¿Integración? No, generosidad

Quizá haya llegado ya el momento de empezar a pensar en lo que tendremos que hacer en cuanto este mundo se acabe y haya que reconstruirlo, aunque sólo sea en la cabeza o aunque sean otros quienes vayan a hacerlo por nosotros. Porque este mundo acabará, de eso estoy seguro, y Trump acabará colgado bocabajo de la plaza del pueblo, o condenado por un tribunal, estadounidense o chino, que ya no podrá ridiculizar. Y entonces tendremos que preguntarnos todas y todos, no sólo la sociedad norteamericana, cómo deberá ser el nuevo mundo para que no vuelva a ser el nuestro.

Me gustaría cuestionar algunas ideas, algunas creencias que nos han confundido irremediablemente. La primera de ellas es el concepto de integración, por lo menos cuando éste se interpreta (como parece hacerlo todo nuestro arco parlamentario) como la necesidad de que las comunidades culturales, étnicas o religiosas minoritarias deban realizar un esfuerzo por adoptar algunos de los rasgos culturales mayoritarios, un esfuerzo que el resto de ciudadanos y las instituciones del Estado tendríamos derecho a reclamar. En la medida en que no dice nada acerca de la naturaleza de este esfuerzo (¿esfuerzo para qué? ¿hacia dónde? ¿hasta cuándo?), este argumento sirve para abrir la puerta a una espiral descendente a través de la cual toda la presión se pone sobre estas comunidades, y ninguna sobre las instituciones del Estado. Ya sabemos a dónde lleva esto: a las pautas de actuación criminales que la Immigration and Customs Enforcement (ICE) está perpetrando en los Estados Unidos. Nada protege a las comunidades inmigrantes de su expulsión: ningún visado, ningún permiso de residencia, ninguna Green Card. De un lado sólo hay desprotección; del lado del Estado, impunidad.

Si existe un mínimo que puede exigirse a las comunidades minoritarias, es el del respeto a los derechos humanos, en cuyo caso el propio Estado español debería preguntarse si está respetando lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos le tiene reservado en su artículo 18, por ejemplo, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, al que España se vinculó en 1977, cuando determina que «en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma».

La integración en una sociedad no es un punto de partida, no es la condición sine qua non que vendrá como resultado de un esfuerzo individual. No, la integración es un punto de llegada que vendrá a través de un esfuerzo institucional. Y pongo un ejemplo de ello. El pasado verano fui con mis tres hijos a un parque de Llíria, pese al calor, porque querían patinar. En todo el parque sólo había una familia más: una madre con cinco hijos, ella con velo, que no hablaban ni castellano ni valenciano. Sólo la menor de sus hijas chapurreaba algunas palabras. Ninguno se había puesto jamás unos patines, pero mis hijos se los dejaron (aunque no compartían talla) y les enseñamos a patinar mientras la madre no paraba de taparse los ojos y reírse desde el banco.

Intercambiamos gestos, ninguna palabra, pero gracias a este parque público y tres pares de patines, todos estuvimos perfectamente integrados. Creo que el mismo espíritu debería guiar al resto de instituciones del Estado. España debería avanzar hacia un federalismo creativo que refuerce institucionalmente las vidas familiares y comunitarias de las minorías culturales, mediante recursos que ellas puedan ir gestionando en un diálogo con las administraciones, modulando sus vidas en una espiral expansiva que tenga como eje sus propias culturas, sí, pero que a la vez vaya ampliando su campo radial con cada nuevo giro, a través de su propia evolución enriquecida. Pues sólo en esa expansión podremos encontrarnos. Para eso se necesitan autonomía y recursos del Estado. Pues cualquier educador (cualquier padre) sabe que sin generosidad no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay encuentro. Esta es la intuición que hay detrás de un Estado generoso. Lo contrario implica paralizar culturas que son siempre círculos cerrados, y añadir al riesgo de exclusión cultural la exclusión por empobrecimiento.

Trump y sus acólitos, como la señora Ayuso, quieren hacernos creer que todo está podrido, que nada podrá salvarnos sino la crueldad y la fuerza descarnada. Y quieren convencernos de que quien diga lo contrario, miente. No soy psicólogo, pero sospecho que son gente que está muerta por dentro y que no ve nada más allá de su propio vacío. Frente a estos discursos, hay que decir que no, que hay rincones de dignidad en nuestras vidas (al menos la hay en la mía, y no me avergüenza decirlo), y reclamar al Estado que ponga los medios para ayudarnos a salvar esa dignidad tan precaria, a protegerla y fortalecerla, a hacer que ocupe más tiempo y más espacio. Y entonces, sostenidos por las instituciones en vidas cada vez más dignas, todos estaremos verdaderamente integrados: no en una cultura o en otra, sino en la democracia, y estaremos felices de estarlo.