Los condicionantes tóxicos de Vox

Los sondeos preelectorales los carga el diablo. Fiarse de ellos sin una lectura critica lleva a tomar decisiones equívocas, o tóxicas. Es lo que puede estarle pasando a Vox, cuando las estimaciones de voto les dan una subida espectacular en la Comunitat Valenciana respecto al Partido Popular. Se situarían actualmente en los 22-23 escaños frente a los del PPCV por debajo de los 26-27, estando la actual mayoría en las Corts en el aire. ¿Resultaría ser un espejismo? Seguramente sí. Pudiera ser una percepción errónea del estado de opinión, dado que ese dato no es más que una estimación en el momento actual; sin trasvase de voto entre los dos Bloques (PPCV-Vox y PSPV-Comp.) al considerar la intención directa de voto quien sube son los que no han decidido aún y votaron en 2023 al PPCV. Es la abstención quien sale ganando con la desmovilización del voto popular.

Sabido es que quien detenta el poder, es quien tiene la capacidad de veto. Recuerdo las palabras del primer presidente de las Corts, García Miralles, cuando en los congresos de su partido, el PSPV, a lo que aspiraba era obtener la «capacidad de vetar». Durante años condicionó la política del PSPV, haciéndoselas pasar amargas al entonces presidente de la Generalitat, Juan Lerma. Según sus intereses, vetaba, o no, desde la presidencia de los socialistas valencianos, o desde su influencia por su amistad con Alfonso Guerra. Pero todo se le desmoronó cuando perdió esa «capacidad de veto».

Lo mismo le puede pasar a Vox. Desde julio de 2023 ha condicionado con su minoría relativa las decisiones del Consell, o en la estabilidad de la actual mayoría en las Corts. Con la concurrencia de sus 13 escaños necesarios para conformarla, condicionó cuando le interesó la investidura de la presidencia del Consell desde la Comisión de Acción Política en Bambú, su sede madrileña, ninguneando a su organización en Valencia; puso y depuso cargos en el Consell cuando quiso y en la forma menos exquisita posible, poniendo en aprietos a su aliado, el PPCV; ha condicionado a su interés, iniciativas legislativas, composición de comisiones y propuestas del Consell. Y lo mismo en el Ayuntamiento de Valencia y en la Diputación ¿Quién manda en la Comunitat Valenciana? Es la pregunta pertinente.

¿Está abusando Vox de su espejismo? Las últimas declaraciones de su secretario general, Ignacio Garriga, invitan a responder afirmativamente. Sostiene que no habrá presupuestos de la Generalitat para este año si el PPCV no acepta su política agrícola e inmigratoria, condicionando además el futuro de la presidencia del Consell, su relevo o su permanencia, dado que sus votos son necesarios para aprobar en todos los casos cualquier iniciativa del PPCV en las Corts. El precio es que Génova, la sede madrileña del PP, acepte sus propuestas. Si o si.

Su actual o futura «capacidad de veto» conduce al enfrentamiento entre el Palau y Génova. Mantener la actual presidencia del Consell, o sustituirla por otro diputado del grupo popular, pasa porque Génova acepte unas políticas en inmigración y agrícolas contrarias a las de la Comisión Europea y de la mayoría del Europarlamento. Se trata de políticas propias de Patriotas, la coalición liderada por el prorruso Vicktor Orbán y presidida por Santiago Abascal, lo que situaría, de ser aceptadas, al PP a contracorriente de las políticas del Partido Popular Europeo (PPE). El mismo precio exigido por Vox para aprobar los presupuestos de 2025, los «presupuestos de la Reconstrucción».

Si las declaraciones de Ignacio Garriga constituyen la actual posición de Vox, envalentonado por las estimaciones de voto y su actual «capacidad de veto», se está convirtiendo en un verdadero peligro para la estabilidad de la política valenciana y la reconstrucción de los efectos de la catástrofe del 29-O. Un aliado tóxico para el PPCV, especialmente cuando juega a presionar sin límite, confiando que puede sacar tajada electoral en unas elecciones anticipadas que harían subir el precio de su «capacidad de veto».

¿Qué hacer ante esas amenazas de Vox? A Génova solo le quedan dos vías, o sucumbir a las exigencias de Vox enfrentándose a las políticas del Partido Popular Europeo para mantener la mayoría en las Corts, aprobar los presupuestos de 2025, y afrontar el recambio de la presidencia del Consell al interés de Vox; o no sucumbir, y ver cómo salir de un posible enfrentamiento entre el Palau y Génova, situación buscada por Vox que vetaría cualquier solución. En ambos casos, darle argumentos al PSOE para atacar al PP que pasaría a ser cómplice de las políticas de Trump y Putin en la Unión Europea, o a su falta de liderazgo territorial.

Queda una tercera vía. Afrontar Génova la situación desde otra óptica, manteniendo el PP los actuales compromisos del PPE en la Unión Europea, del que forma parte, vinculo que Vox quiere romper; se trataría de explorar en Bruselas un acercamiento a los socialdemócratas y laboristas europeos, los aliados del PPE en la Comisión Europea, para que presionaran al PSOE y que la «cuestión valenciana» pueda ser resuelta por un acuerdo entre el PSPV y el PPCV. El precio por pagar sería el de la abstención del grupo socialista en las Corts aceptando sus exigencias ya conocidas, precio que seguramente haría entrar en pánico en el Palau, pero aislaría a Vox desmontando su «capacidad de veto». La verdad es que política valenciana anda enrocada y los condicionantes de Vox son tóxicos para su estabilidad.