Opinión | Bolos
La fascinante economía del azar
El asociacionismo financiado con rifas y sorteos pervive, a pesar del control tecnológico de la contabilidad y de picarescas como las de Villamanín

Celebración del primer premio de la Lotería de El Niño en Quart de Poblet. / JM López
La lotería resiste en un paisaje dominado por algoritmos digitales. Nadie sabe hasta cuándo, porque es algo más que un sorteo, pues supone desafiar al azar y, a la vez, funciona como una convención social en la que entidades de toda índole se financian mediante las conocidas participaciones. También asoma cierta picaresca fiscal e incluso trilerismo cuando se emiten más papeletas que décimos adquiridos, como ocurrió con el Gordo de Navidad en Villamanín, y como sabemos por episodios cercanos que han terminado en rupturas de amistad o disputas familiares. Quizá por eso, cada vez se opta más por comprar un billete oficial, y este año el sorteo del Niño ha vuelto a acordarse de nosotros.
Mientras todo cambia, pervive ese asociacionismo financiado a base de rifas que parecía condenado a desaparecer ante el control tecnológico de la contabilidad que dificulta los fraudes de baja intensidad. Y aunque los contenedores azules evidencian el auge del comercio electrónico, sigue existiendo la figura clásica del responsable de lotería en comisiones falleras, sociedades musicales, clubes deportivos, asociaciones de madres y padres, catequistas, entidades culturales e incluso organizaciones políticas y sindicales. Un perfil que se mantiene, aunque cada vez cuesta más encontrar voluntarios.
Con tanta alegría, a menudo se pasa por alto que estamos ante un juego regulado por el Estado con un claro afán recaudatorio. Eso no impide que incluso reconocidas organizaciones anarcosindicalistas se permitan, en sus papeletas, pequeñas concesiones a la ortodoxia en busca de la fortuna capitalista. Sin entrar en la base etnológica del fenómeno, en el origen de estas apuestas hay mucho de antigua beneficencia, con la excepcionalidad para una organización privada de vocación pública como la ONCE, que ha sabido construir una sólida estructura asistencial para invidentes y personas dependientes, aunque la clave del éxito esté en las inversiones realizadas con los ingresos obtenidos.
Y como quien más gana en todos los sorteos es el Estado, en casi medio siglo de gobiernos democráticos ninguno —ni siquiera los más conservadores— se ha planteado liberalizar los puntos de venta, hoy concentrados en administraciones y estancos, como si hacerlo fuera casi un delito de lesa patria. Por si acaso, atención a los fraudes.
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