La Albufera tiene su pacto, ¿y el bosque valenciano?

El Pacto por la Albufera demuestra lo que el pueblo valenciano logra al unir fuerzas. Tras la DANA, administraciones, agricultores, científicos y sociedad civil firmaron un acuerdo histórico: 24,3 hectómetros anuales garantizados, 20 millones de euros para su recuperación, batimetría y un gemelo digital para monitorizar el lago. Es un modelo de gobernanza colaborativa donde el consenso político trasciende siglas para proteger un patrimonio común. Vaya por delante mi satisfacción y enhorabuena, más aún como residente en este parque natural.

Sin embargo, este éxito revela una paradoja: ¿por qué no aplicar la misma ambición y recursos al 98,5% restante del territorio natural? Mientras las 21.000 hectáreas de la Albufera reciben inversiones, 1,3 millones de hectáreas del bosque valenciano esperan atención urgente. El tiempo se acaba.

La dura lección de las perturbaciones naturales

No hablamos de hipótesis, sino de un patrón consolidado. Los grandes incendios ya no respetan estaciones ni fronteras. La Comunitat Valenciana reúne todos los factores de riesgo: combustible acumulado en forma de biomasa muerta y seca, no solo en el interior, sino también en las primeras estribaciones cercanas a la costa

A ello se suma una interfaz urbano-forestal abandonada: urbanizaciones rodeadas de biomasa inflamable donde la población se multiplica en verano, aumentando el riesgo de pérdidas económicas y humanas, como advirtió el incendio de Andilla en 2012. La emergencia climática agrava la situación con olas de calor más largas, suelos más áridos y vientos impredecibles que intensifican el fuego. El incendio de Bejís del 2022 demostró que ni los mejores medios de extinción pueden controlar un fuego de alta intensidad en montes sin gestión preventiva. Si regiones como California o Australia, con más recursos, sufren incendios devastadores cada año, ¿qué podemos esperar aquí con prevención tan limitada? La respuesta es dura: tragedias anunciadas, evacuaciones masivas, recursos de extinción desbordados. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y con qué coste humano.

Solidaridad interterritorial

El éxito del consenso en la Albufera prueba que existen alternativas eficaces, pero también evidencia desigualdades en la distribución de recursos. Mientras el lago dispone de 20 millones de euros para su recuperación, la gestión forestal preventiva de toda la Comunitat apenas cuenta con fondos residuales. ¿Por qué no promover un Pacto por los Bosques con la misma voluntad política y recursos? Hace más de 10 años que la Plataforma Forestal Valenciana lo reclama. Mientras se financian estudios sofisticados para la Albufera, cientos de municipios del interior carecen de medios para ejecutar planes de gestión forestal y prevención.

Al priorizar la Albufera, corremos el riesgo de dejar de lado comarcas como el Rincón de Ademuz, Alto Mijares o Els Ports, que llevan décadas viendo cómo sus montes abandonados se convierten en un riesgo más que en una oportunidad, mientras su juventud se ve obligada a emigrar. Estamos ante una cuestión de solidaridad interterritorial: no puede haber valencianos de primera y segunda. No podemos aspirar a un desarrollo equilibrado cuidando solo la costa mientras el interior queda marginado. Este territorio es nuestro pulmón verde, almacén de agua y primera línea de defensa ante incendios e inundaciones. Abandonarlo, o conformarnos con un ambientalismo de escaparate o green washing, supondrá un coste colectivo que pagaremos todos.

Un plan de choque forestal

Ha llegado el momento de actuar. Las DANAs y los grandes incendios agravados por el cambio climático nos recuerdan que no podemos esperar a lamentar más víctimas para reaccionar. Es necesario un Plan de Choque Forestal coordinado, con recursos sin precedentes y rigor científico-técnico, basado en un Pacto por los Bosques Valencianos.

El problema es estructural. Debemos asumir que no hay conservación sin gestión ni gestión sin conservación. Son complementarias e imprescindibles. Donde la población rural ha mantenido usos sostenibles, los ecosistemas se han preservado. El abandono rural, con la desaparición de la actividad forestal y agrícola de montaña, ha permitido que la vegetación crezca de forma continua y desordenada, elevando el riesgo de incendios y plagas. La población en los espacios rurales no solo debe ser escuchada, sino el actor fundamental en la gestión.

El cambio climático intensifica esta amenaza: sequías prolongadas, lluvias torrenciales que erosionan el suelo y debilitan los bosques. Para afrontarla, necesitamos silvicultura preventiva y adaptativa: claras y reducción de turnos para favorecer la regeneración natural, la infiltración del agua y la conservación del suelo. Solo con gestión planificada y sostenible se puede reducir el riesgo y reforzar la resiliencia frente al fuego, inundaciones y plagas.

Por eso urge un Pacto por los Bosques Valencianos como compromiso colectivo para proteger el interior. Hay que movilizar todos los fondos europeos disponibles (Next Generation, FEADER) para financiar la gestión forestal sostenible. También es imprescindible una normativa eficaz para la interfaz urbano-forestal, que obligue a crear y mantener franjas de seguridad en urbanizaciones junto al monte, priorizando las ayudas, pero no descartando sanciones efectivas.

La economía rural como principal aliada

La economía rural debe ser un pilar clave. Hace falta establecer contratos públicos estables para ingenieros y brigadas forestales, generando empleo de calidad en prevención. Es fundamental impulsar la bioeconomía, fomentando el uso sostenible y certificado de la madera (construcción, mobiliario, embalajes), la biomasa para bioenergía y otros productos como corcho, trufa o miel. Apoyar empresas existentes y crear nuevas cadenas de valor es clave para fijar población en el territorio.

También es esencial reconocer el papel de los propietarios forestales, tanto privados como municipales, como responsables subsidiarios de la gestión. Debemos garantizarles recursos, seguridad jurídica y formación, eliminando trabas administrativas totalmente innecesarias. El Servicio Forestal Valenciano necesita mayor autonomía y estabilidad presupuestaria para planificar a largo plazo, evitando vaivenes políticos y reforzando su plantilla técnica con profesionales conocedores del territorio.

Los servicios ambientales que prestan los montes (biodiversidad, fijación de CO₂, recarga de acuíferos) benefician a toda la sociedad. Es necesario establecer mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales y explorar instrumentos innovadores como mercados de compensación de carbono o de huella hídrica, para movilizar financiación privada en favor de la gestión forestal sostenible.

Este plan debe fundamentarse en participación, transparencia y corresponsabilidad social, prestando especial atención al empleo de mujeres y jóvenes en el medio rural, y teniendo como ejes estratégicos la formación avanzada, investigación y transferencia para un sector forestal moderno, competitivo y sostenible. El Pacto por los Bosques no parte de cero: debe apoyarse en el PATFOR (Plan de Acción Territorial Forestal) y en la nueva Ley Forestal en desarrollo, buscando el máximo consenso social y político para afrontar retos como incendios, inundaciones, cambio climático y despoblación, con el objetivo de garantizar gestión forestal sostenible y desarrollo rural que impulsen la bioeconomía y conserven el territorio.

Conclusión: el futuro se construye con consenso

El consenso logrado en la Albufera demuestra que el pueblo valenciano puede alcanzar acuerdos sociales, económicos y políticos. Pero este logro nos interpela: ¿qué legado dejaremos a las futuras generaciones? ¿Un territorio calcinado y pueblos vacíos, o un paisaje vivo y gestionado con valentía? No es solo un tema técnico, es un compromiso ético con todos los valencianos, especialmente con quienes viven hoy en el interior y con quienes nacerán mañana. Debemos aprender de los errores y actuar antes de que el fuego o las inundaciones nos obliguen a lamentar más vidas.