Después de Mazón

Cualquier persona interesada en lo que ocurre en nuestro entorno más próximo podría llegar a concluir que lo que ocurre en la Comunidad Valenciana y en el resto de España es muy similar a lo que ocurre en el conjunto de la Unión Europea: la existencia de un creciente malestar difuso, pero muy real, consecuencia de procesos de desposesión y expulsión (geográfica y metafórica) que afecta a amplios sectores de clases medias y trabajadoras. Procesos que generan un creciente sentimiento de inseguridad material y cultural y la percepción de no ser atendidos ni escuchados por los grandes partidos tradicionales que todavía organizan la vida política en esta parte del mundo. La sensación de pérdida y de cierta añoranza de un tiempo pasado es más poderosa que la aspiración de un futuro mejor. Este malestar viene de lejos, se ha ido gestando y agudizando desde el inicio del siglo XXI y es tan real como reales son los procesos de precarización de nuestras sociedades y está en la base del crecimiento de partidos nacional populistas que, ante la incomparecencia del “sistema”, han sabido leer mejor que nadie la existencia de un descontento que se ha ido traduciendo en actitudes antisistema.

Si nos situamos en la escala regional, cualquier ciudadano interesado en las fuentes del malestar y en sus implicaciones políticas, podría comprobar el verdadero alcance del problema y de los retos formidables que habría que abordar con urgencia. Veamos algunas evidencias recientes, todas disponibles, a partir de lo conocido solo durante las últimas semanas.

El 25 de noviembre pasado se hizo público el IX informe FOESSA. Una radiografía extraordinaria del proceso de precarización estructural de la sociedad española que deberían leer con mayor atención los profetas del éxito de la economía española. Allí se afirma que las clases medias suponen 15 puntos menos que en 1994. Se muestra que la precariedad laboral afecta al 47 % de la población activa (11,5 millones), que el 11% de trabajadores está en riesgo de pobreza, que vivienda inaccesible y empleo precario son los grandes motores de la exclusión, que la infancia y la juventud son los grandes perdedores y que no fallan las personas, sino el sistema.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, vino en noviembre a València para no decir nada en concreto, al igual que hicieron antes otros cuatro ministros que le precedieron. No hubo compromisos ni en los plazos de ejecución del Corredor Mediterráneo, que incluso puede demorar la conexión hacia Europa de la gigafactoría de Sagunt que debería estar concluida en junio de 2026, ni sobre el túnel pasante (si es que llega a ejecutarse) y mucho menos en la parte de movilidad metropolitana. Una competencia compartida con el gobierno regional que está completamente desatendida afectando a decenas de miles de ciudadanos que sufren cada día el caos permanente del transporte público metropolitano. Mientras tanto, España lleva gastados 70.000 millones de euros en el AVE.

El 28 de noviembre, el Consejo de la Juventud de España y el Consell Valencià de la Joventut presentaron en València el Informe del Observatorio de Emancipación correspondiente al segundo semestre de 2024, así como el informe sobre el mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana. Dos magníficos informes cuya lectura recomiendo y a los que no se ha prestado la debida atención, salvo algunos medios concretos. El día de su presentación, a excepción del director general de vivienda, del responsable de Institut Valencià de la Joventut y de una diputada de Compromís, ningún representante democrático vino a acompañar y a conocer de primera mano las importantísimas conclusiones y recomendaciones. Confío en que la asistencia sea más nutrida el próximo día 11 de diciembre, con motivo de la presentación del Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana.

Ese mismo día 28 de noviembre, con motivo de la conmemoración del 25 aniversario del asesinato de Ernest Lluch por ETA, dos prestigiosos economistas de la Universitat de València, Rafael Boix y Joaquín Maudos, ofrecieron sendos diagnósticos de la situación socio-económica de la Comunitat Valenciana. Argumentaron las razones que explican dónde están nuestros principales problemas, por qué estamos por debajo de la media española en los principales indicadores que explican la brecha de productividad de la Comunitat Valenciana y por qué somos también más pobres que la media, aunque estemos creando más empleo. Esta es la realidad.

Un día antes, el diputado Pérez Llorca obtuvo la mayoría del parlamento regional para ser nuevo President de la Generalitat Valenciana y el 2 de diciembre asumió esa enorme responsabilidad. De la atenta lectura de sus dos primeros discursos se pueden extraer pocas conclusiones. El primero, un discurso pobre, poco preparado y sin profundidad estratégica, tal vez por no haber tenido ni tiempo ni equipo para ofrecer lo que debiera haber sido un programa de gobierno de largo aliento para la Comunitat Valenciana, quedó limitado, en lo fundamental, a hacer suyas todas las reivindicaciones del partido Vox, excepto en materia de lengua. El segundo, fue un breve discurso de trámite. Paradójicamente, esa misma mañana el presidente de la Cámara de Comercio dijo mucho más sobre nuestra agenda de futuro, nuestras debilidades y fortalezas, que el propio President de la Generalitat.

En consecuencia, después del pésimo desempeño político y moral del ex-presidente Mazón, más allá del cambio de formas y talante, de intentar devolver a la institución la reputación institucional perdida y de recomponer relaciones con otros gobiernos, ahora inexistente, todo ello muy de agradecer, no sabemos cuáles serán los grandes ejes de la acción de gobierno. Pero subyacen dos grandes dudas que oscurecen la posibilidad de que pueda abrirse un nuevo tiempo político que aborde algunas de las causas profundas del malestar social.

En primer lugar, y a la vista de los diagnósticos, debido a la gran contradicción existente entre las necesidades reales de la Comunitat Valenciana y el pacto con Vox. Una formación que defiende las tesis de la internacional reaccionaria, contrarias al propio ideario liberal conservador y a los valores y principios del proyecto político europeo, impulsado y sostenido por conservadores, liberales, demócrata-cristianos, verdes y socialdemócratas. En un contexto de emergencia democrática, abrir la puerta al nacional-populismo desde los partidos conservadores es una gran temeridad, puesto que su agenda no es compatible con el modelo social y la agenda europea. El mayor adversario del liberalismo es precisamente el nacional-populismo y el mayor riesgo (geo)político para Europa viene de la mano de esa internacional reaccionaria, con sede central en EEUU y que cuenta con fuerzas de extrema derecha en Europa, a las que apoya de forma explícita, para erosionar el proyecto europeo y para desnaturalizar la democracia hasta hacerla irreconocible. Estas formaciones se han convertido en laboratorios para explorar el nivel de resistencia o de apoyo a sus discursos simples, pero eficaces. Todo ello sin necesidad de formar parte de gobiernos, puesto que, en términos electorales, les resulta más rentable capturar las agendas de gobierno de partidos conservadores, como se ha demostrado en València.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la única forma de hacer frente al malestar social es mediante políticas concretas que mejoren las vidas de amplios sectores sociales precarizados. Sería urgente explorar espacios de acuerdo para, al menos, consensuar algunas de las líneas estratégicas pendientes. Por ejemplo, hay margen para acordar entre gobierno de la Generalitat y oposición de izquierdas en materia de vivienda, movilidad, seguridad, gobernanza metropolitana o en la tarea de reconstrucción de territorios afectados por la DANA de forma coordinada. Ninguna de estas cuestiones es políticamente divisiva y todos los actores políticos ganan, salvo la extrema derecha, porque gana el conjunto de la sociedad. Eso obliga a abandonar la política pequeña para, al menos, dar una oportunidad a la pequeña política. Pero en un momento en que se inicia un largo periodo electoral que arranca en Extremadura y se prolonga hasta mayo de 2027, se antoja imposible, salvo que los actores políticos abandonen sus discursos de trinchera, su forma de entender la política y la propia democracia y apuesten por habilitar espacios institucionales que permitan recuperar el diálogo político y recomponer lugares comunes de encuentro. Porque no hay tiempo que perder. Porque el tiempo malgastado en incentivar el ruido y la furia, solo beneficia a los adversarios de la democracia. Porque los discursos basados en trazar líneas rojas, se ha demostrado inútil en toda Europa. Porque la única forma de recomponer alianzas y devolver confianza y esperanza, es impulsando políticas concretas que ofrezcan seguridades a aquellas amplias capas sociales que han perdido la confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones. Si se impone la confrontación al diálogo, cuando despierten de las elecciones autonómicas de 2027 el monstruo seguirá ahí. Pero más grande.