Aranceles contra la Comunitat Valenciana

La economía valenciana sufrió el pasado 29 de octubre un duro golpe con la gran riada. El Consejo General de Economistas fue el primero en calcular una cifra sobre la factura de la dana a finales de noviembre: 16.600 millones de euros en daños, el 1,3% del PIB de España. Unas estimaciones que, según la actualización de las distintas administraciones, señalan un impacto sobre nuestro motor económico de más de 22.000 millones de euros, con un colapso sobre el 9% de las empresas de la provincia de Valencia y 92.000 trabajadores afectados, el 8% del empleo. La catástrofe provocó, además de más de 200 muertos, miles de damnificados e infraestructuras destrozadas, una profunda siniestralidad sobre el sector agrícola, industrial, logístico y comercial.

La guerra decretada por la política arancelaria de Donald Trump llega a la Comunitat Valenciana en pleno proceso de recuperación y provoca intranquilidad, como indica Salvador Navarro, presidente de la CEV. Una inquietud a la que se han sumado las Cámaras de la Comunitat Valenciana, AVA-Asaja, la Unió de Llauradors y los dos sindicatos mayoritarios. El impacto negativo de los aranceles de Trump sobre la economía valenciana, de histórica vocación exportadora, está asegurado y más pronto que tarde perjudicará a los consumidores. Las primeras llamadas a la unidad y colaboración entre las regiones europeas realizadas por el president de la Generalitat y el presidente del Gobierno para hacer frente al nuevo escenario han sido inmediatas y en el mismo sentido, conocedores ambos de los pronósticos nada halagüeños realizados por los expertos de Bruselas. Ese actual consenso básico entre el Consell y el ejecutivo central, que la sociedad valenciana ha echado en falta para hacer frente a la reconstrucción tras el 29-O, se vuelve ahora imprescindible ante la incertidumbre comercial, tanto para la mejoría económica de las zonas afectadas por la riada como para nuestro potente sector exportador.

La agresiva política comercial proteccionista lanzada por el presidente de Estados Unidos, que tanto preocupa al sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, presenta una derivada política que complica la estabilidad del Consell decretada tras el acuerdo presupuestario entre el PPCV y Vox, que obliga a Carlos Mazón a realizar nuevos equilibrios con sus aliados parlamentarios, que, a su vez, son los portavoces de Trump en España. La subida arancelaria al 20% para los productos que lleguen de la Unión Europea amenaza con lastrar nuestras exportaciones por valor de unos 2.850 millones de euros. Un golpe considerable que irá más allá del ámbito comercial, frente al cual los sectores económicos de la autonomía han comenzado a mover ficha para buscar alternativas en nuevos mercados.

La lista de actividades económicas afectadas por la decisión del mandatario estadounidense es extensa. Pone en riesgo a sectores industriales que fabrican aparatos y material eléctrico; a los productos cerámicos; máquinas y aparatos mecánicos; biodiésel e insecticidas; y al calzado. Un balance con un importante impacto para el sector agrario, cuyos productos más afectados son los vinos, el aceite de oliva, las hortalizas frescas y en conserva, así como los quesos y las carnes.

A la espera de concretar la respuesta de Bruselas después de las primeras declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es evidente que los gravámenes estadounidenses tendrán efectos de desaceleración en todas las economías, aumentarán la inflación, retrasarán las bajadas de tipos de interés y provocarán la revisión de muchos proyectos de inversión, un escenario que perjudicará más en la Comunitat Valenciana tras la catástrofe de octubre. La Unión Europea ya mira a China, India y Mercosur como mercados alternativos a Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades donde la potencia exportadora de todos los sectores económicos valencianos debe ser prioritaria, con las ayudas anunciadas por la Generalitat, Gobierno y UE.

Frente a otro escenario negativo, la Comunitat Valenciana, sus instituciones, gobernantes, empresarios, agricultores, autónomos y trabajadores deben dar su mejor versión, que será difícil sin declarar una inmediata tregua a la irresponsable polarización a la que la ciudadanía asiste perpleja ante el doble reto de la reconstrucción económica y emocional de la dana, al que se añade actualmente la incertidumbre financiera global.