La investigación judicial de la imprevisión técnica e institucional del 29-O

Casi a los seis meses de la gran riada del 29 de octubre ha comenzado la declaración de cargos políticos ante la jueza Nuria Ruiz, a la que hay que reconocer una instrucción con la sensibilidad y el empuje que merece un caso del que están pendientes las familias de 228 víctimas mortales, para las que la forma como se conduzca la causa supone también un modo de reparación. Quizá la primera que han sentido hasta ahora, a tenor de las palabras de algunas de ellas al salir del juzgado.

Las explicaciones de los principales miembros del Consell investigados, la exconsellera Salomé Pradas que era la titular de Emergencias en la Comunitat Valenciana el día de la dana y su número dos, Emilio Argüeso, han empezado por traspasar toda responsabilidad en lo sucedido, pese al descrédito personal de la exconsellera Pradas que reconoció que no sabía nada de emergencias, aunque aceptó el cargo cuando el president, Carlos Mazón, se lo propuso tres meses antes. La posterior testificación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, señalando que en el Cecopi no se habló del barranco del Poyo hasta que ella misma dio la alerta tras una llamada de la alcaldesa de Paiporta, sobre las 19.00 horas, ponen en entredicho la eficacia de los actuales sistemas de comunicación con agencias asesoras como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El inicio de las declaraciones en la Ciudad de la Justicia de Pradas, Argüeso y Bernabé no han hecho más que realimentar la guerra de relatos que enfrentan al Consell y al Gobierno desde el día después de la tragedia, cuando aún falta por declarar un testigo clave, el presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, Vicent Mompó, el próximo 29 de abril, justo cuando se cumplen seis meses de la riada, y que deberá aclarar si él y Pradas hablaron con Mazón sobre el envío del EsAlert, algo que desliza el Gobierno pero que niega el Consell.

Salomé Pradas ante la jueza: "Hubo 19.821 llamadas al 112, que llegó a colapsar, pero no tuve conocimiento directo"

El registro de las llamadas telefónicas aportado por Pradas a la jueza, que muestra que Mazón no le respondió en varios momentos decisivos del 29-O, la confirmación del borrado de las cámaras del Palau de la Generalitat, que podrían esclarecer el paradero del jefe del Consell esa tarde, y el nuevo auto de la jueza en el que insiste en la responsabilidad autonómica, deja de nuevo en una situación complicada al president, replegado en el perfil bajo que le impuso la dirección nacional del PP.

La instrucción judicial, además, sitúa otra vez a la rambla del Poyo en uno de los principales focos de atención. En el informe remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica a la jueza de Catarroja, la CHJ explica que el sensor situado en Riba-roja solo controlaba la mitad de los caudales de toda una cuenca formada por multitud de barrancos que nacen en la sierra de Chiva, en la de Perenchiza y en los montes de Turís y Godelleta. Cabeceras todas ellas donde aquel fatídico último martes de octubre se dieron registros pluviométricos históricos. Una negligencia que deberá esclarecer la investigación, pero que deja en evidencia al todavía inconcebible silencio del máximo responsable de la Confederación, Miguel Polo.

Las primeras declaraciones ante la magistrada sugieren que las ausencias y la tardanza en la toma de decisiones el 29-O no solo atienden a una táctica procedimental de los implicados, sino que confirman el relato de una tragedia que sucedió sin la necesaria previsión, sin un órgano de coordinación convocado con tiempo suficiente para reaccionar, con cargos políticos noqueados y sin que ningún superior jerárquico pusiera orden, porque en la jefatura del Consell el día se consideró normal, a pesar de los avisos meteorológicos que sí escucharon otras instituciones e incluso el mismo president mantuvo su agenda ordinaria.

Emergencias no activó ninguno de los seis helicópteros de bomberos forestales durante la dana

Lo que documentos, datos, testimonios de víctimas y las primeras declaraciones de los cargos políticos ante la justicia reflejan sobre la jornada fatídica es una imprudencia técnica e institucional. Los responsables políticos de las emergencias no estaban preparados para una catástrofe, y mucho menos de la magnitud del 29 de octubre. En Presidencia de la Generalitat estaban convencidos de que los avisos no comportarían un riesgo real. La intercomunicación del mando de la emergencia con la sociedad a través del servicio telefónico 112 falló al ser insuficiente el equipo dispuesto. Los técnicos principales, que sí alertaron de la preocupante situación, no llevaban tampoco una preparación de días para lo que podía venir y el conocimiento profesional de la mayoría de estos mandos estaba mucho más orientado hacia los incendios forestales que no a las lluvias torrenciales y las grandes avenidas de agua.  

Las responsabilidades ante la ley, que ahora han empezado a dirimirse, serán las que los tribunales dictaminen. Al margen de eso, y recordando, como ha señalado la jueza, que lo que se analiza son las actuaciones para frenar los efectos de la dana el 29 de octubre de 2024 y no la respuesta de ayuda posterior, conviene subrayar, como este diario ha remarcado en distintos editoriales, que existen también responsabilidades políticas que han de afrontarse.