Las cláusulas de salvaguarda no funcionan para los productos frescos

La Unión Europea sigue firmando acuerdos comerciales con terceros países y grandes bloques económicos como si los productos agrarios en fresco no existieran o, peor aún, como si fueran una moneda de cambio asumible. El acuerdo con Mercosur es solo el último y más grave ejemplo de una política comercial que sacrifica a los agricultores valencianos en nombre de una apertura mal entendida.

Desde La Unió no estamos en contra del comercio internacional. Nunca lo hemos estado. Pero sí estamos radicalmente en contra de un modelo de acuerdos que ignora deliberadamente la realidad de los productos en fresco, sectores estratégicos para la agricultura valenciana. Por ello, apuesta por la imposición de aranceles a las importaciones como medida correctora y estabilizadora del mercado en fresco.

Uno de los grandes engaños de estos acuerdos es la supuesta protección que ofrecen las cláusulas de salvaguarda. Sobre el papel existen, pero en la práctica no funcionan para los productos agrarios en fresco. Y no funcionan por razones muy concretas.

En primer lugar, los umbrales de activación están diseñados para productos industriales, no para productos perecederos. Se exigen incrementos de importación tan elevados y sostenidos en el tiempo que, cuando se alcanzan, el daño ya está hecho. En los productos en fresco, unas pocas semanas de entrada masiva en plena campaña bastan para hundir los precios en origen y arruinar toda una cosecha.

En segundo lugar, los mecanismos de análisis y decisión son excesivamente lentos. La Comisión Europea necesita meses para evaluar si existe una “perturbación grave del mercado”. Para entonces, la campaña ha terminado, los agricultores ya han vendido a pérdidas y la salvaguarda llega —si llega— cuando ya no sirve de nada. La temporalidad y la estacionalidad propias de los productos frescos simplemente no encajan en estos procedimientos.

En tercer lugar, no se tiene en cuenta el impacto sobre los precios en origen, que es el principal indicador de daño para los agricultores. Las cláusulas se basan casi exclusivamente en volúmenes de importación, ignorando que una caída brusca de precios puede producirse incluso sin incrementos extraordinarios de volumen, simplemente por una mala coincidencia de calendarios comerciales.

A todo ello se suma una evidente falta de voluntad política para activar las salvaguardas, incluso cuando los datos son claros. La Comisión Europea evita sistemáticamente su aplicación para no incomodar a socios comerciales, el Consejo de la Unión Europea prioriza equilibrios diplomáticos y el Gobierno de España no presiona con la firmeza necesaria en Bruselas para defender a sus agricultores.

El resultado es una competencia desleal estructural. Los productores valencianos de productos en fresco, hortalizas y frutas, cumplen las normativas más exigentes del mundo mientras compiten con importaciones que no respetan los mismos estándares laborales, ambientales ni fitosanitarios. Así no se puede hablar de igualdad de condiciones ni de libre comercio justo.

Las consecuencias son visibles en el territorio: pérdida de rentabilidad, abandono de explotaciones, desánimo y ausencia de relevo generacional. Y mientras tanto, el Parlamento Europeo sigue teniendo un papel limitado, sin capacidad real para corregir acuerdos que dañan claramente al sector agrario.

Advertimos con claridad que si la Unión Europea continúa firmando acuerdos comerciales sin mecanismos de protección eficaces para los productos en fresco, el conflicto social en el campo será inevitable.

Desde La Unió hacemos un llamamiento a la movilización del sector agrario valenciano. Es el momento de exigir que los productos agrarios en fresco dejen de ser moneda de cambio en las negociaciones comerciales y que Europa deje de negociar de espaldas a quienes garantizan la soberanía alimentaria y el futuro del medio rural.

Europa no puede construirse sacrificando a sus agricultores. Y el campo valenciano no va a seguir pagando el precio del silencio.

Carles Peris es secretario general de la Unió.