Violencia de género en las universidades: una agenda en construcción

Las universidades —espacios por excelencia del pensamiento crítico— no están exentas de las desigualdades y violencias que atraviesan al conjunto de la sociedad. También en ellas se reproducen relaciones de poder y desigualdades de género que vulneran los derechos fundamentales de las estudiantes, profesoras, investigadoras y trabajadoras de los servicios técnicos y administrativos.

La creación de mecanismos de escucha y acompañamiento a las víctimas de violencia de género ha acompañado la consolidación de las Unidades de Igualdad en las universidades. Estas han impulsado protocolos específicos y, en algunos casos, la incorporación de servicios de atención psicológica y jurídica. Sin embargo, estas violencias —ya sea en sus formas físicas o psicológicas, o a través del acoso sexual, el trato desigual, el desprecio simbólico o la exclusión de redes académicas— siguen estando presentes en los pasillos, los despachos y las aulas.

El problema se agrava cuando la violencia de género se invisibiliza o se silencia. La experiencia acumulada demuestra que la mera existencia de un protocolo no garantiza su eficacia. A menudo, los procedimientos resultan complejos, poco conocidos o no generan la confianza necesaria para la denuncia. En ocasiones, son percibidos como excesivamente garantistas con las personas en posiciones de poder, y no pocas universidades temen que la visibilización de determinados casos afecte su buena imagen institucional. Ese temor puede obstaculizar los procesos de justicia y reparación.

En este contexto, las víctimas experimentan un conflicto que suele ser paralizador: sienten un profundo malestar, tienen dificultad para nombrar lo vivido como violencia, miedo a ser desacreditadas o que su denuncia pueda acarrear consecuencias académicas, laborales o reputacionales. La violencia opera, así, no solo en el plano de los hechos, sino también en el de las emociones y la autopercepción, generando culpa, vergüenza y aislamiento. A su vez, la inacción refuerza posiciones de violencia e impunidad. Este conflicto se agrava en entornos poco permeables a la escucha o a la denuncia. En algunos casos, se produce el abandono de la trayectoria —ya sea estudiantil o académica—, una decisión que no suele ser libre, sino una forma de autoprotección frente a contextos que se vuelven insostenibles. La renuncia académica, por tanto, constituye también un acto triste de resistencia silenciosa.

Las Unidades de Igualdad en las universidades han de procurar —y procuran— reducir los márgenes de tolerancia social frente a la violencia. Sus objetivos no deben limitarse a sancionar conductas de acoso o discriminación, sino que deben orientarse también a transformar las condiciones y resistencias culturales e institucionales que las posibilitan. Por ello, los protocolos deben adoptar un enfoque integral que combine prevención, sensibilización, atención y reparación, complementado con una formación continua en igualdad y violencia de género para toda la comunidad universitaria. Solo así la universidad podrá convertirse en un espacio de confianza, libertad y desarrollo pleno para quienes la habitan.

Del mismo modo, resulta fundamental promover espacios de participación y debate que permitan establecer criterios más democráticos y justos, generando instancias de reflexión sobre relaciones igualitarias, prevención del acoso sexual y violencias de género. Es necesario impulsar campañas que conecten con las experiencias reales del alumnado —las fiestas universitarias, las redes sociales, la convivencia en residencias—, e incorporar de forma sistemática la perspectiva de género en todos los planes de estudio.

Finalmente, las universidades, como firmantes del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, tenemos la responsabilidad de instar al gobierno valenciano a su renovación y al cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos. El Pacte no puede diluirse ni quedar reducido a una declaración simbólica: representa conquistas colectivas que ampliaron derechos y reconocieron la violencia de género como un problema estructural. Volver a categorías como “violencia doméstica” supondría un retroceso.

Las universidades —a través de sus Unidades de Igualdad y de los institutos de investigación en género— hemos de seguir siendo referentes en la construcción conceptual de la violencia, visibilizando sus manifestaciones, como las violencias económicas y vicarias recientemente incorporadas al Pacte. En ello, las universidades tienen un papel insustituible: promover pensamiento crítico, generar conocimiento comprometido y contribuir a una cultura académica que haga de la vida universitaria un espacio seguro, libre, feminista y verdaderamente igualitario.