El necesario consenso valenciano en financiación

El debate sobre los modelos de financiación autonómica ha estado tradicionalmente envenenado en España. En lugar de ser el resultado de una discusión sobre las necesidades de los territorios y la reducción de las desigualdades, termina convertido en un mercadeo político donde pesa más el rédito partidista inmediato que la solución de los problemas de la ciudadanía. A menudo, además, deriva en un pulso entre Gobierno y oposición en el que la racionalidad se diluye y los consensos se vuelven casi inalcanzables. Esta vez no ha sido distinto. Si primero fue el PSOE por su pacto parlamentario con CiU; después, el PP con ese mismo socio; y, en la última ocasión, el PSOE con Esquerra, ahora se repite el patrón.

La metodología y, más aún, la puesta en escena no ha buscado ni el entendimiento ni un acuerdo amplio, sino exhibir hasta qué punto los ejecutivos de Pedro Sánchez y Salvador Illa necesitan garantizarse el respaldo de Oriol Junqueras, que ha manejado con destreza las cartas disponibles pese a estar fuera del ejecutivo catalán. En paralelo, el PP no ha dejado pasar la oportunidad de erosionar la credibilidad de los socialistas allí donde gobierna y, especialmente, en los territorios con comicios en el horizonte.

Si se analiza con detenimiento el modelo presentado por la vicepresidenta María Jesús Montero, es difícil discutir que no es admisible que el sistema de financiación autonómica lleve más de una década caducado. Y no hablamos de un periodo cualquiera: se han encadenado una crisis financiera, una pandemia, conflictos bélicos, un aumento demográfico impulsado por la inmigración y un repunte inflacionario, entre otros factores. Impulsado tanto por la aritmética parlamentaria como por la voluntad de presentarse como garante del Estado del bienestar —cuyo sostén cotidiano recae, en buena medida, en las autonomías—, Pedro Sánchez ha dado el paso de pactar con Esquerra, aun a riesgo de que el momento elegido y el despliegue comunicativo perjudiquen electoralmente a los candidatos de su formación.

El Gobierno propone dar 21.000 millones más a las comunidades con el nuevo modelo de financiación autonómica

Con esas salvedades, existen elementos objetivamente favorables: una inyección de 21.000 millones del Estado para financiar los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas, una mayor corresponsabilidad fiscal y un esbozo de simplificación administrativa. La principal novedad es que esos recursos adicionales, apoyados en previsiones económicas optimistas, no se distribuirán solo conforme a los criterios vigentes, sino que incorporarán el diferencial de lo que recibe cada territorio por “habitante ajustado”, el indicador que pondera variables que exigen solidaridad, como la edad o la dispersión poblacional. Así, lo que Junqueras denominó el jueves “principio de ordinalidad” aparece en el documento de Hacienda como “reducción de diferencias actuales”. La solidaridad no desaparece, pero se acota, algo siempre delicado; en todo caso, será imprescindible conocer la letra pequeña para valorarlo con rigor.

Más allá de la aritmética parlamentaria, la mayoría de expertos de la Comunitat Valenciana en financiación autonómica valora de forma globalmente positiva la reforma planteada por el Ministerio de Hacienda, aunque advierte también de carencias. El texto conocido, además, incorpora aspectos centrales de la propuesta emanada de la Comisión de Expertos de Les Corts Valencianes para un nuevo sistema.

Según estas previsiones, la Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones más con el nuevo esquema y sería la tercera autonomía donde más crecerían los recursos, tras Andalucía (4.846 millones) y Cataluña (4.686 millones). Sin embargo, al mismo tiempo vuelve a evidenciarse que la mayor parte del endeudamiento valenciano tiene su origen en la infrafinanciación, y la propuesta no incluye un mecanismo complementario de condonación de la deuda vinculada a esa causa.

La iniciativa del Gobierno, en cualquier caso, devuelve el debate a uno de los pilares del bienestar que sostienen las comunidades autónomas a través de sus presupuestos y, además, reconoce la infrafinanciación valenciana. Por ello, resultaría oportuna una convocatoria urgente de la plataforma Per un Finançament Just, en la que participan los principales partidos y los agentes sociales representativos de la sociedad valenciana, con el objetivo de articular un consenso amplio. Sería un buen punto de partida para el debate que se avecina.

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