar su mandato con mayoría absoluta. El hecho relevante de salvar la honorabilidad de la Generalitat por encima de su president provocó que los entonces dirigentes del PP decretaran la salida de Camps con un plan ordenado de sustitución. Hace catorce años de aquel movimiento controlado entre los dirigentes populares de València y Madrid para obligar a Camps a dimitir, y es evidente que ahora el PPCV no cuenta con la mayoría absoluta para repetir esa operación (depende de Vox), ni tampoco los tiempos políticos son idénticos. Sin embargo, la situación de parálisis institucional es la misma que entonces, con el trágico añadido que llega cuando la ciudadanía más necesita la confianza y el prestigio en la Generalitat, en su president y en su gobierno.