El tren de la libertad

Desde hace años, casi desde que la humanidad es humanidad, las mujeres hemos luchado (esto sí que ha sido una batalla) por nuestros derechos reproductivos, en cualquier país del mundo por donde las guerras han arrasado las mujeres han servido como arma de guerra, violadas, maltratadas, asesinadas, mujeres que engendran criaturas para la paz, nunca para la guerra.

Con el paso del tiempo y gracias a muchos años de activismo feminista, las mujeres hemos conseguido tener control (en parte) sobre nuestra sexualidad (por lo menos en España), disfrutar del placer sexual sin miedo a quedarse embarazada ha sido una de las peticiones de la agenda feminista, pero, si por las razones que fuera en esas relaciones sexuales se producía un embarazo, “nosotras” decidimos si queríamos o no parir esa criatura.

Pero los derechos sexuales y reproductivos, como vemos, no están garantizados, basta que gobiernen las derechas para que volvamos a los tiempos más grises, más bien negros, donde las mujeres abortaban de manera clandestina, y sin condiciones seguras de salud.

La interrupción voluntaria del embarazo ha estado legalizado durante un corto período de la Segunda República Española siendo ministra de Sanidad la cenetista Federica Montseny (desde noviembre de 1936 a mediados de mayo de 1937) su vigencia duró muy poco, pues el bando franquista la derogó. Con la aprobación de Ley Orgánica 9/1985 ley de supuestos, El aborto en España se despenalizó parcialmente con la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985 que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre.

Esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que avaló su constitucionalidad a través de la STC 53/1985, una sentencia conocida como la "sentencia del aborto", en la que se estableció que la ley era constitucional, aunque también recordó la obligación del Estado de proteger la vida del nasciturus. 

La Ley Orgánica 2/2010, con el gobierno del presidente Zapatero estableció la libertad de elección para la interrupción voluntaria del embarazo: libre decisión de la mujer hasta la semana 14; hasta la semana 22 por riesgo grave para la salud de la gestante o anomalías graves del feto; después de la semana 22, solo en anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable; se introduce la educación sexual y el acceso a anticonceptivos como parte de la ley: la Ley Orgánica 1/2023, que reforma la ley del aborto y en la cual el Tribunal Constitucional español avaló el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin el permiso de sus padres. También estableció que se considerará delito perseguir a las personas que acosen a profesionales sanitarios y a las clínicas que realizan abortos, lo que incluye los escraches frente a estos centros. 

Recordemos que el ministro Gallardón del PP, propuso una nueva ley que eliminaba los plazos: las mujeres ya no iban a poder abortar libremente hasta la semana 14. Solo se podía abortar en dos supuestos: por violación o por un "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica" de la mujer, una gravedad que tenían que certificar dos médicos. El Gobierno de Rajoy aprobó el anteproyecto en Consejo de ministros, devolviendo así el aborto a los años 80. Las tensiones se dispararon, con movilizaciones en las calles, la Tertulia Feminista Les Comadres y la organización Mujeres por la Igualdad de Barredos. Organizaciones feministas y entidades implicadas en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de España, pidiendo la dimisión de Gallardón y reclamando derechos. En la movilización del Tren de la Libertad se estimó una participación superior a 30.000 personas y fue considerada en ese momento la mayor manifestación feminista de la historia de España (hasta 2015). También se convocaron manifestaciones de apoyo en varias capitales europeas y latinoamericanas.

Las mujeres cuando toman la decisión de interrumpir el embarazo lo ha meditado y, reflexionado, no es una decisión fácil, en España, la interrupción voluntaria del embarazo está cubierta por la sanidad pública y, por lo tanto, es gratuita para la mujer, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la mayoría de los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas o concertadas que luego facturan al sistema público, lo que puede generar listas de espera y dificultades para acceder al servicio en algunos casos. 

Pero el aborto, la decisión de las mujeres de interrumpir libremente su embarazo sigue estando en manos de las derechas, por eso es necesario que sepamos que un cambio de gobierno como el intento de Almeida alcalde de Madrid con su socio VOX de ultraderecha, podría poner en peligro esta libertad. Garantizar en la Constitución Española, como pretende el gobierno socialista, sin duda es la garantía a que las mujeres decidan libremente sobre sus propios cuerpos y, para ello tenemos siempre en la estación un tren de la libertad, para impedir que nuestros derechos sean cuestionados.