Doble ataque al Estatuto de Autonomía

Los días 28 y 29 de mayo las Corts Valencianes debatirán en sesión plenaria sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat del año 2025. Si los proyectos salen adelante, es decir, si los 13 diputados y diputadas de Vox (del total de 99 que componen les Corts) votan a favor del proyecto presentado por el Consell, el pueblo valenciano asistirá a un doble ataque al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana por parte de su gobierno.

Una de las primeras cosas que enseñamos en la universidad al alumnado de Derecho es el principio de legalidad, según el cual los poderes públicos están sometidos, como la ciudadanía, al Derecho. Frente al poder irracional, total y despótico del monarca absolutista, el Estado de Derecho del constitucionalismo liberal consiguió que los poderes públicos también estuvieran obligados por las normas jurídicas y no pudieran dictar normas (como una ley de presupuestos) contrarias a otras normas de rango superior (como un Estatuto de Autonomía).

El proyecto de ley de presupuestos aprobado en marzo por el Consell reduce en un 25 % el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), pasando de cuatro a tres millones de euros. Por si no fuera suficiente recorte, el grupo parlamentario Vox Comunidad Valenciana, que sirve de apoyo parlamentario al gobierno del Partido Popular, ha registrado dos enmiendas que plantean una reducción de 400.000 euros en el capítulo 1 del presupuesto, destinado a gastos de personal.

La enmienda 4630 prevé la concesión de una subvención de 200.000 euros para la rehabilitación de la sede de Lo Rat Penat, asociación anticatalanista que defiende una normativa lingüística (les Normes del Puig) contraria a la de la AVL (basadas en les Normes de Castelló) y no reconocida científicamente por ninguna universidad. Por su parte, mediante la enmienda 4633 se pretende conceder 480.000 euros —de los cuales 200.000 proceden de este capítulo 1— a cuatro ayuntamientos valencianos para la “realización de jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana”. La AVL ya ha advertido que esta reducción presupuestaria haría inviable el pago del personal al servicio de esta institución.

De aprobarse estas enmiendas, la ley de presupuestos del 2025 incurriría en varias infracciones del ordenamiento jurídico. En primer lugar, no puede existir ningún puesto de trabajo (funcionarial o laboral) que no esté dotado presupuestariamente, debiendo los presupuestos reflejar los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo (art. 47.2 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana). En segundo lugar, la Administración no puede vulnerar un derecho básico de los empleados públicos: el de percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio (art. 14.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público). En tercer lugar, si la AVL no paga las cuotas correspondientes de sus trabajadores a la Seguridad Social, incurriría en un delito tipificado en el art. 307 del Código Penal.

Pero, más allá de estas infracciones legales, el vaciamiento presupuestario de la AVL atenta contra la propia existencia de una institución de carácter público de la Generalitat Valenciana recogida en el art. 20.3 de nuestro Estatuto de Autonomía. Como es evidente, el objetivo de las enmiendas de Vox, pero también de la reducción presupuestaria decidida por el Consell, no es otro que impedir que la Acadèmia realice las funciones que su ley de creación —aprobada, por cierto, durante la presidencia de Eduardo Zaplana— le atribuyó, como son la de determinar la normativa oficial del valenciano y velar por su uso normal.

El ahogo económico de la AVL supone la desaparición de esta institución por la vía de los hechos, pues ningún ente puede cumplir las funciones que tiene legalmente asignadas si no dispone del presupuesto suficiente para ello. De aceptar las enmiendas de Vox, el Consell estaría incurriendo en un fraude de ley, al conseguir vía presupuesto4s lo que requiere una reforma del Estatuto de Autonomía, es decir, aprobación por dos terceras partes de los miembros de les Corts, mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y ratificación en referéndum.

Nuestro Estatuto de Autonomía, la norma institucional básica de la comunidad autónoma, obliga en su artículo 6 a la Generalitat a garantizar el “uso normal y oficial” del valenciano y el castellano, lenguas oficiales de la Comunitat, y a adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. El uso del valenciano y el castellano no sólo debe ser “oficial” (es decir, amparado en el derecho lingüístico a utilizar la lengua en todos los ámbitos, sobre todo los públicos), sino también “normal”, y es este elemento de normalidad el que obliga a los poderes públicos a promover el uso de aquellas lenguas que, por razones históricas o sociales, no tienen garantizado un uso “normal”, esto es, posible en todas las situaciones de la vida. Valenciano y castellano son de uso “oficial” en la Comunitat Valenciana, pero sólo el castellano tiene garantizado un uso “normal” en todos los ámbitos (empresarial, sanitario, comercial, social, educativo, etc.). Es por ello que la propia oficialidad de la lengua requiere de la promoción de aquella lengua, el valenciano, que no tiene garantizado un uso extendido en la vida social.

Como corresponde a un gobierno plenamente alineado con el neoliberalismo hegemónico, el Consell entiende la cooficialidad a partir de un concepto de libertad basado en la igualdad formal, como si fuera posible estudiar, trabajar y vivir en valenciano como lo es en castellano, dependiendo la decisión únicamente de la voluntad del sujeto (de su “libertad”). Hace ya tiempo que superamos ese debate en favor de una igualdad material que permite a todas las valencianas y los valencianos emplear ambas lenguas, pero que obliga a otorgar una “especial protección y respeto a la recuperación del valenciano”, como dice nuestro Estatuto. Objetivo que, desde luego, no se alcanza con la mal llamada ley de libertad educativa, con el aumento de la programación en castellano en la televisión pública valenciana y, ahora, con el ahogo económico de la AVL.

Pero el ataque al Estatuto de Autonomía tiene, además, otro frente en este caso: la eliminación mediante vaciamiento de contenido de una institución del autogobierno valenciano. Insistimos: la AVL no es una asociación, una fundación o una oenegé. Es una institución que forma parte de la Generalitat Valenciana, es decir, del conjunto de instituciones de autogobierno de nuestra comunidad, cuya normativa lingüística es de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana (art. 41 del Estatuto).

Sabemos que ser valenciano no es fácil: no tenemos una identidad homogénea común a todo el territorio, el valenciano y el castellano conviven a duras penas, somos la comunidad peor financiada de España, nuestras vías de comunicación son muy mejorables, las tres capitales provinciales son incapaces de dialogar… Dejemos de ahondar en nuestras diferencias y de perseguir el enfrentamiento y tratemos de buscar argumentos por construir un proyecto de convivencia común capaz de ilusionar. Partamos de nuestra norma jurídica básica, el Estatuto de Autonomía, que con mayor o menor fortuna ha conseguido crear y consolidar un sistema de autogobierno que nos ha dotado de la mayor autonomía de la historia del pueblo valenciano.