No pagar la manutención también es violencia machista

¿Qué hace usted en una hora? Si alguien le preguntara a qué dedica sesenta minutos de un día cualquiera, usted contestaría, por ejemplo, que va al gimnasio, a llevar a los hijos o nietos a la guardería, a tomarse relajadamente un café, a teclear en la oficina o a conducir un camión. Una hora da para mucho o para poco, en función del estrés o el flow de vida que lleve uno. Pero si le digo que en la Comunitat Valenciana, en una hora, en una sola hora, tres mujeres denuncian una agresión machista, la cosa cambia. Cada 20 minutos, para ser exactos, un hombre golpea, insulta o amenaza a una mujer por el mero hecho de ser mujer o, más exactamente, por considerarla 'su' mujer. Si hacen el cálculo, el resultado apabulla: 75 denuncias en un solo día. Y así, jornada tras jornada, el horror. La violencia contra la mujer es la dana que no cesa.

Y no cesa por muchos motivos, pero hoy me gustaría señalar uno especialmente: aquel que sitúa en lugares de decisión y responsabilidad a diputados y diputadas, ediles y edilas, jueces, docentes y hasta periodistas que niegan que esta violencia exista. Cada vez que elegimos a un determinado concejal para que nos represente en nuestro pueblo y éste bloquea iniciativas igualitarias, invisibiliza acciones públicas de rechazo contra el machismo o ningunea a sus compañeras de corporación, estamos contribuyendo a que esta barrancada de menosprecio arraigue más en nuestra sociedad. Cada vez que elegimos a un determinado diputado o diputada para que impulse leyes que limiten los derechos de las mujeres, victimicen al agresor y directamente impidan medidas de calado para mejorar la protección de la vida de ellas y sus hijos, reforzamos el embarrado mensaje de que sus vidas valen menos. Y cada vez que damos pábulo a ciertos voceros e influencers que cuestionan la veracidad del relato de las víctimas, que lanzan bulos repletos de mentiras y datos incorrectos o que se mofan de las denuncias y reivindicaciones de las asociaciones feministas, ayudamos a ahogar hasta la asfixia los gritos de las mujeres agredidas.

Cuando las mujeres dependían económicamente de sus maridos, la libertad e independencia eran un anhelo más que una realidad. Ahora que muchas de ellas tienen su trabajo y una vivienda compartida en propiedad, la violencia llega a través de la cartilla del banco. Es decir: no pago la manutención de mis hijos, no pago mi parte de la hipoteca y te quedas sin piso, no acudo a recoger a mi hijo al colegio y hago que te retrases en tu entrevista de trabajo... Así, te condeno a la pobreza económica, a estar atada a mí desde la angustia de saber que no llegarás a fin de mes, que los números no te dan, que te pueden amenazar con un desahucio o con que no te volverán a llamar desde ese trabajo al que no dejaste de faltar para atender a tus hijos sola.

Cada golpe que un padre le dio a su hija durante años le costó, en sentencia, 0,69 céntimos. Lo cuenta hoy mismo mi compañera Mónica Ros. Una tortura sin fin que llevó a dos niñas de 12 y 9 años hasta el cuartel de la Guardia Civil para decir basta. Basta porque habían recibido una formación en el colegio que les hizo ver que aquello que pasaba cada día en su casa no era normal y que la educación importa. Igual que importa que la Conselleria de Sanidad reduzca los procesos para detectar una agresión en los centros de salud valencianos. Todo suma y todo resta. Porque todo son decisiones políticas, decisiones que salen de salones de plenos y hemiciclos. Poner diques y presas a la dana de violencia machista que nos inunda cada día empieza en los escaños y en quienes los ocupan. Y estos tienen nombres y apellidos, como las víctimas, como los agresores.

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