Tregua política, ¿hasta cuándo?

El Gobierno quiere ahora que no se politice el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado el triste balance de 42 personas fallecidas y decenas de heridos.

No pensaban lo mismo cuando el accidente del Yak- 42, la dana o el accidente del metro de Valencia. Antes incluso de conocer el resultado de las investigaciones ya se pedían dimisiones y se convocaban manifestaciones al grito de Mazón, asesino.

Ahora reclaman prudencia.

Compromís se tiró a la yugular del Gobierno de la Generalitat, primero con Francisco Camps y después con Carlos Mazón exigiendo responsabilidades políticas inmediatas y alentando la movilización social mucho antes de que concluyeran las investigaciones. Una actitud que contrasta con la prudencia que ahora reclaman cuando las tragedias ocurren bajo gobiernos ideológicamente afines.

Cuando las tragedias se producen con gobiernos de derechas, a la izquierda le falta tiempo para pedir responsabilidades políticas. No ocurre lo mismo con gobiernos progresistas. La izquierda nunca es responsable de nada. Aún estamos esperando que el Gobierno dé explicaciones sobre el apagón que dejó a toda España incomunicada, una muestra más de la opacidad con la que se gestionan crisis que afectan directamente a los ciudadanos. Ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido transparencia para conocer las causas que provocaron el accidente ferroviario de Córdoba, sin embargo, resulta difícil creerle cuando, quince años después del terremoto de Lorca, muchos de sus vecinos siguen sin haber cobrado las indemnizaciones prometidas. Y lo mismo con el volcán de La Palma. La experiencia demuestra que los compromisos de claridad y reparación suelen diluirse con el paso del tiempo, mientras las víctimas continúan esperando respuestas y justicia. La transparencia no puede ser solo un recurso retórico en momentos de crisis; debe traducirse en hechos, plazos y responsabilidades concretas. Hechos y palabras es lo que piden los ciudadanos afectados.

La lealtad institucional, que tanto se invoca pero que pocas veces se cumple, es un principio básico de nuestra democracia y no debería depender del color político de quien gobierna.

La bronca política, la polarización y los bulos ocupan demasiado espacio, incluso en momentos de dolor colectivo en los que debería primar el respeto a las víctimas.

Utilizar el sufrimiento ajeno como arma arrojadiza no solo degrada el debate público, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la propia democracia.

Dentro de todo este caos que alimentan los partidos políticos, creando asociaciones afines a sus propias estructuras de poder para desgastar al gobierno de turno, las víctimas corren el riesgo de quedar relegadas a un segundo plano, instrumentalizadas en función de intereses partidistas.

Se confunde la legítima exigencia de responsabilidades con la agitación política, y la búsqueda de la verdad con el ruido interesado.