El año de la instrucción de la dana

Recuperada cierta normalidad institucional, con el president Pérez Llorca visitando las poblaciones afectadas por el último temporal que recordaba a la dana, sin sobresaltos y acompañado por los alcaldes, la investigación de la jueza de Catarroja concentrará mucha más atención política a comienzos de 2026. Así lo evidencia la polémica por los WhatsApp entre Mazón y Feijóo y la próxima citación telemática del líder del PP, aceptada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Resulta difícil de entender que Génova, aun sabiendo que el PP ha perdido el control del relato sobre la gestión de la emergencia, incurra en el mismo fallo de no esclarecer los hechos por completo.

Más allá del estruendo polarizado, el terreno en el que el PP de Feijóo se juega su credibilidad es el juzgado de Catarroja, donde una magistrada está haciendo algo que parece inusual: cumplir con rigor su obligación, pese a los intentos de apartarla de la causa cuando quedó claro que avanzaba sin concesiones. Todo lo conocido en sede judicial sugiere que el Consell de Mazón no estaba en condiciones de gestionar una tragedia; con todo, lo que se dirime son responsabilidades penales por 230 muertes, ante una presunta imprudencia grave vinculada a la falta de decisiones.

La primera en asumir la gravedad del asunto fue la exconsellera Salomé Pradas, investigada junto al exsecretario autonómico Emilio Argüeso por su inactividad a la hora de proteger a la población. Después, el foco alcanzó al propio Mazón, como reflejan las cerca de cuarenta acusaciones que ejercen la acción popular o particular. Entre ellas hay alguna que pregunta poco —o casi nada—, pero no falta a ninguna sesión testifical; se la ve siempre tomando apuntes. Es una de las partes que mejor domina el sumario y, entre buena parte de los letrados presentes, apenas hay dudas sobre el destino final de sus informes.

Mazón también conoce la causa con detalle casi en tiempo real, cuando estaba en el Palau; y ahora, con más tiempo libre, es probable que tenga claro que la severidad metodológica de la jueza de Catarroja le ha pasado factura hasta el punto de costarle la presidencia de la Generalitat. Llorca hace bien en marcar distancias.

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