Las cuentas claras

A grandes rasgos, como la limitación del papel impone, desde siglos atrás hasta época tan moderna como a mediados del S.XIX, la vivienda se consideró una necesidad básica y bien a través de las propias instituciones gubernamentales o mediate el fomento de la iniciativa privada. Hasta los años 40, pasados, el ahorro se invertía en viviendas para su cesión en régimen de arrendamiento, sobre todo en las ciudades, mientras e os pueblos predominaba el régimen de propiedad al que se aspiraba cuando la industrialización de los sesenta provocó importantes movimientos migratorios. Era tal la demanda, que se vendía sobre proyecto o a pie de obra. Satisfecha esta primera necesidad, surgió la dela segunda residencia; el sector de la construcción tradicional se desbordo con la incorporación de otros empresarios que veían en el ladrillo una forma fácil de enriquecimiento hasta que el nivel de oferta superó la demanda de una población que vivía su peor crisis económica.

Asumidas las competencias por las C.C.A.A. el panorama era desolador la política urbanística se basó en subsanar en lo posible los errores pasados, y evitar su reproducción en el futuro mediante una política urbanística basada en la Ley de 1976 que ateniéndose a sus criterios clasificaba el espacio urbano, se excluía de cualquier intervención cualquier espacio en que concurrieran valores aplicando a casa uno de ellos las medidas patrimoniales de conservación y poniendo especial atención en los Suelos Urbanizables, como soporte de los futuros desarrollos

Mucho debatimos entonces acerca de los límites de la discrecionalidad ya que los Planes Generales nacen con vigencia indefinida y en una sociedad cambiante no solo había que tener en cuenta la trayectoria histórica del desarrollo urbano y los proyectos más inmediatos, sino, con criterios objetivos, previsores y prudentes, prever suelo bastante para que a corto o medio plazo pudieran acogerse implantaciones sobrevenidas; a mayor abundamiento, la existencia de una oferta plural generó competencia y, por ende, abaratamiento zonal y parcelario.

Nada es eterno y cambiaron los criterios de los responsables de la época que según sus reiteradas manifestaciones públicas en la CC.VV. no había que poner ni un solo ladrillos más: Lo curioso de esta etapa fue que en franca contradicción con la oratoria se promulgaba la L.R.A.U. La Ley de los socialistas complació tanto a la Derecha que no escatimó esfuerzos en que la Ley de Bases del Estado, en fase de modificación, acogiera a la autonómica, que dejó en manos privadas las potestades públicas, declinó competencias a favor de los Ayuntamientos y se liberó a si misma de los procedimientos reglados para tramitar los expedientes cuy aprobación se retrasó tantos años que dio al traste con los muchos de los proyectos de inversión.

Estas son las consecuencias: La escasez de viviendas y el encarecimiento hasta precios inasequibles de su arrendamiento o compra, un problema de Estado pero cuya competencia corresponde a los Autonomías.

La DANA ha puesto de relevancia el problema de las imprevisiones y mucho me temo, de paso al de la improvisación. La catástrofe natural ha provocado daños reparables que pueden cuantificarse, pero hay otros, materiales que necesitan la sustitución y en los más de cuatro meses transcurridos nos vamos enterando de los miles de millones que se entregan a los Ayuntamientos para recuperar la riqueza perdida pero aún no hemos conocido ningún plan de actuación, ni municipal ni autonómico, que a la vista de las nuevas necesidades haya planificado lo que realmente debe ser la reconstrucción de las zonas dañadas que, no necesariamente, tienen que ser igual ni en el mismo sitio en que estaban antes.

Creo haber leído que el Estado ha remitido a los Ayuntamientos afectaos más de 1.700 millones de Euros; pero todo gasto de las Administraciones esta sometido a un procedimiento legal ineludible que se inicia con la redacción del proyecto, su presupuesto, y la asignación de recursos económicos para ejecutarlo. ¿Conocen alguno? Evitando el exceso de rigor ante situaciones imprevistas debemos entender que los daños se cuantificaron “a ojo de buen cubero” pero ya hay que concretar, porque mucho me temo que al amparo de estas ayudas se lleven a cabo actuaciones paralelas y ajenas a un gasto público extraordinario. Por favor, las cuentas claras.