La paradoja valenciana

La esfera política valenciana no suele aprovechar las oportunidades para hacerse un favor a sí misma y a la cuarta economía de España. En vez de incentivar, canalizar y apoyar el enorme potencial del tejido socioeconómico para dar un salto adelante en momentos estratégicos, los actores políticos siempre encuentran motivos para ponerse obstáculos, renunciando a su capacidad movilizadora y de liderazgo y limitando sus posibilidades para defender en otras instancias lo que corresponde a una comunidad política de más de cinco millones de habitantes. Esta es la paradoja valenciana. Y en un contexto sociopolítico de separación radical en bloques y en un territorio fragmentado y con escaso capital simbólico, las consecuencias de esta forma de entender la política pueden ser profundas y duraderas. Una Comunidad Autónoma sin una identidad regional fuerte y sin proyecto colectivo compartido, acaba reduciendo su existencia a gestionar el día a día y no se sienta en la mesa de los mayores del Estado Autonómico.

Una región invisible, aquejada de un apreciable deterioro de la calidad institucional y de un notable sucursalismo político, fruto de la ausencia de liderazgos claros, evidencia dificultades insuperables, no solo para reforzar un cierto sentido de pertenencia y de autoestima, sino para ganarse el respeto del resto de actores políticos y de administraciones en defensa del principio de justicia y equilibrio territorial. El mayor obstáculo no es externo, sino que en gran parte radica en la ausencia de voluntad de los actores políticos de la Comunidad Autónoma para defender intereses comunes tejiendo algunos acuerdos, aunque sean pocos, en torno a grandes objetivos concretos. Pero no es menos cierto que una región invisible puede ser silenciada o ignorada por el resto con mucha mayor facilidad. Y este es el caso.

Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, la ruptura unilateral del amplio consenso en torno a la reivindicación de un modelo de financiación justo por parte de los responsables actuales del PSOE es tan insólita como inexplicable. Y la defensa posterior de las cantidades de la quita de la deuda anunciadas por el gobierno de España, que al menos han quedado en torno a 6.000 millones de euros por debajo de la cantidad estimada que debiera corresponder a la Comunidad Valenciana, es indefendible. Recordemos además que fueron las elites políticas regionales las que acabaron en su día con la industria financiera propia. En segundo lugar, pese al gran impulso registrado desde 2018, el retraso y la falta de información del gobierno de España sobre la inversión y los trabajos en materia infraestructuras estratégicas vinculadas a algunos aspectos importantes del corredor mediterráneo, solo se puede explicar por la debilidad de los responsables autonómicos y por la ausencia de coordinación entre administraciones. Trazados e inversiones pendientes, de las que todavía se ignoran plazos concretos, que afectan a la conexión fundamental entre Alacant, València y Castelló, a la movilidad cotidiana de casi dos millones de personas en la región urbana y metropolitana de València y al futuro de enormes inversiones estratégicas que suponen miles de empleos. Pensemos, por ejemplo, en la gigafactoría de baterías en Sagunt y su imprescindible coordinación con las obras que permitan la puesta en servicio del ancho internacional ferroviario hacia el centro de Europa. En tercer lugar, las administraciones responsables de gestionar los efectos ocasionados por la Dana, incapaces de elaborar un plan único de reconstrucción, siguen trabajando en paralelo, salvo casos de buena cooperación muy de agradecer, y escenificando en público un permanente desencuentro político que solo contribuye a generar malestar. Ni siquiera una gran catástrofe ha permitido superar nuestras disfunciones políticas e institucionales. Y finalmente, el simple anuncio de ruptura del pacto por la lengua, uno de los grandes consensos alcanzados durante las últimas décadas, aunque fuera de imposible cumplimiento ya evidencia una vuelta a la cultura política del disenso, precisamente sobre una materia que afecta al núcleo central de la identidad como pueblo.

Junto a la invisibilidad regional, la tentación populista es en estos momentos otro de los mayores desafíos y riesgos. Hasta el punto de que amenaza con destruir los escasos consensos alcanzados en las décadas pasadas. El populismo (político, económico, científico y cultural), en su defensa desinhibida y desacomplejada de la ignorancia y del blanco y negro sin matices, vive bien en la oposición, pero no resuelve los problemas de la gente cuando gobierna. Probablemente algunos piensen que centrar la conversación política sobre cuestiones que no afectan a problemas reales o alentar de nuevo tácticas divisivas, por ejemplo, en materia de lengua, aunque no solo, pueden ser la vía para dejar atrás algo que nunca podrá borrarse de la memoria colectiva: la sensación de abandono, la negligencia, la incompetencia y la irresponsabilidad de quienes debieron ocuparse de la gestión de una de las mayores catástrofes ocurridas en Europa en fechas recientes. Con independencia de lo que dictamine en su día la justicia, la dimisión del actual presidente de la Generalitat Valenciana debió haberse producido hace tiempo, aunque solo fuera para preservar la dignidad de la institución que representa y por respeto a las víctimas y damnificados. Además, ayudaría mucho en el proceso de recuperación emocional.

Otros podrán pensar que con su dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones la situación quedaría resuelta. Nada indica que en un contexto de polarización extrema eso pueda ocurrir. Hay mucho ruido estéril y demasiada distancia entre los actores políticos. Los puentes físicos arrasados por la Dana han sido reconstruidos, pero los puentes del diálogo hace tiempo que han dejado de existir. El cambio de ciclo en un contexto de extrema polarización no garantiza el cambio de clima político. Mientras tanto, la marea del malestar, la desconfianza y la desafección sigue subiendo. En especial entre los jóvenes, las clases trabajadoras y las rentas medias-bajas de nuestra sociedad. Piden certezas y soluciones concretas y muchos no se sienten escuchados ni atendidos.

Dado que en un Estado muy complejo y muy descentralizado nadie nos va a esperar y cada uno defenderá sus propios intereses ¿Cómo hacer posible que esta forma de entender la política deje de ser un problema? ¿Cómo favorecer la comunicación institucional que permita alcanzar acuerdos estratégicos de interés para el futuro de una comunidad autónoma con escasa presencia en el contexto político español? ¿Cómo ayudar a construir puentes desde la sociedad civil? En los últimos tiempos, y esta es la segunda paradoja, los representantes de agentes económicos y sociales han demostrado más sentido de Estado, mayor preocupación y más coherencia a la hora de defender intereses regionales que los propios actores políticos. Desde la sociedad civil se puede hacer mucho más. La implicación y el compromiso de actores económicos y sociales representativos, medios de comunicación, universidades, fundaciones y otros representantes de la sociedad civil, podría ayudar a crear espacios de encuentro y de diálogo con actores políticos y entre ellos, para facilitar la discusión sobre algunos de nuestros grandes retos colectivos y situarlos en la agenda política. Promoviendo iniciativas innovadoras que pudieran contribuir a reconducir derivas preocupantes y facilitar la consecución de algunos acuerdos que, en todo caso, solo podrían materializarse desde el protagonismo indelegable de la política y de los partidos políticos, pilar central de la democracia.

La resignación ante una situación de bloqueo político e institucional no es la mejor opción. En distintos momentos de nuestra historia reciente, actores relevantes de la sociedad civil han alzado la voz de la dignidad. Reclamando respeto y defensa de intereses colectivos. En el aniversario de la gran catástrofe de octubre de 2024, este es el hilo invisible que convendría recomponer entre todos.