El PP activa el anticatalanismo ante otra crisis

La máquina del fango también tiene acento. Lo vuelve a tener. No es nuevo. El anticatalanismo político y cultural reaparece con fuerza como munición partidista. Con lo que representa asimismo de fracaso colectivo tras 40 años de autonomía.

Escribo con dos noticias delante. En Godella, donde gobiernan PP y Vox, una concejal ‘popular’ y cargo del Consell destila violencia sobre Vicent Andrés Estellés durante el último pleno. Lo llama «poeta del odio, de la ordinariez y del catalanismo». Justifica la retirada de un panel sobre sus versos y se jacta de su destrucción: «Los hemos machacado y los hemos utilizado para rellenar los socavones del pueblo». Estellés, poeta reconocido fuera de las fronteras, es el autor al que la Generalitat, por decisión de PP y Vox, le negó en 2024 la celebración de su centenario.

El mismo día trasciende que el equipo de gobierno de Massamagrell, también en l’Horta Nord, formado por PP, Vox y un partido local, ha decidido quitar el nombre de Joan Fuster al centro cultural. No tiene vinculación con el municipio, argumentan. También hay una calle Cervantes, que se desconoce si pasó por Massamagrell. ¿Alguien se imagina retirando el nombre a la vía? ¿Alguien imagina a cualquier pueblo de España quitando honores al creador del Quijote? En el nomenclátor valenciano se respeta a Blasco Ibáñez, por muy republicano y anticlerical que fue, pero no a Fuster o Estellés. Cuestión de lengua, habrá que colegir, más que de ideología.

No consta hasta el momento una declaración de los responsables de Educación y Cultura de la Generalitat o de los mandos del PP crítica con las decisiones y los pronunciamientos en los dos municipios citados.

Todo sucede el mismo día que el pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), creada en tiempos de Eduardo Zaplana (PP), censura el recorte presupuestario aplicado este año por la Generalitat de casi un millón de euros (un 25 %), con una reducción de la partida de personal que hace inviable sostener a la plantilla actual. No ha pasado lo mismo con otras instituciones recogidas en el Estatut d’Autonomia. La AVL denuncia que la medida «es una decisión política en contra del uso y la normalización del valenciano».

Dos días antes, en la última sesión de control al Consell en Corts, el president de la Generalitat responde a las duras críticas de Compromís sobre su gestión de la dana con la acusación de que son «la minoría catalanista de la Comunitat Valenciana». Y presenta al bloque de la derecha y la ultraderecha, tras el nuevo pacto para los presupuestos, como el que hace frente a «la izquierda catalanista y sectaria». Uno de los puntos cardinales de ese acuerdo, en base a las exigencias del partido ultra, es la reducción de las ayudas al valenciano y a la AVL.

Y todo sucede pocos días después de la consulta sobre la lengua base en la educación. El Consell ha defendido que era una forma de promover la libertad de los padres de decidir sobre la formación de sus hijos y no una vía para reducir el valenciano en las aulas, aunque sea la realidad final con el nuevo modelo aplicado. Los últimos acontecimientos en torno a la lengua y la cultura valencianas amplifican esa interpretación y cuestionan el argumentario enarbolado en todo este proceso.

¿Producto del azar?

¿Todo es una sucesión de hechos producto del azar? Es evidente que está la contingencia política de la necesidad de contentar a Vox para pactar, pero resurge también la evidencia de que la lengua y el anticatalanismo forman un espacio de confluencia cómodo entre las derechas. Vuelven a aparecer como elementos aglutinadores de la derecha sociológica valenciana. Y vuelven a resurgir como mecanismos de defensa en tiempos de crisis, como ahora tras la riada, frente a una izquierda a la que queda restringida algo así como la cultura oficial en valenciano.

Es una experiencia que se ensayó con éxito en la Transición a la democracia, cuando la llamada ‘batalla de Valencia’ entre ‘catalanistas’ y ‘blaveros’ frenó la posibilidad de un nacionalismo de espectro amplio y contuvo las demandas de autogobierno, y ha reaparecido en otros momentos de la historia política reciente. En 2014, en plena etapa de recortes y de problemas para el PP por la corrupción (perdería la Generalitat un año después), el Gobierno de Alberto Fabra llegó a amenazar con cerrar la Acadèmia por la definición de ‘valenciano’ recogida en el ‘Diccionari Normatiu’, que reconoce que es la misma lengua que se habla en Cataluña, como la lingüística dice y como la AVL ha señalado en sus pronunciamientos desde 2005. Incluso la presentación del ‘Diccionari’ tuvo que ser aplazada.

En 2015, ese Ejecutivo aprobó a días de elecciones una ley de Señas de Identidad que la izquierda derogó al poco de llegar y cuya reinstauración formaba parte del pacto de gobierno de Mazón con Vox con el objetivo de «defender los símbolos» y «prohibir las subvenciones al catalanismo». De nuevo, la necesidad de la ultraderecha vuelve a atizar un debate que no parece que incendia las calles.

Todo sucede también mientras una parte del PP intenta representar una mirada valencianista. El rostro visible es el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Se ha destacado por su defensa de la lengua propia sin entrar en debates identitarios y se ha llevado alguna crítica pública por hablar en valenciano en actos del PP. Ahora su socio necesario (Ens Uneix, el partido que lidera el exsocialista Jorge Rodríguez), aunque también necesita a Vox, pretende que la diputación compense los recortes de la Generalitat a la AVL y al fomento del valenciano. La iniciativa posiblemente salga adelante con o sin el apoyo del PP, pero será interesante la posición de Mompó por si es representativa de una posición diferente en el centroderecha.

De momento, tras 40 años de autonomía, los hechos de la semana última señalan, sobre todo, el fracaso colectivo y social de un territorio a la hora de sostener una cultura común y unos referentes identitarios. Es así porque el enfrentamiento político en torno a esos valores sigue siendo un activo.

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