Un Decreto de Convivencia autoritario (2)

El 7 de enero entra en vigor un Decreto de Convivencia que regulará la cotidianidad de los centros educativos. Sigue la idea del docente como «contenedor emocional», ocurrencia nada novedosa, pues la figura del CIC —Coordinador/a de Convivencia e Igualdad— se rebautiza ahora como Coordinador/a de Bienestar y Protección del Alumnado. El concepto importa: «bienestar» es un término tan genérico, tan «paraguas», tan abstracto, que definirlo y comprenderlo desde el ámbito educativo resulta complejo. Apelar al «bienestar» supone abrirse a las subjetividades, muy en sintonía con las «identidades sentidas».

El profesorado se encarga, a partir de ahora, de conflictos familiares no resueltos, violencia patriarcal, frustración parental, angustias diversas y, por supuesto, salud mental. Todo ello, en esencia, desplaza el acto educativo —ya de por sí impregnado de su dimensión emocional— hacia una función terapéutica. Y todo esto, sin recursos, sin formación y sin coordinación con especialistas, conduce irremediablemente al estrés laboral. Afecta, por supuesto, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, lo que es peor todavía, deja en manos del voluntarismo de cada docente toda la mochila con la que cargan nuestras desdichadas criaturas: ideación suicida, anorexia, violencia de género, mutilación emocional, acoso, violencia sexual, basura ingerida en redes, padres y madres ausentes, precariedad laboral de los progenitores, rabia y frustración contenidas, baja autoestima de niñas y chicas, machismo…

Todo esto y más lo gestionará el profesorado sin herramientas y a modo de oficina de «bienestar». Para que luego venga la Inspección a exigirnos PGA, situaciones de aprendizaje, rúbricas, criterios de evaluación, objetivos, contenidos y toda la burocracia asfixiante. ¿Alguien en su sano juicio cumplirá todo aquello que nos pide la Administración? No seamos hipócritas: el coste de todo esto lo pagará el alumnado y el profesorado. La chavalada, porque queda desprotegida ante un decreto-paraguas, punitivista, que nos exige aquello que no sabemos hacer; y el profesorado, porque centraremos la energía en la burocracia y en las clases, atendiendo conflictos —en plan «sálvese quien pueda»— en los márgenes de la cotidianidad escolar.

Un decreto que confunde al profesorado con una suerte de terapeuta informal legitima un abandono institucional. Urge redistribuir funciones, incorporar especialistas que trabajen junto a los equipos de orientación y desplegar políticas públicas que cuiden al profesorado, en lugar de empujarlo a desempeñar terapias del «bienestar». Si tanto nos preocupa el alumnado, ¿por qué no empezar respetando los límites del docente? ¿No sería esta una auténtica defensa de la educación, de la pedagogía, de los derechos del alumnado y de las responsabilidades propias de cada cual?

El Decreto de Convivencia autoritario pretende armonizar ley, orden y bienestar sin planes ni estrategias concretas; sin un solo euro destinado a recursos humanos; sin el apoyo de otros operadores pertinentes que sumen en esa respuesta educativa que, así de entrada, a bocajarro, se presenta como papel mojado. ¿Y qué haremos el profesorado? Si nos preocupa dignificar la educación y si nos importa nuestro alumnado —y ese bienestar sobrevenido en un decreto—, convendría empezar por cuidarnos y respetarnos a nosotras y nosotros.