El metro cuadrado de la rabia

Ramón Ferrando nos recordaba el reciente estudio de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana en la sección de economía de Levante-EMV (15/10/2025) “La Comunidad Valenciana se ha quedado sin pisos para jóvenes tras el subidón de los precios de los últimos meses”. Unos días antes, en las mismas páginas de Levante-EMV (13/10/2025) Gonzalo Sánchez se hacía eco de una joven entrevistada “Vivo con mis padres, gano 32.000 euros al año y no me da para un piso”, y subtitulaba, “El drama de la vivienda expulsa a los jóvenes médicos, abogados y profesores”…”Ni con los trabajos mejor pagados pueden ya emanciparse”. Y narraba la joven entrevistada, “…consulté a varios bancos cuanto me podía permitir por lo que gano y me dijeron que unos 160.000 euros. Pero esos pisos ya no existen en Valencia. No hay. En mi barrio los pisos decentes de 70 metros cuadrados han pasado de los 240.000 a bordear los 300.000”. Más de 4.000 euros el metro cuadrado. Y de ahí, la rabia frente a una situación insostenible.

Ante esta asfixia angustiosa, la respuesta social no es solo de índole privada; se manifiesta de forma contundente en el ámbito político. La imposibilidad en acceder a un alquiler digno—o, para la mayoría, incluso de soñar con la compra— está gestando una profunda animadversión política. Los jóvenes perciben que las promesas de progreso, vertebradas a través del esfuerzo y el trabajo, son una falacia en el marco actual. Sentimiento traducido en un desafecto por las instituciones y los partidos tradicionales que han administrado esa realidad; al no ofrecer resultados tangibles en la vida cotidiana —como es el caso de la vivienda— provocan que el electorado joven se vuelve susceptible a discursos que prometen rupturas drásticas y soluciones inmediatas, aunque sean simplistas a un problema complejo.

Y aquí reside el nexo peligroso que esta espiral de promesas incumplidas facilita: el caldo de cultivo perfecto para formaciones populistas de extrema derecha como Vox. La frustración económica, mezclada con la sensación de abandono institucional, se transforma en un voto de castigo que busca culpables claros y soluciones sencillas por muy inverosímiles que sean. Vox capitaliza eficazmente esta ecuación: mientras los partidos tradicionales luchan por matizar la regulación del mercado, Vox ofrece una narrativa simple donde la culpa no reside solo en la escasez de oferta, o en la especulación, sino en buscar culpables como es el Estado Autonómico, o en la misma democracia, que perciben como un gasto superfluo e ineficiente.

A lo largo de los últimos años, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha presentado diversos planes destinados a abordar la crisis de vivienda; sin embargo, han mostrado un alto grado de incumplimiento. Por ejemplo, se comprometió a construir 43,000 viviendas de alquiler asequible pero solo se han ejecutado menos del 32% de su presupuesto. Entre 2018 y 2025, se han construido apenas 632 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra en toda España, lo que evidencia una falta de progreso alarmante.

El impacto de esa inhibición ha repercutido negativamente en la comunidades autónomas (CC AA). El actual Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 finalizaba este año. Las CC AA que deben preparar sus propuestas de presupuestos para el ejercicio 2026 deberían conocer las líneas de actuación del nuevo Plan y los recursos disponibles para las CC AA. En la reunión multilateral del 25/09/24 con las CC AA, el ministerio quería vincularlo a la consecución de sus objetivos, pero no dijo cuáles. Sin embargo, a renglón seguido amenazó con no pagar la financiación comprometida a los que no cumplan su Ley de Vivienda. Respecto a esta amenaza, sea cual fuere su contenido, resultaría contraria a su propia ley, ya que invade competencias de las CC AA. El Constitucional acumula ocho recursos presentados en su contra, y a pesar de ser invasiva el Consell de Ximo Puig no la recurrió.

La escasez de vivienda, por tanto, no es solo una crisis inmobiliaria cuyo mayor perjudicado son los jóvenes; es una crisis de legitimidad que fractura la confianza en el modelo social de la Constitución. Al no poder garantizar el derecho básico a un techo, el sistema empuja a los jóvenes a buscar refugio en narrativas populistas. La vivienda imposible no solo impide la emancipación individual, sino que está redefiniendo el mapa político al premiar con votos a quien mejor articula el enfado contra el sistema político que ha permitido estos precios desorbitados.

Es imperativo que la construcción de vivienda se implemente con urgencia, junto a la desgravación fiscal y el control de precios, antiokupas y de habitabilidad; no solo para salvar el mercado inmobiliario, sino para evitar que el desencanto juvenil se consolide en opciones políticas profundamente divisivas y anticonstitucionales. El auge de Vox, alimentado por esta precariedad, que se traduce en rabia, representa una amenaza directa a la estabilidad de la democracia española. Cuando una parte significativa de la población joven percibe que el sistema les ha fallado sistemáticamente, la tentación de abrazar discursos que cuestionan los pilares del Estado de Derecho, la convivencia y las instituciones democráticas se incrementa exponencialmente.

Me malicio que estamos andando el camino andado por la Generación Z en otros países por el mismo motivo: la incapacidad de ofrecer soluciones a problemas tan concretos, pero vitales como es el caso del alquiler o la compra de vivienda, se traduce en una desafección que no solo se manifiesta en el voto, sino en la erosión de la confianza en los mecanismos de resolución pacífica de conflictos Es el caso de las movilizaciones que rayan en la violencia de la que no está exenta el otro polo opuesto, el populismo de extrema izquierda.