Infancia migrante: cuestión de derechos, no de números

Llegó por fin la decisión estatal con la que atender una realidad compleja, la del acogimiento de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que llegan a España sin referente familiar adulto. Una realidad nada novedosa -llevamos décadas- pero agudizada en los últimos años a la que se ha ido dando respuestas de manera precaria a través de acuerdos en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La actual contingencia migratoria extraordinaria que acusan algunas comunidades autónomas de este grupo poblacional en situación de vulnerabilidad requería sin más dilaciones de un mayor compromiso político, un marco de actuación estable. Por eso el decreto-ley y con él, lo previsible, el escándalo de la oposición (PP y Vox) revestido de las mismas lógicas de confrontación y ruido de siempre, blandiendo discursos políticos que confunden y desinforman, que generan odio y discriminación contra una infancia medida en números.

Un país democrático es aquel en que se reconocen y garantizan los derechos de todas las personas que se encuentran en él, también o especialmente los de la infancia migrante. Los derechos de la población infanto-juvenil están especificados en numerosas normas que vinculan a todos los poderes públicos, cualquiera que sea su ámbito de actuación. Asumir competencias autonómicas en materia de infancia y de protección social, implica estar a la altura, ser responsable, actuar en consecuencia. No sé si la Generalitat Valenciana es consciente de lo que esto significa, a la luz de los últimos acontecimientos de la dana que nos marcaron y nos unieron como pueblo más que nunca en el dolor, la reconstrucción y en la exigencia de responsabilidades por su inacción. La distribución competencial no es un escudo o un caparazón para refugiarse. En temas como el que se aborda decir no al reparto que el Real Decreto mandata, es renunciar al deber, al diálogo, a la coordinación entre administraciones para salvaguardar el interés superior de estos niños.

Las decisiones de traslado entre territorios no son ni deben ser cuestión de números, requieren informes motivados basados en la evaluación y determinación previa del interés superior de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Hablamos de un proceso necesario, imperativo, que debe efectuarse con todas las garantías, incluida la de su propia participación; deben ser escuchados y su opinión tomada en consideración en la decisión que sobre su situación se adopte. A tal efecto se arbitrarán los ajustes necesarios (traductores, mediadores interculturales, etc.) por parte de la Administración pública. Los resultados de este proceso determinarán el perfil (víctimas de trata o de violencia, salud física o mental, refugio, etc.) y las necesidades concretas de esta infancia y adolescencia migrante a tener en cuenta a la hora de identificar y asignar los recursos más adecuados y/o especializados y las comunidades autónomas de acogida con mayores garantías para que sus derechos sean salvaguardados.

Otras cuestiones no menos importantes parecen estar ausentes del debate público, por ejemplo al dar por hecho que el lugar de acogida deba ser una institución y no una familia, y que los fondos irán destinados a la generación de nuevas plazas residenciales. Poco se trabaja desde las administraciones públicas, especialmente desde las autonómicas que son las competentes, en generar medidas desinstitucionalizadoras, en reforzar los acogimientos familiares -un recurso debilitado- para que alcancen a esta infancia migrante, que siempre es la gran damnificada. Las bondades del acogimiento familiar son elocuentes, suelen ofrecer mayor estabilidad a futuro, especialmente cuando llega el temido día para esta juventud de la mayoría de edad, y emerge el otro déficit, el de escasez de programas de emancipación.

Nuestro sistema de protección de la infancia puede aprovechar esta coyuntura que lo somete a presión, que tiene visos de ser estructural, para reforzarse, regenerarse, y dar respuestas a los retos de un mundo globalizado y diverso con la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia, sin discriminación, por bandera.