Adelanto electoral: cuando las circunstancias pesan más que las consecuencias

Hay decisiones que nacen del agobio, no del cálculo, que se toman porque el presente se percibe más preocupante que el futuro, aunque el futuro sea probablemente peor.

En política, este tipo de decisiones no suelen producirse con frecuencia. Los políticos, en general, suelen tener demasiado temor a las consecuencias de sus actos y decisiones, a que puedan ocasionarles perjuicios más o menos graves en el futuro, en su futuro (el suyo y el de su partido), más que en el de los ciudadanos. Pero, en ocasiones, sí que se toman determinaciones arriesgadas, impulsadas por la situación de desbordamiento que se siente. Y, en política, pocas resoluciones revisten tanta carga dramática como la convocatoria de elecciones anticipadas, sobre todo cuando casi todos los indicadores demoscópicos auguran una derrota. En la historia democrática española reciente hay algunos ejemplos, como en 1982 con la UCD y en 2011 con el Gobierno Zapatero.

En España, el único que tiene atribución para convocar un adelanto electoral es el presidente del Gobierno (estatal o autonómico), y es de suponer que lo hace (o sopesa hacerlo) cuando se halla en una situación de fuerza (para renovar o ampliar apoyo legislativo) o de debilidad (cuando se encuentra acorralado por una combinación de desgaste, bloqueos o acosos políticos y personales).

Un tablero bloqueado

La legislatura actual en el Congreso de los Diputados está atravesando desde hace meses una crisis permanente debido a la fractura de la mayoría parlamentaria que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. A la dificultad para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se une el bloqueo sistemático de grandes reformas y la asfixia producida por el constante clima de polarización extrema. Un clima que se extiende a la sociedad, con una ciudadanía que mayoritariamente ya no compara políticas, sino relatos alternativos y de salida a una situación que se percibe adversa, a pesar de que la macroeconomía va como un tiro.

Los sondeos demoscópicos pronostican una derrota electoral del PSOE y una mayoría absoluta del bloque PP-Vox, a excepción de los del CIS, que son un espejo mágico por resultar científicamente objetivos para quienes salen bien parados y un esperpento cocinado para quienes se ven perjudicados. Pero las encuestas son pronósticos, no aciertos, y la política no es un concurso de pronósticos, sino de mayorías contables.

En cualquier caso, lo cierto es que el país se encuentra en un momento de gobernabilidad inestable y, aunque el mandato de Sánchez (salvo moción de censura improbablemente victoriosa) no concluye hasta mediados de 2027, ciertamente no puede tomarse como un cheque en blanco con el que el Gobierno pretenda sobrevivir a base de decretos y eventuales aprobaciones de leyes menores. Pero tampoco el Gobierno debe ser rehén del pánico.

El dilema de Sánchez: miedo o esperanza

Sánchez ha demostrado ser un político resiliente, capaz de revertir situaciones dadas por perdidas y evitar el jaque mate inminente con maniobras inesperadas, audaces, temerarias a veces. Sánchez se enfrenta ahora a un dilema ético: gobernar el miedo o gobernar la esperanza.

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, de producirse, no debería ser un desesperado lanzamiento de dados ni una huida hacia delante, sino un intento de reordenar el tablero político cuando la inercia ya no permite gobernar ni explicar, cuando las circunstancias superan a las consecuencias, aunque las consecuencias puedan ser opuestas a las deseadas.

El adelanto electoral debe ser un acto de responsabilidad estratégica que busque lo mejor para el país mediante una clarificación democrática inmediata, pese a que las condiciones sean adversas para quien convoca el adelanto. Pero, esta responsabilidad al devolver la palabra al ciudadano para revalidar o replantear mayorías en un contexto sobrecalentado, también puede ser una temeridad si el adelanto no se acompaña de acuerdos que blinden mínimamente los pilares democráticos esenciales.

La convocatoria de elecciones anticipadas obligaría a la oposición a definirse, marcando diferencias o afirmando afinidades entre PP y Vox. Al mismo tiempo, tendría como objetivo reagrupar al bloque progresista ante la amenaza de un gobierno con miembros ultraderechistas, activando mecanismos de protección de votantes desmovilizados y en élites culturales, sindicales y territoriales que, por cálculo o tedio, se habían distanciado de los partidos de izquierda. Con esto último, también se haría una llamada a la responsabilidad de los votantes de izquierda y centro-izquierda, incluso de los de derecha moderados. Se forzaría a los ciudadanos a una elección entre el bloque progresista frente al binomio PP-Vox. Una estrategia esta de máxima polarización con la que se buscaría que el miedo a la ultraderecha funcione como el último y más potente revulsivo electoral.

El riesgo de gobernar desde el pánico

Es legítimo advertir en una deliberación democrática sobre retrocesos en derechos, amenazas centralizadoras y propuestas reaccionarias, pero si el mensaje se agota en el miedo, se erosiona la promesa de futuro propio. Una ciudadanía saturada de advertencias necesita, además, un para qué. He ahí el equilibrio necesario y tan delicado que ha de encontrarse: movilizar por responsabilidad sin caer en el catastrofismo que inmuniza a los indecisos, porque el exceso de alarma desactiva, en tanto la dosis justa de riesgo unida a propuestas atractivas, moviliza. No se trata de sobrevivir, sino de reconstruir un sentido de futuro.