Opinión
Humillación al autogobierno
Una cosa es que la dirección de un partido intervenga en cuestiones políticas ordinarias y otra muy distinta que las instituciones de una comunidad se negocien más allá de sus territorios

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. / Levante-EMV
Andan los mandamases de la derecha española decidiendo el futuro del pueblo valenciano desde la Villa y Corte. Y esto, que ya es, ha pasado a un segundo plano con motivo de las condiciones que podrían sostener una investidura a favor del Partido Popular. Pero tan comprometido es lo uno como lo otro. Desde que en 1982 se aprobara el Estatuto de Autonomía, la política valenciana no ha dejado de mirar, en mayor o menor grado, en una dirección: la consolidación del autogobierno a través de su propio desarrollo. Cuenta de ello da el acuerdo político que permitió su reforma en 2006 ampliando el marco competencial en el que, por citar un ejemplo, se incorporó la prerrogativa de disolución anticipada de les Corts.
La tardía dimisión de Carlos Mazón ha llegado de forma improvisada, sin una solución ordenada. Lo que ahora estremece es pensar que el futuro de la Generalitat Valenciana está en manos del líder de Vox. Hace justo un año, Santiago Abascal asumía la presidencia del grupo Patriotas, el ala dura de la extrema derecha europea, en una asamblea general celebrada en París. Sobradamente conocido es el grueso ideológico de esta congregación: reducir la soberanía de la Unión Europea, endurecer la política migratoria y un firme rechazo al pacto verde europeo. Pues bien, los condicionantes de Vox para un eventual acuerdo de investidura en la Comunitat pasan, sobre todo, por aceptar la intolerancia con los derechos humanos y el cambio climático. Con esas notas le quieren montar una partitura al pueblo valenciano. Si finalmente lo aceptan o no dependerá de Feijóo, que es el que pilota la nave.
Sabemos que los partidos políticos son organizaciones con cierta verticalidad. Pero una cosa es que la dirección de un partido intervenga en cuestiones políticas ordinarias y otra muy distinta que las instituciones de una comunidad autónoma se negocien más allá de sus territorios, pasando por encima de sus legítimos representantes. No es lo mismo. Y eso, es lo que están haciendo actualmente con la Generalitat Valenciana. Una humillación a nuestro autogobierno. Si finalmente llegaran a un acuerdo en esos términos, aun siendo parlamentariamente legítimo, nuestra democracia quedaría viciada en dos aspectos clave: la voluntad social mayoritaria emanada de las urnas, que nada tiene que ver con los postulados de la extrema derecha, y la propia autonomía de la Comunitat Valenciana.
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