El mal gobierno del Consell que no comprendió los riesgos vitales de la dana

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (https://www.ohchr.org/es/good-governance/about-good-governance) ha definido la buena gobernanza como: transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación ciudadana y capacidad de respuesta a las necesidades de la población La pregunta fundamental ante la alerta de DANA del 29 de octubre 2025 es: ¿garantizaron eficazmente las instituciones y gobernantes de la Generalitat Valenciana los derechos ciudadanos a la seguridad personal y a la vida?

La respuesta es negativa: nuestros gobernantes autonómicos no comprendieron el significado de los peligros vitales de una alerta roja, no coordinaron los recursos humanos ni materiales propios, que en parte desconocían (ES-Alert) y no informaron a la población en tiempo y forma para que tomara medidas de seguridad. No se puede prevenir ni gestionar lo que no se cree y no se comprende, lo cual pone de manifiesto una incapacidad para ejercer el mando, el gobierno de la ciudadanía valenciana.

La ley 13/2010 (modificada en 31/12/2020) de Emergencias de la Comunidad Valenciana establece unas normas que recuerdan un algoritmo. Partiendo de la transferencia estatal de gestión de la protección civil y emergencias con carácter exclusivo a la Generalitat Valenciana, el algoritmo establece que “el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana” (Art 10), que la protección civil incumbe a todas las consejerías de la Generalitat (art 11), pero la consejería que incluye Protección civil y Emergencias es la que ejerce el Mando Único de la emergencia(Art 12), con unas funciones claras, entre otras, de gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), de coordinar y dirigir los planes de protección civil de otras administraciones, de mantener informada a la población durante toda la emergencia, de determinar las actuaciones a ejecutar por los recursos humanos y materiales asignados a cada situación, y convocar al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integral) cuando sea conveniente.

Éste es un algoritmo genérico, para cualquier tipo de catástrofe, que establece unas actuaciones mínimas para enfrentar la emergencia. Pero es evidente que las legislaciones, los planes de protección civil y los reglamentos de cada organización no pueden recoger la variabilidad de situaciones que pueden derivarse de las emergencias. Por eso, cada emergencia hay que interpretarla como una realidad contingente, de riesgos posibles variables, de situaciones cambiantes cuya evolución concreta hay que vigilar. Porque, aunque hablemos de inundaciones, cada emergencia hidrológica puede tener riesgos y consecuencias variables.

Por tanto, en la aplicación del algoritmo a cada realidad, por ejemplo, a la alerta de dana del 29 de octubre pasado, el Mando único, conocida la alerta roja emitida por Aemet desde días antes, y el mismo día 29 a las 7,30 h, debería haber alertado a los miembros del CCE, del Cecopi y a la población, para estar atentos a la evolución específica de las lluvias.

Por otra parte, era natural, y preceptivo en una cadena de mando, que, ante decisiones de gran impacto social, el Mando Único (Consellera Pradas) comunicara a su superior jerárquico (Presidente Mazón) la situación y las propuestas inmediatas que se debían poner en marcha. Las propuestas a presentar ante una catástrofe incluyen a muchas consejerías, comandadas todas por Mazón.

Desconocemos por qué la Consejería de Educación no suspendió las clases el día anterior, por qué Trabajo no autorizó la no asistencia al puesto de trabajo, por qué Transporte no recomendó primero, o prohibió en su momento, la circulación rodada o por tren (hubo conductores arrastrados por el agua), por qué Protección civil y Emergencias no activó los helicópteros disponibles, etc, y sobre todo por qué el Mando Único de emergencias no ordenó lanzar alertas generales informativas con recomendaciones preventivas adecuadas a cada momento.

Está claro que, en la situación concreta del 29 de octubre pasado, la Consellera Pradas, de forma responsable y siguiendo el algoritmo, debería haber publicado una alerta poblacional preventiva, como mínimo después del aviso de Aemet a las 7,30 confirmando lluvias intensas, i debió haber alertado al CCE y a los equipos del Cecopi para estar disponibles en cualquier momento.

La Conselleria responsable de Emergencias debió dar órdenes claras para vigilar minuto a minuto la presentación y evolución de la dana, para valorar en cada momento la movilización de recursos y la información continua a los municipios y a la población general. Y quien sabe mandar vigila periódicamente si las órdenes han sido entendidas, si han sido cumplidas, o si hay que modificarlas.

Lamentablemente, da la impresión de que las alertas de AEMET son consideradas “ocurrencias” por el President Mazón, por los miembros del Consell, incluida la Consellera Pradas, por algunos responsables del 1 1 2, y otros negacionistas climáticos, para los cuales sólo la alerta de rotura del embalse de Forata les movilizaba. Como no creen en el lobo, el lobo llegó esta vez y se llevó a 228 personas. Como no comprenden ni los mapas de riesgo que manejan (la situación de viviendas, granjas, industrias, etc, en zonas inundables), ni el cambio climático en curso, no pueden prevenir los daños humanos y materiales de una catástrofe como la que nos ocupa.

En cuanto a responsabilidades, la ausencia del Presidente Mazón del puesto de mando, ante una alerta roja de Aemet de la misma mañana del 29O (menor probabilidad de error de predicción meteorológica), la falta de previsión y dedicación de muchas Consejerías, y la absoluta falta de preparación de la consejera Pradas, les sitúan ante la ciudadanía y ante la ley como un gobierno negligente e incapaz.

Aunque la Consellera Pradas tuviera dificultades para contactar con Mazón, no la exime de la responsabilidad, como Mando Único de la emergencia, de haber lanzado la alarma (o alarmas) más pronto que tarde, como fue el caso, porque un mando es responsable sobre el terreno de tomar las decisiones preventivas que crea oportunas, máxime si está incomunicado (Mazón en paradero desconocido).

Por último, las ciudadanas y ciudadanos valencianos no debemos tolerar estas conductas, porque nosotros podíamos haber sido una de las 228 personas que murieron por la irresponsabilidad y mal gobierno del Consell valenciano.