Abortar. Un poder sobre nuestros cuerpos

“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Simone de Beauvoir ya nos lo advertía. Vuelven a la carga, siempre vuelven. Regresan sin contemplaciones, lo hacen como adalides de la falsa libertad, o de la libertad con una única y todopoderosa dimensión: la económica.

Se aprestan a deconstruir de un plumazo una parte decisiva de nuestro propio sustrato de ciudadanía, nuestros derechos sexuales y reproductivos, que hoy tenemos reconocidos gracias a la lucha sin cuartel que los feminismos aún libran en la calle. Los detractores no necesitan ir muy lejos en su viaje; sortean una y otra vez el peaje debido y obligado, la derogación de la ley que reconoce el derecho al aborto; son fundamentalistas del pragmatismo abolicionista. A eso se aplican, a volar sistemáticamente todos los puentes que garantizan el acceso libre, seguro y digno al aborto, como si ganar esta batalla, le permitiera a las derechas ganar la guerra del género, y con ello acceder antes o con mejor suerte al poder.

Pensaron que bastaba con señalar y estigmatizar a las mujeres que acudían a las clínicas a ejercitar su derecho a abortar. Sus actos calificados como “molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” por menoscabar nuestra libertad han sido tipificados como delito por el Código Penal en 2022. La ofensiva ha seguido bajo otra modalidad: el llamado “síndrome postaborto” del que no hay ninguna evidencia científica, pero sobre el que los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid debían informar a las mujeres que habían tomado la decisión de abortar. Un intento más de deconstruir el poder que tenemos sobre nuestros cuerpos desde el patriarcado. No acaba aquí el asedio, han creído que pueden impedirnos la interrupción voluntaria del embarazo, condenándonos a un periplo orquestado a nivel médico y político insufrible del que derivan daños físicos, económicos y morales, entre ellos la violencia obstétrica.

No es algo del pasado, aún sucede en algunas provincias españolas, donde incontables mujeres son obligadas forzosamente a desplazarse para abortar lejos de sus lugares de residencia, en ocasiones a más de 150 km, y hasta en situaciones acreditadas de grave riesgo para sus vidas o escenarios en los que la inviabilidad de sus fetos las lleva a tomar la decisión. Viajan para acudir a centros privados concertados o no, con lo que eso representa, porque los centros públicos a pesar de tener en la cartera de servicios el aborto no lo practican. La espera del “placet” al aborto se eterniza hasta más allá del plazo legalmente permitido y de lo humanamente soportable. Fue el caso de Antonia, a la que el Tribunal Constitucional le concedió el amparo en sentencia 44/2023 considerando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la interrupción del embarazo, como parte de su derecho a la integridad física y moral.

Insultan nuestra inteligencia diciendo que no hay profesionales sanitarios disponibles, tergiversan a su antojo la ley, acusando de discriminar y estigmatizar a este colectivo por figurar en un registro de objetores, cuando lo cierto es que la ley obliga a crear estos registros en los que se deben inscribirse aquellos médicos que por motivos de conciencia no están dispuestos a practicar un aborto. En este derecho de esos profesionales a objetar se escuda la Administración, cuando lo que debe hacer es cumplir con la ley y con la cartera de servicios sanitarios. Esta deslealtad institucional se libra también en la transparencia de los datos de los abortos, y en los últimos días también de los cribados del cáncer de mama; una información que las Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a ofrecer. Necesitamos los datos, las políticas se construyen mejor sobre ellos; pero por encima de ellos, una cosa es clara, somos mujeres con derechos y ellas son Administraciones obligadas a garantizarlos.

Blindar el derecho al aborto en la Constitución española sí, pero no de cualquier manera, como acertadamente nos señalaba el catedrático de Derecho Constitucional, el profesor Miguel Ángel Presno Linera. En este fuego cruzado se la juega nuestro derecho, el de las mujeres, a decidir con libertad.

Como sucediera en Francia en 1971 con el Manifiesto de las 343 o en España en 1979 con la carta de las 1300 publicada por El País, donde las mujeres firmantes reconocían haber abortado cuando aún era una práctica ilegal en estos países; ante la situación de asedio y desconsideración jurídica que vivimos: “Declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado”. Declaro seguir en la lucha por nuestros derechos. Que vengan, que nos encontrarán defendiendo a una el poder sobre nuestros cuerpos que hemos conquistado por derecho.