Ilusionismo político y Enfermería: Aplausos vacíos de intenciones

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea un vídeo de la diputada del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Paula Fernández Viaña, en el que reclama la modificación de la actual clasificación profesional de las enfermeras. En su intervención en el Congreso de los Diputados, a través de una proposición no de ley (PNL), solicitó la reforma del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público para eliminar la distinción entre graduados de primera (A1) y graduados de segunda (A2). La propuesta plantea la reclasificación en un unico grupo A, con sus correspondientes niveles de responsabilidad y peculiaridades, con el objetivo de acabar con la discriminación existente y el agravio comparativo que sufren profesionales con la misma titulación universitaria, pero con distinto reconocimiento dentro de la función pública. La iniciativa fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados, con 155 votos a favor, 33 en contra y 156 abstenciones.

Una vez más, el debate político reconoce la necesidad de corregir una clasificación profesional que perjudica a enfermeras y fisioterapeutas. Sin embargo, la experiencia obliga a la prudencia: el consenso parlamentario, por sí solo, no garantiza que los cambios acaben materializándose. Conviene, por tanto, esperar y no caer en un optimismo prematuro.

¿Por qué esta cautela? Porque desde hace años las enfermeras asisten a una puesta en escena política que se repite de forma cíclica: grandes titulares, discursos solemnes, aplausos y promesas que rara vez se traducen en avances reales para la profesión. No importa lo rimbombante del anuncio ni lo unánime del acuerdo; la realidad es que, en términos prácticos, seguimos prácticamente en el mismo punto.

Este ilusionismo político genera expectativas que después no se cumplen, con consecuencias evidentes. La frustración no es solo colectiva, sino también individual y cotidiana: turnos interminables, sobrecarga asistencial, falta de reconocimiento efectivo, salarios que no se corresponden con la responsabilidad asumida y un marco normativo claramente anclado en el pasado.

La profesión enfermera no necesita más aplausos ni titulares grandilocuentes; necesita hechos. Necesita que la inclusión en el Grupo A no siga el mismo camino que otras promesas incumplidas. Un ejemplo claro de este ilusionismo político se produjo en 2017 en la Comunitat Valenciana, cuando una PNL promovida por la diputada Remedios Yáñez Motos fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios: PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Compromís.

Aquella iniciativa pretendía dejar sin efecto las funciones que el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 26 de abril de 1973, atribuía a las enfermeras un rol de meras auxiliares del médico. La PNL instaba al Consell a actualizar este marco normativo, eliminar funciones anacrónicas y reconocer jurídicamente el verdadero papel de las enfermeras en el sistema sanitario.

Sin embargo, siete años después, no se ha desarrollado ni aplicado de forma efectiva. La unanimidad parlamentaria y los titulares optimistas no se tradujeron en un mejoras tangibles de las condiciones laborales ni en un mayor reconocimiento profesional. Aquella PNL, celebrada como un hito, acabó convirtiéndose en otro compromiso político que quedó en el papel. ¡Otro aplauso político vacío de contenido!

La inclusión plena de la enfermería en el Grupo A, en lugar del actual Grupo A2, supondría un reconocimiento acorde con su formación universitaria, su especialización y el elevado nivel de responsabilidad clínica que asume a diario. Además, tendría un impacto directo en el desarrollo profesional y retributivo de las enfermeras.

Todo ello ocurre en un contexto en el que no resulta extraño que muchas profesionales empiecen a contemplar la prejubilación sin recortes como una vía de escape. Tal y como recoge el medio Redacción Médica, el desgaste físico y emocional empuja a las enfermeras a plantearse una salida anticipada del sistema, no por falta de vocación, sino porque el propio sistema parece haberlas abandonado antes. Este fenómeno debería hacer reflexionar a quienes toman decisiones: cuando cuidar se convierte en sinónimo de agotamiento permanente, algo falla.

Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) reclamamos coherencia política y un compromiso real. Menos ilusionismo y más acción. La profesión enfermera no vive de promesas, sino de trabajo, compromiso, responsabilidad y de la prestación de cuidados al más alto nivel. Por todo ello, las enfermeras deben estar encuadradas en la clasificación de empleados públicos reservada a las titulaciones universitarias de mayor nivel y responsabilidad.

Y eso, a día de hoy, sigue sin verse reflejado en muchas de las decisiones políticas que tanto se aplauden.