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Opinión

Sables y petróleo

El futuro de Venezuela, para bien y para mal, no podrá escribirse sin tomar en cuenta a ese viejo actor político nacional que son unas fuerzas armadas de arraigada cultura soberanista

«El futuro de Venezuela, para bien y para mal, no podrá escribirse sin tomar en cuenta a Maduro».

«El futuro de Venezuela, para bien y para mal, no podrá escribirse sin tomar en cuenta a Maduro». / LEV-EMV

La historia de la República de Venezuela, la esencia de su sistema económico, la conformación de su estructura social y sus dinámicas políticas, son inseparables de dos hechos cruciales: el hallazgo en 1914 de las que se consideran, aún hoy, las reservas de petróleo más importantes del planeta y la institución, pocos años después, de un modelo de ejército que, más allá de su profesionalización, se sintió siempre depositario de la tradición patriótica que alentó el proceso de independencia. Un ejército con altos niveles de politización interna y una acusada vocación de intervención en las cuestiones nacionales, como evidencia la historia de los últimos cien años del país.

La aparición del petróleo favoreció la conformación de un capitalismo rentista que postergó el modelo de acumulación agropecuario habitual en otros países latinoamericanos, proporcionando un ingreso inmenso al Estado. Algo que desincentivó el abordaje de una política industrial propia y de otras reformas básicas, además de estimular la aspiración de las nuevas élites al manejo de las instituciones del Estado desde donde se tomaban las decisiones sobre la distribución de la renta petrolera.

Parte de la explicación de los siete golpes de Estado que vivió el país tan sólo en el siglo XX, además de reflejar otros conflictos sociopolíticos, apuntan al control de los ingresos petroleros y la distribución de sus beneficios. No resulta casual que los dos dictadores, Juan Vicente Gómez (1908 a 1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948 a 1958), además de hacer enormes fortunas durante sus gobiernos, contaran con el favor estadounidense, al tiempo que las multinacionales petroleras mejoraban las condiciones de sus contratos con Venezuela.

En 1958 las élites civiles, escarmentadas de las experiencias militaristas, pactaron un sistema de alternancia pacífica que posibilitó un largo periodo de estabilidad política mediante un bipartidismo casi perfecto que, junto al alza de los precios del petróleo en el mercado internacional, permitió ampliar la distribución de la renta petrolera, mejorando paulatinamente la vida de la población y generando una clase media con acceso a bienes de consumo importados, pero sin favorecer la creación de una base productiva diversificada y exportadora ajena al petróleo.

El supuesto milagro económico que incluyó la creación de empresas de servicios de titularidad pública y altos salarios, permitió ocultar la desigualdad social latente y la fragilidad de un sistema absolutamente dependiente de un mercado internacional volátil que alcanzó su cenit a finales de los años setenta para desembocar en los ochenta en un duro paquete de medidas de ajuste económico de inspiración neoliberal, diseñadas desde el Fondo Monetario Internacional.

El empobrecimiento acelerado y la sensación de desamparo borraron de golpe el síndrome de abundancia, simbolizado en el precio de la gasolina, en la que se había instalado la conciencia social. La respuesta represiva aceleró el descrédito de los partidos tradicionales, grandes focos de clientelismo y corrupción. Tan sólo la Universidad, la Iglesia y las Fuerzas Armadas obtenían un mínimo de confianza social según las encuestas de principios de los noventa.

Los dos golpes fallidos de febrero y noviembre de 1992, protagonizados por jóvenes militares de extracción popular, anunciaron el fin del sistema bipartidista, proyectando a la agenda pública al líder del primero, el teniente coronel Hugo Chávez Frías.

Durante su encarcelamiento y liberación se forjó la imagen carismática de Chávez que obtuvo en 1998 una abrumadora victoria electoral, tanto entre la derecha como entre la izquierda venezolana, con un programa populista de transformación social, reformas democráticas, nacionalización integral de recursos naturales y, por supuesto, de la industria petrolera. Su empeño en la redistribución hacía los sectores más desfavorecidos hizo posible la reducción de la pobreza en un 73 %, además de la implementación de programas de salud, educación y otras medidas sociales, así como la recuperación para la participación política de amplios sectores excluidos, posibilitando sus sucesivas victorias electorales.

Sin embargo la profundización del modelo extractivista, dependiente de importaciones, incluso de productos básicos; junto al establecimiento de un modelo de cesarismo democrático y la ausencia de implantación de una estructura política sólida que fuese más allá del mero club de aduladores y beneficiados, hicieron que la llamada Revolución Bolivariana se edificase sobre pies de barro. Así se puso en evidencia a partir del fallecimiento en 2013 del fundador de la nueva república.

La caída de los precios de las exportaciones de crudo a partir de 2014 y la ausencia del liderazgo de Chávez, aceleraron la crisis del Estado, necesitado de una profunda reforma desde hacía décadas, así como la de una sociedad que había seguido instalada en una cultura rentista. Afloraron de nuevo las carencias estructurales del sistema junto a las viejas desigualdades, aunque esta vez aparecía un factor nuevo, la descomposición acelerada de una nutrida clase media nacida al calor de los felices años setenta, que pasó a engrosar las filas de una agresiva oposición política.

Nicolás Maduro insistió en la estrategia extractivista y la atracción de capitales exteriores, hasta que su propia ineptitud para el diseño de políticas eficaces, junto a las medidas de bloqueo estadounidense, hicieron inviables cualesquiera actuaciones para enfrentar la crisis económica y social. Su incapacidad para establecer un mínimo diálogo con los distintos actores y acordar una estrategia nacional, el recurso al fraude y la represión y las sospechas de corrupción, junto a su burda injerencia en otros poderes del Estado, aceleraron su descrédito.

La situación crítica a la que se ha llegado en Venezuela no es ajena a los manejos de las petroleras estadounidenses, reacias a renegociar su estatus y que optaron por acciones contundentes. Algo que el presidente Trump, deseoso de exhibir su particular concepción del orden mundial, ha concretado en el secuestro ilegal de otro presidente por comandos americanos, violentando la legalidad internacional para humillar al país e imponerle sus apetencias sobre la gran reserva estratégica petrolera.

No deja de sorprender el silencio del patriótico ejército de Venezuela, reconvertido en Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ampliadas sus bases con la incorporación de la Guardia Nacional y la Milicia, hasta completar centenares de miles de efectivos. Una fuerza armada que se había convertido, más que el siempre frágil Partido Socialista Unido fundado por Chávez, en el verdadero sostén del régimen.

Cabe especular con la idea de que una fuerza militar que también ha sufrido en sus carnes la caída del gasto público, aquejada de un equipamiento envejecido y prácticamente inoperativo, aunque siempre orgullosa, harta de compartir el descrédito por la nefasta gestión de Maduro, hubiese optado por la pasividad ante un golpe brusco de timón aunque fuese a costa de soportar la incursión del diablo del norte.

Lo que no resulta exagerado es pensar que el futuro de Venezuela, para bien y para mal, no podrá escribirse sin tomar en cuenta a ese viejo actor político nacional que son unas fuerzas armadas de arraigada cultura soberanista.

Antonio Montiel Márquez es Profesor Asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat de València.

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