Medidas antiblanqueo de capitales: la UE por delante de EE UU

La decisión de la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos, FinCEN, del pasado 26 de marzo que elimina la exigencia para empresas y personas estadounidenses de presentación de la declaración de la titularidad real establecida por la Ley de Transparencia Corporativa, aprobada por el Congreso de los EE UU en enero de 2021, limita seriamente la eficacia de las medidas contra la corrupción y la prevención del blanqueo de capitales y representa un claro retroceso en la aplicación de Ley Antiblanqueo aprobada en 2020.

Esta decisión estuvo precedida por el anuncio del Departamento del Tesoro del 2 de marzo de que ya no sería obligatorio el cumplimiento de la obligación de revelación de la identidad de los verdaderos propietarios de las personas jurídicas.

Esta obligación de revelación de la identidad de los titulares reales de las sociedades, que figura profusamente desde la primera publicación de las “40 Recomendaciones” del Grupo de Acción Financiera Internacional, la organización intergubernamental creada por la OCDE en 1989 para establecer estándares internacionales para combatir el blanqueo de capitales, así como la recomendación a los países de disponer de un registro central de titularidades reales, tienen la finalidad de reducir el riesgo de blanqueo mediante la creación de empresas fantasma que no tienen presencia física ni operaciones comerciales activas, e impiden el seguimiento de los fondos en las diferentes fases del proceso de blanqueo de capitales de origen delictivo.

Por ello, la reciente decisión de FinCEN, si bien mantiene la obligación de declaración de su titular real al registro para las empresas extranjeras, es un claro retroceso en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal de drogas y el blanqueo porque deja en manos de las mafias un hueco en la normativa que utilizarán para el diseño de sus operaciones de blanqueo. También perjudica al sistema global de prevención entendido como la suma de los diferentes sistemas nacionales, ya que un sistema de prevención conjunto es tan fuerte como lo es el más débil de sus componentes.

Al mismo tiempo, en este lado del Atlántico, los trabajos de aplicación del paquete legislativo relativo a prevención del blanqueo siguen a buen ritmo. Así, el pasado diciembre el Parlamento Europeo designó a Bruna Szego primera presidenta de la nueva Autoridad Antiblanqueo de la Unión Europea y el 20 de marzo eligió los 5 miembros permanentes de su Comité Ejecutivo.

También sigue su curso la adopción a través de actos delegados de ejecución, de las normas de desarrollo de la 6ª Directiva y de su Reglamento, que, junto al relativo a la nueva autoridad europea de prevención, forman el paquete de normas aprobadas por el Parlamento y el Consejo Europeo el pasado 31 de mayo de 2024. Entre los actos de ejecución a adoptar interesa señalar aquí el relativo al formato de la información sobre titularidad real que las personas jurídicas deberán rendir al registro central del Estado miembro, que deberá estar listo el 10 de julio de este año y al año siguiente deberán estarlo las reglas relativas al acceso a esos registros.

Este proceso de profunda reforma de la prevención del blanqueo de capitales en la UE se inició en 2019 con el informe encargado por la Comisión ante la proliferación de casos de gran repercusión relacionados con la participación de bancos europeos en actividades de blanqueo a gran escala, que pusieron de relieve la estrecha relación existente entre la lucha contra el blanqueo de capitales y la estabilidad financiera y que plantearon serias dudas sobre la eficacia de los acuerdos de cooperación existentes entre las distintas autoridades competentes y sobre si la información importante disponible para los supervisores de la lucha contra el blanqueo de capitales se comparte siempre de forma oportuna. El informe, que se denominó post mortem, analizó 10 de esos casos de blanqueo a gran escala desarrollados a lo largo de varios años, entre ellos el de Danske Bank (200.000 millones estimados de blanqueo), Deutsche Bank (10.000 millones), ING (multa de 750 millones por blanqueo), Société Générale, Pilatus Bank (cierre por blanqueo) … y concluyó que se había observado un incumplimiento generalizado de la normativa legal relativa a PBCFT, graves carencias de la supervisión, en los casos que existió, tanto en lo relativo al conocimiento de los hechos como en la aplicación de las medidas correctoras necesarias en los pocos casos en los que se conocieron.

Cabe recordar ahora que Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del mecanismo único de supervisión del Banco Central Europeo declaró en 2018, con motivo del cierre de Pilatus Bank que “es muy vergonzoso depender de Estados Unidos para la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto tiene que cambiar… Necesitamos una institución europea que implemente de forma exhaustiva, profunda y coherente esta legislación contra el blanqueo de capitales en la eurozona”. En efecto, en la mayor parte de los casos analizados las alertas respecto a lo que venía ocurriendo no procedieron de los respectivos sistemas de prevención sino de la unidad de inteligencia estadounidense, el FinCEN.

Esperemos que la administración estadounidense revierta esta decisión que, como han señalado numerosos observadores, “El hecho de que Estados Unidos deje de liderar los esfuerzos para descubrir estas oscuras redes financieras es un error innecesario que enriquece y empodera a sus peores enemigos”.