Así mueren las instituciones

Citar a los profesores Levitsky y Ziblatt y su ensayo “Cómo mueren las democracias”, considerado ya un texto político imprescindible pese a que se publicó hace apenas siete años, se ha convertido en un recurso tópico cuyo uso podría desmerecer el principio de cualquier artículo. Y, sin embargo, hay conceptos, como el de los guardarraíles del Estado de Derecho, ese conjunto de normas no escritas cuyo respeto por parte de los actores protagonistas de la gobernanza es imprescindible para que el sistema liberal no se venga abajo (en definitiva, para que la democracia no muera) cuya vigencia debe ser más reivindicada que nunca.

En los últimos días, hemos tenido varios ejemplos en la Comunitat Valenciana de cómo esos guardarraíles están siendo violados de forma sistemática por los principales partidos de España, sin que las organizaciones que articulan la sociedad civil (empresariales, sindicales, profesionales…) hagan algo más que escandalizarse en privado según les vaya en la procesión. Pasen y vean:

Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió al aeropuerto de Alicante-Elche-Miguel Hernández, para anunciar las inversiones milmillonarias que AENA tiene previstas en su próximo plan director. El aeródromo alicantino es el primero de la Comunitat Valenciana y el cuarto de la Península en número de pasajeros, así que elegirlo como escenario de ese anticipo, por otra parte falto de detalle, no debería llamar la atención. Pero ocurre que a partir de ahí todo fue un dislate partidista. El president de la Generalitat no fue invitado al acto. Y eso es algo que los ciudadanos de la Comunitat debemos denunciar, guste más o guste menos quien ocupe en cada momento la dignidad del autogobierno. Tampoco se permitió la presencia del alcalde de Benidorm, la ciudad que más pasajeros aporta a ese aeropuerto, que además es presidente de la Diputación y del PP provincial. ¿La excusa? Que sólo estaban convocados aquellos que tenían competencias sobre el aeropuerto. Vale, ¿y entonces qué hacía en primera fila la ministra de Universidades, Diana Morant, secretaria general del PSPV y dizque candidata a la Generalitat? Cada vez que hace eso, y no es la primera, Sánchez no ningunea a Mazón ni al PP: nos ningunea a todos los valencianos de Alicante, Valencia y Castellón, menosprecia nuestras instituciones y nos toma por tontos.

Morant. Hablando de Morant, otras dos actuaciones “estelares”. Primera, su ausencia del acto de apertura del curso universitario en la Comunitat que aspira a presidir, que este año se celebró en la de Alicante porque ese es el orden preestablecido. La ministra de Universidades se dio de baja con una nota injustificable en un miembro del Gobierno que se limitaba a decir que no acudiría “porque no se daban las condiciones”. ¿Qué condiciones? ¿No funcionaba la refrigeración de la sala? ¿El sillón donde había de sentarse tenía algún muelle suelto? No lo sabemos, porque su gabinete no quiso responder a esa pregunta. Confió en que fueran los medios los que hicieran el juego sucio a la ministra mientras ella no se manchaba, como así ocurrió en la mayoría de los casos sin aportar contexto alguno. El catedrático que debía pronunciar la lección magistral (también dentro de un turno preestablecido) tiene una denuncia por maltrato presentada por su exmujer, igualmente catedrática de Derecho, dentro de un proceso de divorcio en el que hay un cruce de gravísimas acusaciones y él también la denunció en su día a ella por estafa, violación de la intimidad y otros delitos graves. No repetiré lo de la presunción de inocencia, porque resulta de vergüenza ajena tener que recordarlo tantas veces, pero sí señalaré que el acto estaba presidido por una mujer rectora poco sospechosa de no saber defender a las mujeres y a él asistieron, entre otras, las responsables de igualdad y lucha contra la violencia de género de la Universidad, además de los rectores y rectoras de todas las instituciones académicas públicas y privadas de la Comunitat, excepto el de Elche, que siempre tiene un plan mejor. ¿Se cree la ministra Morant por encima de todos ellos y ellas, mejor que ellas y ellos, más prudente y sabia que ellos y ellas? No sé a cuánta gente cercana a sí misma y lo que representa ofendió la ministra ese día con su actuación, que salta también los guardarraíles de toda institucionalidad y que por supuesto incluyó obligar a todos los cargos públicos del PSPV a secundar su boicot a las universidades. Pero parece que ofender a los próximos le importa menos que lo que piense su guardia de corps, porque también en estos días Morant dio instrucciones para que el PSOE suspendiera un acto con el expresident Ximo Puig en la Vega Baja en recuerdo de la DANA que en septiembre de 2019 asoló la comarca. Resulta llamativo que el PSPV se haya pasado casi un año contraponiendo la actuación de Puig y el Botànic, que activaron el Cecopi 48 horas antes del temporal, con la de Mazón y su Gobierno, y a la hora de la verdad haya dejado pasar la oportunidad política de poner en valor su gestión por el miedo cada vez más evidente de Morant a que cualquiera (pero sobre todo el recuerdo de Puig) la opaque. El alcalde socialista de Dolores, un galo rodeado de romanos que curiosamente nunca fue “ximista”, y que era el que había organizado el acto, está que echa las muelas. Y todos los demás, atónitos.

Mazón. Uno pensaba que de entre las muchas lecciones que el jefe del Consell podía extraer de lo que le viene pasando desde la Gran Riada, dos iban a ser de aplicación urgente: humildad y comprensión de la responsabilidad del cargo que ostenta. Pero no parece que ese aprendizaje esté en su agenda, sobre todo desde que volvió de vacaciones. Mazón tampoco acudió a la apertura del curso universitario, algo que no se recuerda desde tiempos de Zaplana, por miedo a que lo abuchearan, de donde resulta que él y Morant coincidieron el martes en no hacer su trabajo. Pero, más grave aún, en una actuación impropia de un president de la Generalitat, un día después Mazón comenzó su discurso ante los empresarios reunidos en la Noche de la Economía Valenciana diciendo que no iba a saludar al ministro de Economía, la delegada del Gobierno y el presidente de la patronal, Salvador Navarro, porque los tres habían abandonado el acto. Y después de la pausa dramática que enseñaban en los antiguos cursos de oratoria, añadió: “Juntos”. El aplauso que se escuchó a continuación fue iniciado por la nutrida corte de cargos que le acompañó al evento, pero en todo caso los empresarios que palmearon, sean partidarios de Navarro o contrarios a él, se equivocaron. No sólo porque esas ausencias habían sido comunicadas previamente y porque la carga de profundidad que conllevaba ese “juntos” tampoco era cierta. Sino porque cuando se permite al poder político extralimitarse en lugar de ponerle coto, todos acabamos convirtiéndonos en sus rehenes. Mazón puede confrontar con Navarro cuanto quiera, en público y en privado. Pero cuando un presidente de la Generalitat señala a un ciudadano (sea empresario, periodista o fontanero) valiéndose del privilegio que le otorga su cargo para hablar desde un atril ante más de mil personas sin posibilidad de réplica, entonces no está haciendo una crítica, sino profiriendo una amenaza.

Polo. En términos políticos, la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ante la juez que instruye la causa de la DANA sólo alienta la guerra de relatos en la que el Consell y el Gobierno central están envueltos para desgracia de los damnificados por la catástrofe. Los unos pueden agarrarse a los pasajes de la testifical en los que Polo evidencia la incapacidad de la consellera Pradas y el Gobierno de Mazón en tomar cualquier medida el día de la tragedia que se cobró la vida de 229 personas. Los otros, a la falta de proactividad (“apagón” le llaman ellos) de un organismo como la Confederación, que ante una situación extraordinaria no fue capaz de habilitar mecanismos de vigilancia e información también extraordinarios, sino que se atuvo de forma exasperante a procedimientos de manual que estaban resultando claramente superados. Pero aquí estamos hablando no de quién lo hizo mejor y quién peor, sino del socavamiento de las instituciones. Y lo que no tiene nombre es que hayamos tenido que esperar casi un año y una citación judicial para escuchar un informe por extenso de lo que hizo o dejó de hacer la CHJ en el peor diluvio jamás registrado. La rendición de cuentas debería haberse hecho de inmediato. Porque ya sabemos que Polo es un técnico, un funcionario. Pero debería ser hora de que en este país los técnicos y los funcionarios entendieran que no están al servicio de los gobiernos, sino de los ciudadanos y es a ellos a quien tienen que dar en tiempo y forma explicaciones. Todo lo demás no es servicio público, sino ponerse a resguardo. Justo lo que los ciudadanos no pudieron hacer aquel fatídico 29 de octubre.

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