251120 Mi día, mis derechos

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Infancia, aniversario de la Declaración Universal (1959) y la posterior proclamación de la Convención de los Derechos de este grupo de edad (1989).

Se hace difícil celebrarlo cuando estos están siendo atropellados por todas partes y cuando el número de crímenes contra este colectivo crece de año en año sin que haya una respuesta internacional eficaz, capaz de poner fin a estas situaciones. En los últimos tiempos, la mayor parte de los ataques a esta convención y, por tanto, a la infancia, ha tenido lugar en los territorios palestinos ocupados, pero no se puede olvidar lo que ocurre diariamente en todos los territorios en guerra o la desgracia de aquellos que tienen que dejar su tierra para intentar salir de la miseria y el hambre.

Seguramente, respetar los derechos de la infancia implica cambiar el mundo y, aunque queda lejos de nuestras posibilidades hacerlo, podemos intentar mejorar cada día su aplicación en nuestra proximidad sabiendo que la infancia es el futuro de la humanidad y que su propio interés por el cumplimiento de estos principios es la garantía de un cambio de dinámica en la sociedad. Una parte importante de este objetivo es que los sujetos naturales de los derechos sean conocedores de estos y, por tanto, puedan reclamar su vigencia y proceder a aplicarlos ellos mismos. Es evidente que la sociedad adulta debe tener siempre presente el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y la obligación de escucharles, y la infancia debe rodear su entorno de estas características: la no exclusión por discapacidad, origen, género o condición social y el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta.

A la sociedad adulta nos corresponde educar a la infancia en la distinción entre deseos y derechos y en el reconocimiento de que la aplicación de estos conlleva la asunción de responsabilidades y el respeto a las diferencias.

Pero la sociedad adulta también debe ser consciente del derecho de la infancia a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y debe arbitrar los mecanismos para que este derecho se pueda cumplir.

En pocos ámbitos se admite que la opinión de los menores, teniendo en cuenta su edad y madurez, puede tener el mismo valor que la de los mayores y que los acuerdos para decisiones deben ser discutidos y no impuestos.

En muy pocas circunstancias importantes se concede este derecho a la población de niños, niñas y adolescentes y, sin embargo, su voz debe ser escuchada por familias, jueces, maestros, funcionarios, médicos y, en general, por todos aquellos que deben tomar medidas que les afecten y estas decisiones deben ser razonadas en función de la edad y la formación y, siempre, tratar de llegar a un acuerdo que permita satisfacer el interés superior del niño.

Dar a conocer a la población infantil cuáles son sus derechos según la Convención Internacional forma parte de las necesidades educativas que las familias y los colegios deben cumplir. Aplicar estos derechos a todas las decisiones que conciernan a la infancia es un deber de toda la sociedad. La Fundación por la Justicia, que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos humanos, incluye ese propósito en todos sus proyectos.