La ruina de una infrafinanciación a plazos

Horas después de que Sánchez y Junqueras negocien la nueva financiación singular para Cataluña, la ministra de Hacienda María Jesús Montero alumbra el plan gubernamental de reforma del modelo que caducó hace más de una década y sigue arruinando por inercia. En Madrid lo llaman agenda territorial. En València lo vivimos como una adulterada rutina donde otros pactan y nosotros pagamos.

Hay que repetirlo las veces que haga falta y sin rodeos: la Comunitat Valenciana no puede seguir siendo la autonomía de régimen común peor financiada por habitante ajustado. No se trata de ninguna consigna. Es la causa estructural de una deuda que se cronifica, de unos servicios públicos que se sostienen a pulmón y de una Generalitat obligada a endeudarse para pagar nóminas, medicamentos, dependencia o servicios esenciales. Cada vez que el Gobierno anuncia entregas a cuenta históricas o un extra FLA, convendría insistir en que no es un regalo, es dinero de los valencianos que llega tarde para tapar el agujero de siempre.

El debate vuelve con el conocido riesgo de que la reforma nazca como suma de acuerdos bilaterales, con trajes a medida para quienes tienen llaves parlamentarias, y que después se pretenda bendecirlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como si fuera un consenso. Esa es la trampa. Lo demás es ruido de agravios comparativos que desgastan las buenas relaciones. Y aquí se nota cada día, porque la financiación autonómica decide cuántos médicos, maestros y trabajadores sociales puede pagar cada territorio y con qué cartera real de servicios e inversiones contará su gente.

La Comunitat Valenciana tiene derecho —y necesidad— a salir de ese furgón de cola. A igualdad de competencias, igualdad de recursos: población real, costes efectivos y un fondo transitorio inmediato mientras llega el nuevo sistema. Y, además, una solución a la deuda “histórica” derivada de la infrafinanciación. Sin olvidar la infrainversión del Estado en infraestructuras básicas como Cercanías, corredor mediterráneo, transporte público y vivienda.

El nuevo plan debe traer justicia. Ni privilegios ni paños calientes. Financiación justa para la Comunitat Valenciana por puro sentido de Estado.

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