De Canal Nou a À Punt: el viejo hábito del PP de manipular la información

En la Comunitat Valenciana sabemos bien lo que ocurre cuando el Partido Popular pone sus manos sobre una televisión pública. Lo vivimos durante años con Canal 9, convertida en un instrumento de propaganda, silencios y manipulación.

El caso más doloroso fue el accidente del metro de 2006. Un accidente que provocó que 43 personas murieran y 47 resultaran heridas, y mientras las familias lloraban a sus seres queridos, Canal 9 minimizaba los hechos, desviaba la atención y ocultaba las manifestaciones de las víctimas. La televisión pública abría sus informativos con la visita del Papa a València y no con la mayor tragedia de transporte en la historia de España. Los periodistas recibieron órdenes explícitas de no mostrar las protestas ni cuestionar la versión oficial. Esa vergüenza colectiva simboliza como pocas el desprecio del PP por el derecho a la verdad.

Años después llegó otro episodio clave: la Primavera Valenciana de 2012, cuando centenares de estudiantes de secundaria salieron a las calles para protestar por los recortes en educación y el mal estado de los institutos. Las imágenes de jóvenes golpeados por la policía recorrieron el mundo, pero en la RTVV de entonces apenas se emitieron segundos, con un lenguaje que criminalizaba a los manifestantes. Mientras la prensa internacional hablaba de brutalidad policial, los informativos públicos valencianos presentaban los hechos como altercados de grupos radicales. Fue otro ejemplo de manipulación grosera, al servicio del poder y en contra de la ciudadanía.

Cuando la manipulación, el derroche y la corrupción hicieron insostenible el modelo, el PP optó por cerrar Canal 9 en 2013 antes que permitir su reforma. Prefirieron apagar la voz de todos antes que renunciar al control político del relato. Aquello no fue una decisión económica, sino ideológica: una demostración de que, para ellos, si no pueden dominar la televisión pública, prefieren destruirla.

Y ahora, bajo el gobierno de Mazón, la historia amenaza con repetirse. El pasado 25 de octubre de 2025, mientras decenas de miles de personas se manifestaban en València en recuerdo de la DANA y para exigir responsabilidades al Consell, À Punt emitía una corrida de toros de hace más de veinte años. La cadena ofreció únicamente un par de conexiones en directo durante el informativo de las 21.00 horas. Ni un corte a lo largo de la tarde, ni una interrupción para dar voz a las víctimas, ni una cobertura a la altura de las circunstancias.

La omisión no fue casual: fue una decisión política. De hecho, las propias trabajadoras y trabajadores de À Punt calificaron esa cobertura de “vergüenza enorme” y tacharon de “miserable” la decisión de emitir un festejo taurino en lugar de una manifestación multitudinaria. Denunciaron que la dirección de informativos había provocado un daño reputacional enorme.

Lo mismo ocurre con la falta de colaboración ante las peticiones de información de la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA. En lugar de actuar con transparencia, se responde con opacidad y con intentos de controlar el relato mediático, como si el periodismo fuera una extensión del gabinete de comunicación del Consell.

La estrategia es siempre la misma: invisibilizar el conflicto social, minimizar las críticas y amplificar los actos afines. Lo vimos con Camps, con Fabra y ahora con Mazón. La televisión pública, que debería ser un instrumento de pluralidad y servicio ciudadano, se convierte una vez más en un muro de propaganda. La ciudadanía pierde voz, y la democracia, calidad.

Es cierto que todos los gobiernos reciben críticas por su gestión de los medios, pero solo el PP ha hecho de la manipulación informativa una política estructural. No son errores editoriales ni descuidos: es censura planificada. Es utilizar el dinero de todos para mentir a todos. Porque cuando una televisión pública calla ante una tragedia o ignora una protesta ciudadana, deja de ser pública y deja de ser televisión: se convierte en propaganda.

La derecha repite que “todos hacen lo mismo”. No. No todos lo hacen. Ni con la misma intención ni con las mismas consecuencias. Normalizar esa manipulación es aceptar que la mentira forma parte del juego democrático, cuando en realidad es su corrupción más profunda.

La historia de Canal 9 debería haber vacunado a la sociedad valenciana contra la manipulación institucional. Pero hoy, con À Punt deslizándose hacia el servilismo, estamos viendo cómo intentan resucitar el viejo modelo: el del informativo dócil, el del silencio selectivo, el de los toros mientras el pueblo protesta. Por eso hay que decirlo alto y claro: no es neutralidad, es manipulación. No es prudencia, es cobardía. Y no es servicio público, es sometimiento al poder.

Una televisión que calla cuando el pueblo habla no merece llamarse pública.

Y un gobierno que la utiliza para ocultar la verdad, no merece llamarse democrático.