La presidencia de la Generalitat y el Pacto Verde Europeo

Este jueves se celebra en les Corts Valencianes el pleno de investidura a la presidencia de la Generalitat. Tras la dimisión de Carlos Mazón como president (no como diputado: se muda del poder ejecutivo al poder legislativo valenciano, resguardando, por tanto, su condición de aforado), se activa el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el que regula la investidura a la presidencia después de cada renovación de les Corts “y en los otros casos en los que así proceda”, como es este caso.

La investidura en primera votación requiere la mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros de les Corts y, en caso de no conseguirse, se celebraría una segunda votación cuarenta y ocho horas después en la que sería suficiente la mayoría simple (más votos positivos que negativos). Dado que el grupo parlamentario popular cuenta con cuarenta diputados y diputadas y los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, suman cuarenta y seis escaños, el candidato Pérez Llorca necesita sí o sí el apoyo del grupo parlamentario de VOX para ser investido. Dado que nuestras Corts tienen noventa y nueve escaños, en primera votación serán necesarios diez votos de VOX (de los trece con los que cuenta) y, en segunda —llegado el caso, por eso de mantener el suspense—, siete votos. Me disculparán por esta introducción técnica, de seguro conocida por quien lee este diario, pero no me resistía a referirme a nuestro Estatuto de Autonomía: ya saben, por aquello de valencianizar algo que parece cocinado en Madrid.

No conocemos pacto formalizado, pero al parecer VOX exige al candidato Pérez Llorca, entre otras cosas, un rechazo tajante al “Pacto Verde Europeo”. No sé si sabrá el partido de extrema derecha lo que es exactamente el Pacto Verde Europeo: el Pacto Verde Europeo, aprobado en 2019, es un paquete de medidas en los ámbitos del clima, la energía, los transportes y la fiscalidad mediante el cual la Comisión Europea pretende alcanzar dos objetivos: para 2030, la reducción en un 55% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990; para 2050, la neutralidad climática, esto es, el cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero.

Adoptado un mes después de que el Parlamento Europeo declarara la situación de emergencia climática y medioambiental, el Pacto Verde Europeo se presentó como una de las prioridades políticas de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen, quien llegó a calificarlo como el momento “hombre en la luna” de Europa. El Pacto Verde Europeo sitúa a la Unión Europea en la vanguardia mundial de la lucha contra el cambio climático y en la configuración de la defensa de la naturaleza como un valor propio de Europa.

El Pacto Verde Europeo fue aprobado formalmente como una “Comunicación” de la Comisión, es decir, como un instrumento de soft law que no tiene eficacia jurídica directa, sin perjuicio de las concretas medidas vinculantes a que pueda dar lugar. En concreto, en el marco del Pacto Verde Europeo se han aprobado dos relevantes normas jurídicas. Por un lado, el Reglamento (UE) 2021/1119 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática, también llamado “Reglamento europeo sobre el clima”, que traduce en obligaciones jurídicas específicas lo políticamente proclamado en el Pacto Verde Europeo. Por otro lado, el Reglamento (UE) 2024/1991, conocido como “Ley europea de restauración de la naturaleza”, que articula las medidas necesarias para regenerar los ecosistemas degradados y contribuir a lograr los objetivos climáticos y de biodiversidad.

Volvamos a nuestra investidura: ¿qué le está exigiendo exactamente VOX al alcalde de Finestrat a cambio de sus votos? Si le está exigiendo que incumpla normas jurídicas vinculantes, nos enfrentaríamos ante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento del Derecho de la Unión, además de protagonizar un ataque al Estado de Derecho al más puro estilo Orbán. Si le está exigiendo que rechace las ayudas y subvenciones que la Comisión Europea concede a través de los fondos FEDER y el Fondo Social Europeo estaría condenando a la Comunitat Valenciana a pérdidas de oportunidad millonarias. Si le está exigiendo que realice una simple declaración de intenciones o simbólica, atención, porque no por ello es menos grave.

El ser humano se enfrenta a una crisis ecológica sin precedentes. La sociedad mundial está ya sufriendo las consecuencias de décadas de actitud depredadora hacia el medio ambiente. El cambio climático provocado por la emisión incontrolada de gases de efecto invernadero a la atmósfera por parte de la actividad industrial se está traduciendo en el aumento de la temperatura del planeta, el deshielo de los polos, la subida del nivel de los océanos y fenómenos climáticos extremos como olas de calor y de frío cada vez más intensas y frecuentes, sequías o lluvias torrenciales. La terrible DANA del 29 de octubre de 2024 trajo a nuestro país lo más terrible del cambio climático, llevándose centenares de vidas humanas.

El negacionismo climático es extraordinariamente peligroso porque contribuye a un discurso, que cala en la sociedad, según el cual es posible discutir la evidencia científica objetiva, y rechazar el cambio climático o la crisis ecológica, apelando al derecho de libertad de expresión. Un discurso que se traduce en votos, unos votos que se traducen en políticas, unas políticas que pueden acabar con las pocas oportunidades que todavía nos quedan de salvar el planeta.

Los poderes públicos deben velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Lo exige el artículo 45 de la Constitución. La Generalitat debe proteger el medio ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos y otras áreas de especial importancia ecológica. Lo exige el art. 17.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Defendamos las políticas de transición ecológica, de restauración de los ecosistemas, de reducción de las emisiones de gases invernadero. Lo exigen el planeta, la naturaleza y el sentido común.