La gestión fallida de la dana del 29-O

El "Informe sobre la cronología y análisis de desbordamientos en relación con las víctimas de la dana" realizado por la Guardia Civil a petición de la jueza de Catarroja que investiga la riada del 29 de octubre pone el foco en un aspecto que, a estas alturas, ya resulta imposible ignorar, la descoordinación institucional. Tanto el Gobierno central —a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)—, como el Consell —con su responsabilidad directa sobre Emergencias—, incurrieron en una desorganización que agravaron el impacto de la dana.

La Guardia Civil constata cómo las precipitaciones de récord de la dana desbordaron el Cecopi, el mando único de responsabilidad autonómica que, con los datos del resto de entidades, como las que gestionaba la pluviometría y el caudal de ríos y barrancos, debía gestionar la emergencia. El informe de 220 páginas elaborado durante cinco meses por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de València es contundente tras analizar con precisión "el marco geográfico del suceso", la cronología de predicciones y observaciones de Aemet, las mediciones de caudales de la CHJ y la gestión de las llamadas del teléfono de Emergencias 112 de la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a emergencias (Avsre). Los agentes también geolocalizan dónde se hallaron las 228 víctimas mortales (excepto las que fallecieron en el hospital) que provocó la dana del 29-O.

La conclusión es que la CHJ no avisó con la antelación debida a los ayuntamientos sobre las graves crecidas de las cuencas del Poyo, Magro y Turia. El silencio en estos nueves meses del máximo responsable de la CHJ, Miguel Polo, además de inexplicable resulta insolente tras la magnitud de la tragedia. Los autores de ese informe pericial parecen ignorar, sin embargo, que la Aemet lanza “avisos”, no “alertas”, porque no es un organismo ejecutivo. También pasan por alto que el aviso rojo se lanzó a primerísimas horas de la mañana del 20-O y nunca fue anulado, y que con ese aviso cerraron las universidades, centros educativos e incluso la Diputación de Valencia evacúo a sus empleados.

La tardanza en la emergencia no puede justificarse a estas alturas con el comodín de la imprevisibilidad meteorológica. La tecnología y los protocolos de predicción han avanzado lo suficiente como para detectar fenómenos extremos con horas, e incluso días, de antelación. Si fallaron los protocolos, que se revisen; pero si lo que falló fue la voluntad o la capacidad de interpretar esos protocolos y de activar los mecanismos de emergencia, entonces hablamos de una negligencia de quién ostentaba el mando único en el Cecopi. Desde el Consell se insiste en que se actuó «según protocolo», pero los hechos hablan por sí solos. La falta de coordinación con los organismos estatales y la lentitud en activar el nivel 1 del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones revelan una gestión más reactiva que preventiva. Que la Generalitat se enterara del nivel del agua en algunos puntos por cauces extraoficiales es, sencillamente, inadmisible.

El desastre no fue solo meteorológico; fue también político y administrativo. Cuando las competencias están repartidas —como ocurre con las cuencas hidrográficas y la gestión de emergencias— se necesita, más que nunca, una coordinación fluida y eficaz. En este caso, esa coordinación brilló por su ausencia. En lugar de actuar como un solo cuerpo frente a la emergencia, las instituciones operaron como compartimentos estancos, cuando no como reinos de taifas desconectados.

El resultado es de sobra conocido, 228 víctimas, miles de viviendas afectadas, daños millonarios en infraestructuras y una población que sigue esperando explicaciones claras nueve meses después. Y lo que es más preocupante: la sensación, cada vez más extendida, de que no se ha aprendido nada. Porque la del 29 de octubre de 2024 no era la primera dana que golpea la Comunitat Valenciana. Ni será la última. El cambio climático está intensificando los fenómenos extremos, y con ello se multiplican los riesgos para la población y las infraestructuras. Por eso resulta imperdonable que, después de años de planes, simulacros y promesas de inversión en prevención, se sigan cometiendo errores tan elementales.

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, pero sobre todo las familias de las víctimas, merecen algo más que reproches cruzados y comunicados defensivos de representantes de los dos gobiernos implicados tras conocerse el informe de la Guardia Civil. Además de dejar a la intemperie a las diferentes comisiones de investigación (Congreso, Senado, Corts, Diputación y ayuntamientos). Junto a la exhaustiva investigación de la jueza de la dana, se necesita más que nunca la constitución de una Comisión Mixta Gobierno-Consell para que una auditoría independiente revise lo ocurrido, depure responsabilidades y proponga reformas. Hay que actualizar los protocolos, reforzar la vigilancia meteorológica, garantizar la interoperabilidad entre administraciones y, sobre todo, poner el foco en la anticipación. Las emergencias no pueden gestionarse a golpe de improvisación.

La riada del 29 de octubre dejó a su paso barro, pérdidas y una inquietante pregunta: ¿estamos realmente preparados para lo que viene? El informe de la Guardia Civil sugiere que no. Y esa es, quizás, la conclusión más alarmante de todas. Este martes se cumplen nueve meses de la tragedia, y aún sigue sin fecha una reunión entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón.