Le voy a dar un dato

La expresión con la que hoy encabezamos este viento, que no ventorro, siempre nos agradó y fue popularizada por la actual vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz -coalición Sumar- pues con lo que antes llamábamos “datos” y estadísticas contrastadas, tal como los refiere la también ministra de trabajo, actualmente se denomina a la obtención pseudo fraudulenta vía internet de rasgos de nuestra intimidad personal. Es más, con los datos cuantitativos y estadísticos está sucediendo como con la información en general: llegan en forma de aluvión, se manipulan o directamente se inventan, como el resto de la noria de bulos e intoxicaciones que chorrean.

Todo ello supone más trabajo de análisis, pues hay que investigar siempre sobre fuentes primigenias, mientras observamos una gravísima distorsión diaria de datos en los medios de comunicación para lanzar falsedades que provoquen bien el enfrentamiento intergeneracional, como si la riqueza y la pobreza dependiesen de la edad, o bien entre nacionales e inmigrantes con el cuento de la invasión. Hemos asistido a intentos de asustar con el máximo histórico de 49,4 millones de habitantes en 2025 respecto al censo de los setenta, pero sin reseñar que solo son cien mil más que en 2024 y que la cifra de natalidad sigue bajando, siendo líderes globales.

Lo cierto y verdad, como hemos dicho en otras ocasiones, es que el 1% de la población detenta el 26 % de la riqueza, mientras el 50 % de españoles, de todas las edades, sexos e razas o ideologías, posee el 7 %: el “telón de acero” actual está en el cervantino linaje del “tener o no tener”. El IX Informe de la fundación Foessa para Cáritas que hemos ido conociendo desde octubre advierte sobre un proceso inédito (sic) de fragmentación social en España, con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa, los quintos. En 2024 la exclusión severa creció en un 52 % respecto a 2007 y ataca a 4,3 millones de personas.

El 45 % de la población que vive en alquiler está en riesgo de pobreza -la mayor tasa de toda la UE- y la precariedad laboral afecta a 11,5 millones de ciudadanos (47,5 % de la población activa). El empleo precario, la vivienda inaccesible y una inflación en consumos y alimentos siempre muy por encima de los salarios medios suponen un ascensor social parado y donde hay más riesgo de caer al vacío que de alcanzar la media piel de toro que vive y no sobrevive. Sabemos así mismo que el cortafuegos a esa situación es la educación, esa revolución pendiente en la UE e infinitamente más en España.

Según el informe citado, un 26 % de españoles vive bajo el umbral de la pobreza -12,5 millones- y un 8 % en pobreza severa, muy alejados de los objetivos de la agenda 2030. Es más, el ingreso mínimo vital, o paguita miserable, solo llega al 64 % de quienes están en pobreza severa y al 20 % del total poblacional en exclusión social. Como ejemplo más cercano podemos señalar que en la ciudad de València, según los datos de la Agencia Tributaria sobre 2023, la renta media del barrio más rico, Pla del Remei, 95.000 euros, contrasta con su extremo más modesto, Benimàmet, con 25.000. Y es que un buen dato -bulos no, gracias- habla por sí mismo.