La responsabilidad de sumar: romper la polarización desde el gobierno

Vivimos tiempos convulsos para el consenso. Si encendemos la televisión, escuchamos una tertulia o revisamos las redes sociales, la sensación predominante no es la de un debate fértil de ideas, sino la de una batalla campal permanente. En la ciencia política y la teoría de juegos existe un concepto clásico conocido como el "dilema del prisionero". Explicado de forma sencilla, este dilema nos enseña que si dos sujetos o colectivos actúan movidos únicamente por su interés inmediato y deciden confrontar permanentemente en lugar de cooperar, ambos acaban obteniendo un resultado mucho peor que si hubieran decidido colaborar.

Hoy, la política en España y en la Comunitat Valenciana parece regirse por la peor versión de este dilema. Tenemos actores políticos que han calculado que el acuerdo es un síntoma de debilidad y que la trinchera es el único refugio electoral seguro. Pero lo más grave no es solo el bloqueo institucional o la ineficiencia en la gestión; lo verdaderamente alarmante es quién se beneficia de este escenario y quién paga la factura.

Lo evidente es que la polarización no es un fenómeno fortuito, es una estrategia. Y es una estrategia peligrosa que solo alimenta a los extremismos. Cuando la política renuncia a la palabra y abraza la descalificación sin argumentos, se está alfombrando el camino a quienes desean acabar con el sistema democrático tal y como lo conocemos. El clima de crispación es el caldo de cultivo perfecto para los discursos de odio, para quienes cuestionan la legitimidad de las instituciones y para aquellos cuyo objetivo final no es gobernar mejor, sino dinamitar el Estado de derecho y los avances sociales.

Esta dinámica pone en riesgo directo conquistas que tanto nos han costado conseguir a las trabajadoras y trabajadores. Los derechos laborales, la igualdad, la protección de los servicios públicos o las pensiones no son muros inmutables; son edificios que requieren mantenimiento constante. Si los cimientos de la convivencia se agrietan por la polarización, todo el edificio social se tambalea.

Como secretario general de UGT-PV, observo este escenario con preocupación, pero también con la convicción de que existe otro modelo. El mundo del trabajo ofrece una lección de madurez democrática que la política debería imitar. Las organizaciones sindicales y empresariales tenemos algo muy claro: por muy difícil que se ponga la situación, el objetivo siempre será alcanzar el acuerdo.

Sabemos que la negociación no es un camino fácil. A menudo es dura, árida y tensa. Somos conscientes de que mayoritariamente defendemos intereses contrapuestos y, por ello, no renunciamos a ninguna herramienta. A veces, cuando la cerrazón impera o los derechos se vulneran, nos vemos obligados a la movilización, a la protesta y al conflicto. Pero hay una diferencia abismal con la polarización política actual: para nosotros, la movilización nunca es el destino final, ni una forma de destruir al interlocutor. Es, sencillamente, una palanca para desbloquear situaciones injustas. Incluso en la huelga más dura, la brújula del sindicalismo siempre apunta al mismo norte: volver a sentarse en la mesa y firmar un pacto que mejore la vida de la gente. El conflicto es un medio; el acuerdo es el fin.

Frente a esta cultura del pacto que practicamos los agentes sociales, la política parece haber olvidado para qué sirve. Ahora bien, ¿cómo salimos de este bucle tóxico en la esfera institucional? ¿Quién pone la primera piedra para construir el puente? Aquí no podemos ser equidistantes. Para desescalar la tensión, el primer paso corresponde, ineludiblemente, a quien tiene la responsabilidad de gobernar.

Quien ostenta el poder institucional, tiene el deber moral y político de liderar la distensión. No se puede proponer consenso y pedir unidad mientras se alimenta la confrontación o se tejen alianzas con quienes se sitúan en los extremos del tablero político. Ese primer paso a favor del diálogo debe ser franco, claro y tangible. Gobernar para toda la ciudadanía significa tener la valentía de tender la mano al adversario y de integrar visiones diferentes, no solo se trata de imponer mayorías.

La ciudadanía detecta cuándo una oferta de diálogo es real y cuándo es una táctica política. La despolarización requiere hechos: respeto institucional, transparencia y la búsqueda de grandes pactos de Estado o de Comunitat en temas que no deberían tener color político, como la financiación autonómica —vital para la ciudadanía valenciana—, la educación, la sanidad o el acceso a una vivienda digna. Si quien gobierna no es capaz de crear ese clima, está fallando en su tarea principal.

El coste de seguir instalados en el "dilema del prisionero" es inasumible. La parálisis impide abordar retos urgentes como la recuperación social y económica tras la DANA, la transformación de nuestro modelo productivo o la necesaria adaptación al cambio climático. Pero insisto, el riesgo mayor es democrático. Si normalizamos que el rival político es un enemigo a abatir, estamos deslegitimando la convivencia y sembrando la semilla de la destrucción de nuestro modelo de convivencia.

Desde UGT-PV, hacemos un llamamiento a la sensatez. Salir de la cárcel de la desconfianza es posible, pero requiere que quien tiene el timón tenga también el coraje de cambiar el rumbo hacia aguas más tranquilas, asumiendo que el acuerdo, por costoso que sea, es la única victoria válida en democracia.