La clase política en crisis, no la política

Cada vez que veo las imágenes de un grupo ciudadano profiriendo gritos y exhibiendo pancartas domésticas hacia media mañana a la entrada de un juzgado –y no han almorzado hígado ni foie–, me pregunto si no tendrán algo mejor que hacer. Sobre todo, cuando el ceremonial tiene lugar a las puertas del ostentoso tribunal Supremo. Es muy probable que esas gentes no sean víctimas o perjudicados en busca de un mínimo acto de venganza, ni tampoco desocupados con alta conciencia social que deciden invertir su tiempo de holganza en una asonada callejera. Lo más verosímil es que sea personal de a pie de los partidos políticos, o sea, clase extractiva. Antes pegaban carteles a cambio del bocadillo y el meritoriaje debido, ahora acuden pancarta en mano y a veces algún que otro pito para que les graben en los informativos de las televisiones.

Además de tales escenografías, resulta que una buena cantidad de casos de corrupción de la clase política, investigados en los tribunales españoles, proceden de demandas interpuestas por los propios partidos políticos, o por sindicatos, fundaciones, incluso grupos filopolíticos directamente al servicio de un fin discursivo: el agravio del adversario. Dada esta conocida situación, todos los políticos –con pocas excepciones–, asumen resignados el discurso oficial de «respeto a las decisiones judiciales», ya saben, la separación de poderes que se postula como ideal de sano equilibrio institucional desde los tiempos del ilustrado bordelés Barón de Montesquieu.

En la práctica, no es así. Lo demuestra el largo bloqueo que padeció el Consejo del Poder Judicial –que de nuevo ha entrado en crisis–, o el absurdo de coexistir con un estamento judicial que puede asociarse en organizaciones profesionales que autodeclaran su ideología: conservadores, independientes, progresistas… Lo analicemos como queramos, pero la ideología es la clara antesala de la posición política, el sistema de creencias que, al menos, proporciona las simpatías partidistas, por lo que resulta muy difícil de entender la equidad judicial en ese contexto, máxime cuando las leyes no dejan de ser ordenaciones propuestas desde la dominación política del aparato legislativo. Al menos, la judicatura tiene elementos que relativizan sus decisiones gracias a las apelaciones y a los recursos ante instancias superiores, como en las Reales Audiencias que desarrollaron los juristas castellanos.

No es el caso de la actual clase política, cuyos profesionales conforman un estamento extractivo, redefinido hace unos años por el economista catalán César Molinas, un ex militante juvenil del PSUC, valga la paradójica biografía circunstancial. Molinas calculaba en unos 300.000 el número de personas dedicadas a trabajar en la política de nuestro país: ahí están todos, diputados y concejales, ministros y secretarios, asesores y personal de las empresas públicas nombrados por confianza. Un montaje que engordó sobremanera con la creación de las autonomías, pero que también está motivado por el pequeño tamaño de los municipios, la perpetuación de las diputaciones provinciales, la creación del parlamento europeo y por la abundancia de las citadas empresas bajo control de las administraciones públicas.

Sería un error criticar esta proliferación de agentes de la política solo por su número ni, desde luego, por su carácter territorial. El problema deriva de su falta de productividad y dinamismo emprendedor, por su espíritu acrítico y su alejamiento de la sociedad real, y de su economía, por lo tanto. Solo los grupos humanos desarrollados actúan y creen en la política. No es posible avanzar sin política, pero tampoco parece que mejoremos sin las reformas políticas pertinentes. Como diría Winston Churchill, la democracia es imperfecta, pero es el menos malo de los sistemas conocidos. Churchill, que fue aristócrata, liberal y más tarde conservador antitotalitario, en realidad señalaba que la democracia nos enseña a saber convivir y debatir con quienes piensan de modo diferente a nosotros. Conviene recordarlo ahora que se le cuestiona.

Vivimos en lo que los intelectuales llamaron hace décadas «la sociedad de masas», cuya capacidad para emanciparse de todas las alienaciones que padece es menor en cada etapa de la sofisticada y acelerada comunicación actual. En plena euforia digital y sus fatales consecuencias pedagógicas en nuestras escuelas e institutos, expectantes y amedrentados a un tiempo por las interferencias que la Inteligencia Artificial ha empezado a crear ya, resulta suicida obviar el problema de las disfunciones del sistema político democrático, inhibirse o dar por perdida la coyuntura. Pasó con el Brexit y está pasando ahora mismo. Una película que han hecho desparecer de las plataformas, La guerra incivil (2019), lo mostraba con crudeza: las peripecias y manipulaciones del actor Benedict Cumberbatch en el papel del cerebro-estratega –Dominic Cummings, exasesor del ministro de Educación–, al frente de la campaña «leave» por la salida del Reino Unido de la UE.

Mientras tanto, los partidos se limitan a ejercer el autobombo y de oficinas de empleo para los suyos, a esperar los errores del rival para alcanzar el poder e iniciar así un mejor reparto de regalías. Y cuesta creer que, como hicieron las Cortes del franquismo –obligados entonces por poderosas circunstancias–, nuestros actuales representantes sean capaces de autorreformarse para superar la enorme crisis de credibilidad que padecen. De algunos temas relacionados con todo ello, precisamente, habló el viernes en Oviedo el pensador Byung-Chul Han, a la espera de que las democracias reaccionen y la política recupere el sentido común, la responsabilidad y el respeto. Lo dicen también los empresarios, con tanta riña y flagelo audiovisual como nos muestran los políticos, no hay fraternidad posible.