En lugar de ruinas y solares, viviendas

València podría solucionar una parte importante de su crisis de vivienda en un plazo relativamente breve si existiera la voluntad política necesaria para transformar sus numerosos solares y edificios en ruinas en viviendas dignas y accesibles. Esta actuación no solo aliviaría la presión del mercado inmobiliario, sino que revitalizaría el tejido urbano y daría cumplimiento a un derecho constitucional.

El Ayuntamiento de València parece padecer una ceguera selectiva ante la multitud de inmuebles en estado ruinoso que, desde hace décadas, afean y debilitan los cinco barrios del centro histórico. La evidencia es incontestable: existen cientos de solares y cascarones vacíos, pero solo un puñado figura en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. Este registro es, precisamente, el instrumento administrativo clave y previo para poder intervenir.

Ante esta inacción, las asociaciones vecinales llevan años reclamando una actuación decidida de las administraciones públicas. Estas demandas no responden a un mero capricho estético, sino que constituyen una reivindicación ética y de justicia social. Se trata de materializar el artículo 47 de la Constitución Española, que consagra el derecho a una vivienda digna y adecuada.

En un análisis sobre los solares urbanos, identificamos 42.000 m² donde podrían construirse un mínimo de 3.000 viviendas. Inspirados por este trabajo, un grupo de vecinos, de las asociaciones Amics del Carmen y de Velluters, hemos logrado identificar y catalogar el estado real del parque inmobiliario deteriorado en Ciutat Vella. Los datos oficiales del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, registra 19 edificios en ruina legal y 48 en mal estado. Sin embargo, nuestro “catastro vecinal” ha identificado 164 edificios en estado de inhabitabilidad y ruina física. No nos referimos a viviendas simplemente, sino a inmuebles en claro proceso de deterioro: fachadas agrietadas, plantas apuntaladas, vanos tapiados o rotos, hundimientos de techumbres y cubiertas tapadas con por lonas.

Este conjunto de edificios presenta una gran heterogeneidad en superficie, volumen y altura, lo que impide tener una tipología única. Varían desde pequeños lotes de una decena de metros cuadrados hasta amplias parcelas de varios miles, pero la superficie media aprovechable de estos inmuebles ronda los sesenta metros cuadrados de planta. En conjunto, los 164 edificios suman un mínimo de 30.000 m² cuadrados construibles. Que junto a los 42.000 m² de solares, tenemos una disponibilidad para más de 6.000 viviendas.

A esta oferta potencial de viviendas, se le debe sumar, de manera urgente y coordinada, de reconversión del stock de pisos turísticos, tanto legales como ilegales, en vivienda residencial. Esta reconversión exige un paquete de medidas integral que combine cambios normativos (reduciendo drásticamente los plazos de las licencias existentes, estableciendo cupos máximos por zona o prohibiendo nuevas licencias en zonas tensionadas), un refuerzo drástico de los servicios de inspección (dotándolos de medios y personal para combatir la ilegalidad masiva) y un régimen sancionador que grave al propietario infractor, y a las plataformas que los alojen. Aunque con aplicar la normativa vigente, habría miles de viviendas turísticas que podría ser viviendas.

No obstante existe un riesgo paradójico y perverso: si las políticas públicas se centran únicamente en la rehabilitación de edificios o en la construcción en solares públicos sin aplicar previamente un marco regulatorio fuerte que desincentive y reduzca el alquiler turístico, se estarían mejorando y poniendo en valor barrios enteros con fondos públicos. Así, este mismo proceso de revitalización crearía las condiciones óptimas –mayor atractivo, plusvalías, demanda de servicios turísticos– para que la presión de convertir viviendas en alojamientos turísticos se intensifique aún más, financiando, de manera indirecta, la expansión de un modelo que precisamente contribuye a expulsar a la población residente y a vaciar de vida los centros urbanos, socavando el objetivo final de garantizar el derecho a la vivienda.

Por tanto, cualquier política de rehabilitación o nueva construcción debe ir indisolublemente ligada a un blindaje normativo del suelo residencial y a la recuperación activa de viviendas para el uso comunitario, evitando que la mejora urbanística se traduzca, una vez más, en una nueva oleada de especulación y turistificación, en flagrante contradicción con el mandato anti- especulativo del artículo 47. Lamentablemente en el avance de la revisión del PGOU de València no va en ese sentido porque sustituye la incompatibilidad entre usos por un índice de saturación por barrios o distritos lo que constituye una trampa evidente y que no va a frenar la gentrificación de Ciutat Vella.

Actuar sobre este patrimonio degradado debería ser una prioridad política absoluta, prioridad que mil veces anunciada nunca se convierte en medidas concretas. Una estrategia integral que combinara la rehabilitación de ruinas, la edificabilidad de solares y la reconversión de los miles de pisos turísticos ilegales en vivienda de alquiler social ofrecería un número de soluciones habitacionales muy superior —y más sostenible— a los faraónicos proyectos de construir nuevas ciudades de 10.000 habitantes en la periferia metropolitana que propone a algún iluminado interesado.

Y esta cruda realidad no se circunscribe a Ciutat Vella. Basta con echar un vistazo a otros barrios de València para constatar que la plaga de los solares, las ruinas, la vivienda vacía degradada y la saturación de viviendas de uso turístico es un mal común. La ciudad entera clama por una política habitacional valiente que mire primero hacia dentro, que repare sus heridas urbanas y que priorice el derecho a la vivienda sobre la especulación y el abandono institucional. La oportunidad está ahí, entre escombros y maleza. Solo falta la voluntad para transformarla en hogares.