Financiación, nacionalismos y España

La polarización actual en la política española entre el PP y el PSOE, e incluso en gran parte el nacimiento de Vox, tiene su raíz en el proceso de la nueva configuración del Estatuto de Cataluña en 2006. En 2003, Zapatero, como líder de la oposición, proclamó que aceptaría la reforma del Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña. Tras llegar Maragall al gobierno de la Generalitat de Catalunya, el texto resultante fue impugnado por el PP en un recurso al Tribunal Constitucional, que anuló algunos de sus artículos. El conflicto produjo uno de los asuntos clave en la protesta del nacionalismo en los sucesos de 2017, cuando Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña. Posteriormente, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta con Rajoy, reconoció que llevar el texto al Constitucional había sido un error sin negociarlo previamente.

El PSOE, consciente de la historia, ha intentado resolver el encaje de los nacionalismos en España, especialmente el catalán. El de Euskadi lo considera amortizado por lo difícil de revocar los conciertos con las diputaciones vascas, reconocidos en la Constitución de 1978. Ni siquiera pudo impedirlo Cánovas después del golpe de Estado de 1874 y la proclamación de la Constitución de 1876, inicio de la Restauración (1876-1923). El temor a provocar otra guerra carlista, junto a la base conservadora del vasquismo, le hizo rectificar la abolición de los conciertos, al igual que respetó la Ley Paccionada de 1841 para Navarra. En este caso, y en la provincia de Álava, los conciertos se mantuvieron durante el franquismo porque habían sido provincias que apoyaron el golpe militar de 1936.

Algo similar se repitió en 1978, cuando en Euskadi la Constitución no fue respaldada de la misma manera que en el resto de España. La existencia de ETA contribuyó a que no se planteara la excepcionalidad constitucional que rompía la unidad fiscal española. A la postre, como ya apuntó Indalecio Prieto, los vascos son una parte pequeña de la población y sus clases dirigentes prefieren mantenerse en España. La situación era distinta en Cataluña, con un nacionalismo histórico que se remitía a la derrota de 1640 y a la frustración de no haber conseguido una nueva entidad como la de Portugal. En el siglo XIX se consolidó un nacionalismo basado en la defensa del antiguo austracismo, la permanencia de la lengua catalana y el impulso económico de la Revolución Industrial.

Los catalanes buscaron intervenir en la política española, e incluso dirigirla, como evidenció la figura de Cambó. Pero también surgieron otras opciones independentistas, lideradas por Macià o Companys, quien llegó a proclamar la República catalana dentro de la Confederación de Repúblicas españolas. Una idea esbozada en la I República de 1873, con un proyecto federal de 17 estados que desembocó en el cantonalismo. Manuel Azaña, en las Cortes de la II República, y con el apoyo del PSOE, promovió los Estatutos, y en 1932 se consiguió un texto final que difería del Estatut de Núria, más radical, redactado por las fuerzas nacionalistas catalanas. El proceso estatutario no tuvo una trayectoria tranquila: el intento de una República catalana durante la revolución de 1934 y tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. El propio Azaña, trasladado a Cataluña en plena Guerra Civil, se vio personalmente afectado por los acontecimientos de mayo de 1937 —el enfrentamiento entre anarquistas y el POUM frente a Esquerra, socialistas y comunistas— y acabó decepcionado con la política catalana y el fracacaso del proyecto del Estatut.

Aunque la Guerra Civil no estalló solo por el intento independentista de Cataluña, influyó en un Ejército español que había combatido contra carlistas y federales por la unificación de un Estado unitario frente a la fragmentación medieval. Este proceso supuso la transición del Antiguo Régimen a la revolución burguesa, es decir, el comienzo de la modernidad contemporánea. El franquismo acentuó esta tendencia con el respaldo de la Iglesia católica. En el testamento político de Franco, destaca prioritariamente, en la línea de la tradición militar, que los españoles debían “preservar la unidad”.

La Constitución de 1978 promociona la espiral de las autonomías, partiendo de los Estatutos aprobados durante la II República en Cataluña, Euskadi y Galicia. Andalucía consiguió la Autonomía por la vía rápida del artículo 151, tras un apaño legislativo, similar a las leyes orgánicas para Canarias y la Comunitat Valenciana, que permitieron alcanzar el máximo nivel de transferencias pese a ir por la vía lenta del artículo 143. Todos los territorios pugnarán por conseguir sus autonomías en lo que se llamó el “café para todos”.

La unidad fiscal se mantuvo pese a las quejas de infrafinanciación autonómica, hasta que el gobierno de Sánchez intenta reformar el sistema financiero autonómico. Esta iniciativa parece acercar a Cataluña a un modelo similar al de los conciertos vascos, con la posibilidad de que otras comunidades accedan a la misma condición. La propuesta ha provocado interpretaciones encontradas: quienes señalan discriminación y ruptura de la igualdad entre españoles, frente a quienes argumentan que compensará mejor la capacidad y la demografía de las autonomías y ayudará a resolver un conflicto territorial enquistado, situando a España entre los países de Europa más descentralizados, solo por detrás de Alemania.

¿Será necesario contar con las fuerzas políticas mayoritarias para alcanzar un acuerdo sin cuestionar la unidad de España?