Desmazonizar Alicante

Supongo que muchos de ustedes estarán al tanto de la chusca situación que se vive en Alicante a cuento de las obras sin licencia que la Cámara de Comercio ha hecho en el puerto y que están paralizadas desde que hace meses se denunció la situación por orden de los funcionarios de Urbanismo del Ayuntamiento. En todo caso, para refrescarles la memoria, de la Cámara de Alicante es director general en excedencia Carlos Mazón y la preside quien tras la dana se declaró en un acto público “su hermano”, Carlos Baño, que llegó al puesto gracias a la intensa movilización que el PP hizo para colocarle ahí frente a la incomprensible inacción, ante una maniobra política tan grosera, del gobierno del Botànic.

Mucho antes de eso, la entidad compró y rehabilitó un edificio singular, portal de entrada a la ciudad desde el mar, el antiguo hotel Palas, en cuya adquisición y  acondicionamiento gastó más de veintidós millones de euros, sufragados en parte de forma directa y en parte indirecta, con fondos públicos. Pero después se fue de allí y alquiló al Ayuntamiento dicho inmueble, a razón de 600.000 euros al año. Durante una década, eso es lo que se ha abonado, otra vez con fondos públicos, mientras la Cámara se aposentaba en unas oficinas más modestas y hacía caja.

Alentado por la que creía segura (y acertó) victoria de su “hermano” en las elecciones que se iban a celebrar en 2023, Baño decidió apañar  una nueva sede, esta vez dentro del Puerto y con preciosas vistas a la dársena, operación que también pensaba financiar con el dinero de todos los contribuyentes, ya sean de Alicante, Valencia o Castellón. Así que se gastó tres millones de euros en adecuar a sus gustos y los de su vicepresidente primero, el conocido empresario Jesús Navarro, esa nueva sede, pese a que no es propiedad de la Cámara sino del constructor Enrique Ortiz, dueño en sociedad del antiguo centro comercial Panoramis, ahora reconvertido en espacio de oficinas, que es el arrendador. 400.000 euros al año de alquiler, más esos tres millones, mínimo, gastados en reformar a todo trapo un espacio que no es tuyo pero al que le has puesto hasta escaleras de caracol de madera noble. Pon otra ronda, amigo, que ya veremos quién la paga. Pero el caso es que desde el principio sabíamos quién, porque en paralelo, el Gobierno autonómico presidido por Carlos Mazón incluyó en sus presupuestos esos tres millones de euros, a escanciar en dos anualidades.

El cuento empezó a truncarse cuando se descubrió que las instalaciones no tenían licencia e incumplían la normativa legal vigente por haber excedido con mucho el cubicaje permitido, algo certificado en primera instancia no ya por el Ayuntamiento, sino por los propios técnicos de la Generalitat, que informaron negativamente sobre el  desembolso de las cantidades comprometidas tras constatar las irregularidades. El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, nombrado por Mazón y que a su vez colocó a Baño como vicepresidente del Puerto, que por acción u omisión había permitido el exceso, trató luego de ponerse de perfil ante la infracción que se había cometido en su propio suelo. Pero después de alguna conversación con la Abogacía del Estado, en la que al parecer se le explicó que en los casos de prevaricación, si un tribunal sentenciara que la habido, se responde con el patrimonio personal, optó por hacer prácticas de submarinismo: en medio de la polémica más intensa en que se ha visto envuelto en los últimos años la entidad que dirige, Rodríguez hace meses que permanece sumergido y no dice esta boca es mía mientras va viendo pasar inspecciones.

Entre tanto, la cúpula de la Cámara ha desplegado en los últimos meses una campaña de descrédito tanto del alcalde de Alicante, Luis Barcala, como del periódico que desveló la falta de licencia, INFORMACIÓN, perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que Levante-EMV y Mediterráneo de Castellón. Para presionar, después de diez años han desahuciado al Ayuntamiento de Alicante del edificio que le tenían alquilado, obligándole a trasladar a otras instalaciones los servicios que prestaba al ciudadano en apenas tres meses, al mismo tiempo que cuentan con la Diputación, que preside el máximo responsable del PP en la provincia, Toni Pérez, para que sea esta la  que se haga cargo de los cuantiosos ingresos que así pierden, compensándolos a través de la empresa tributaria Suma, bien comprando el edificio bien alquilándolo. Como verán, en una entidad que pregona el libre mercado, no hay operación en la que no sean los contribuyentes  los que  acaben pagando la fiesta.

La situación, puro sainete de pueblo si no fuera por los personajes involucrados y las cantidades que se manejan, se ha convertido en las últimas semanas en un asunto político de primera magnitud, aunque desde fuera de Alicante todavía no se esté apreciando la dimensión completa del follón. Con motivo de la fiesta que anualmente celebra la Cámara de Comercio, y que este año quisieron hacerla coincidir con el 20 de noviembre, los gerifaltes de ésta han incrementado el nivel de presión hacia el alcalde de Alicante, Luis Barcala, hasta extremos nunca vistos, con la intención de que imponga su autoridad para torcer el criterio de los técnicos municipales, diga lo que diga la normativa. Hay mensajes circulando en grupos de whatsapp y en otros chats privados pero que se van conociendo, que sólo pueden interpretarse como amenaza a una autoridad para que permita una ilegalidad si no quiere atenerse a las consecuencias. Leyendo esos mensajes, seguramente muchos concluirían que se trata de un caso palmario de intento de extorsión a un cargo público, aunque eso es algo que quedará, en todo caso, en manos de la justicia determinarlo, si es que finalmente se llega a ese punto, cada vez más cercano.

Como consecuencia, Barcala no acudió a la fiesta de la Cámara. Y lo que hizo Baño es preparar un discurso contra él, que luego no leyó pero distribuyó a los periódicos para que lo publicaran como si lo hubiera hecho. Todos menos INFORMACIÓN así cumplieron.

La situación, con tal nivel de intimidación a quien representa a todos los alicantinos, es probable que termine por dar pie a una investigación de oficio de la Fiscalía, que sólo con los mensajes que circulan tiene lectura para rato. Pero la cuestión es que en la fiesta de la Cámara, aplaudiendo a Carlos Baño, estuvieron ocho consellers. Todos están en funciones, es verdad. Y no sabemoscuántos de ellos seguirán a primeros de diciembre en el cargo, también es cierto. Pero es que fueron a un acto al que no acudió, por dignidad, el alcalde de la segunda ciudad de esta comunidad, de su mismo partido. Y eso se lo deberían hacer mirar. Porque en este caso, el alcalde de Alicante, defendiendo el cumplimiento de la legalidad, está defendiendo a todos sus vecinos. De donde sólo cabe deducir que el Consell en funciones defiende a sus amigos. O, por mejor decir, a los amigos de Mazón, sin ser conscientes ni siquiera, por falta de interés o de capacidad, de lo que están haciendo.

Todo lo anterior es muy grave. Pero la cuestión política de mayor recorrido es que al alcalde de la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana, miembro de la ejecutiva nacional del PP, se le está tratando de amedrentar  desde la presidencia de una entidad de la que Carlos Mazón es empleado. Una entidad de derecho público, sujeta al tutelaje de la Generalitat, sin que la consellera del ramo, Marián Cano, haya intervenido. ¿Considera Cano que hay que seguir apoyando a Baño y llamar al orden a Barcala? ¿Cree la consellera que las infracciones a las leyes deben aceptarse dependiendo de quien las cometa? ¿Lo comentó con el presidente en funciones Mazón en el restaurante El Xato de La Nucía el viernes, en la comida que celebraron junto con otros futuros exaltos cargos del Consell?

Si nada cambia, Juan Francisco Pérez Llorca, que ni fue invitado a esa comida de La Nucía ni a la que el lunes anterior reunió en Madrid a otros altos cargos, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, para consolar a Mazón tras su comparecencia en el Congreso, presidirá la Generalitat tras ser investido este jueves en primera votación con el apoyo de Vox. Tiene justo año y medio para consolidar su posición, remontar las encuestas y jugar con cartas ganadoras para el PP las próximas elecciones, o hundirse. La circunscripción de Alicante, donde Mazón va a refugiarse, será clave para el resultado final, porque fue donde en 2023 el PP le sacó nada menos que diez puntos al PSOE. Pero precisamente por eso, si hay una provincia donde la “desmazonización” para el PP en general y para Llorca en particular, es más importante, esa es Alicante, donde Mazón ha colonizado las entidades empresariales, los colegios profesionales y lleva camino, pese a su desgracia, de hacerse por la puerta de atrás incluso con la Universidad, tradicional foco de resistencia al poder político, fuera este del color que fuera. Es un trabajo de orfebrería el que Llorca tiene por delante para desmontar una manera de gobernar que en tan poco tiempo ha contaminado tanto. Lo paradójico es que, si quiere hacerlo, se va a encontrar enfrente lo mismo al club de amigos de Mazón, del que ya ha sido expulsado, como a la legión de enemigos del ya expresidente. Como dice la jota, si canto me llaman loco y, si no canto, cobarde.

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