Europa ante Ucrania: un paso fiscal adelante y una oportunidad política perdida

La decisión del Consejo Europeo del 18 de diciembre de 2025 de recurrir a la emisión de deuda común de la Unión Europea para conceder a Ucrania una ayuda financiera de 90.000 millones de euros, respaldada por el presupuesto comunitario, merece una valoración positiva. Se trata de una medida fundamental para que Ucrania mantenga el funcionamiento del Estado y continúe su esfuerzo de defensa frente a la agresión no provocada de Vladímir Putin, lo que no solo amenaza la soberanía ucraniana, sino también la seguridad del conjunto de Europa. Con este dinero, Kiev puede financiarse durante al menos dos años más. El plan además limita la posibilidad de que Ucrania se vea forzada por Trump a aceptar condiciones intolerables para firmar la paz con Rusia.

Dado que Ucrania solo está obligada a devolver el préstamo en caso de que Rusia pague reparaciones de guerra, debe quedar claro que supone una subvención que será asumida por el margen no utilizado del presupuesto de la UE, o bien más dudosamente dada la férrea oposición belga, por los activos financieros rusos congelados. Hungría, Eslovaquia, y Chequia se apartan cosméticamente del plan ya que aunque no otorguen garantías para la emisión de deuda, ésta se emite por la UE y con cargo a su presupuesto. Solamente si éste resultara insuficiente se activarían las garantías, lo que no será el caso porque el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 dispone de una capacidad de gasto de unos 400.000 millones de euros.

Más allá de su dimensión inmediata, esta decisión constituye además un nuevo paso significativo —tras la emisión de eurobonos del NextGenerationEU— en la construcción de una auténtica capacidad fiscal europea. Confirma, una vez más, que solo en momentos de crisis existencial la Unión es capaz de actuar más allá de los estrechos márgenes de la ortodoxia intergubernamental. La emisión de deuda común deja de ser una excepción para convertirse, de facto, en un instrumento recurrente cuando están en juego intereses estratégicos fundamentales. Pero esto solo será sostenible si la UE pueda captar recursos propios y no depender de las contribuciones nacionales.

Con todo, este avance se ve empañado por una grave carencia política. El Consejo Europeo no ha sido capaz de acordar, por el momento, el uso de los activos congelados del Estado agresor para financiar la defensa y la reconstrucción de Ucrania, aunque se dice que se seguirá examinando. Esta omisión supone una doble oportunidad perdida: por un lado, para aliviar la carga financiera que recaerá a largo plazo sobre los contribuyentes europeos; por otro, para enviar una señal política clara y creíble tanto al Kremlin como a quienes, dentro y fuera de Europa, cuestionan la determinación europea, incluida la actual administración estadounidense de Donald Trump.

Las conclusiones del Consejo ponen de relieve, una vez más, la insostenibilidad política del principio de unanimidad, especialmente cuando algunos dirigentes nacionales actúan de facto como aliados de Moscú. Frente a desafíos estratégicos de esta magnitud, los arreglos ad hoc y las soluciones de emergencia están alcanzando su límite. La unidad efectiva de acción europea solo puede lograrse explotando plenamente las posibilidades de votación por mayoría cualificada ya previstas en los Tratados y, en última instancia, mediante una reforma de los propios Tratados que dote a la Unión de las competencias necesarias para actuar con eficacia y con plena legitimidad democrática. En este sentido, el recurso continuado al procedimiento de emergencia del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que esquiva la unanimidad debería ir acompañado de un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo que refuerce el control democrático del mismo.

En este contexto, resulta imprescindible que el presidente del Consejo Europeo sitúe en el orden del día de la próxima reunión de esta instución la activación de las disposiciones sobre Defensa Común del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, así como el seguimiento efectivo de la propuesta de reforma de los Tratados conforme al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea remitida en noviembre de 2023 por la Eurocámara. Solo así lograremos pondremos fin a nuestra dependencia de Washington.

Por último, corresponde al Parlamento Europeo asumir plenamente su responsabilidad política y liderar la convocatoria de una Asamblea Parlamentaria Europea (Assise) que reúna a representantes electos y a la ciudadanía, con el objetivo de relanzar el proceso de integración europea en clave federal, dotándolo de un nuevo impulso democrático. Europa no puede sobrevivir solamente a base de ir añadiendo más instrumentos a golpe de crisis; necesita también un proyecto político claro, compartido y legitimado por sus ciudadanos.