La Comunitat Valenciana ante la financiación singular catalana

Pedro Sánchez se comprometió con ERC, partido independentista catalán, a dar a Cataluña una financiación singular. La finalidad de este compromiso permitirá a Pedro Sánchez seguir disponiendo de los votos de ERC en el Congreso de los Diputados, así como que Salvador Illa pueda ver aprobados sus presupuestos autonómicos. Este compromiso es sobradamente conocido, junto con otras concesiones a Cataluña resultado de los acuerdos de Pedro Sánchez con Junts.

La presentación reciente del proyecto de financiación singular de la Generalidad de Cataluña por la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata próxima a la presidencia de Andalucía tiene todos los ingredientes de las propuestas populistas siempre llenas de engaño. Para que el gobierno sobreviva, aunque sea penosamente, es necesario complacer a los independentistas catalanes a los que se ha unido el Partido de los Socialistas de Cataluña. Y para que la vicepresidenta primera del Gobierno pueda presentarse con éxito a las elecciones autonómicas andaluzas necesita sostener que la financiación singular catalana no perjudica a las demás Comunidades Autónomas del régimen común. Pero no hay magia posible que pueda convencer a los ciudadanos españoles de todos los territorios y a los gobernantes de las Comunidades Autónomas del régimen común de que la vicepresidenta dice la verdad.

Los independentistas catalanes y vascos conocen la debilidad de Pedro Sánchez y que su objetivo principal es mantenerse en la Moncloa como si no hubiera vida más allá de su probable descalabro electoral en las elecciones generales de 2026 o de 2027. De manera que los independentistas pueden pedirle a Pedro Sánchez la transferencia de competencias estatales o los privilegios que les venga en gana, con la garantía de que satisfará sus deseos si le garantizan la permanencia en la Moncloa. Pero es el caso de que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido rechazada la propuesta de la ministra de Hacienda que contenía la llamada financiación especial para la Generalidad de Cataluña, solo defendida por el representante de dicha Comunidad, y las que pueden calificarse de zanahorias financieras que ofreció a las demás Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas castellano-manchega y asturiana también rechazaron la propuesta de la ministra de Hacienda.

Lo que se está olvidando pese a ser lo más grave es que la propuesta de financiación especial para Cataluña es inconstitucional

Lo que se está olvidando pese a ser lo más grave es que la propuesta del Gobierno de financiación especial para la Generalidad de Cataluña es inconstitucional. La llamada financiación especial es en realidad una financiación privilegiada que incorpora un principio que no tiene cabida en la Constitución, nos referimos al principio de ordinalidad según el cual el que más aporta más recibe. Y este principio no cabe en la Constitución por varias razones. En primer lugar, carece de rigor la afirmación de que la las Comunidades Autónomas, en este caso la catalana, aportan dinero alguno a la Hacienda estatal. Se ha explicado hasta la saciedad que las Comunidades Autónomas y los gobiernos de las mismas no hacen aportación alguna de caudales a la Hacienda Pública Estatal ni a ningún fondo público, al contrario, son financiadas parcialmente por la Hacienda estatal. Los que aportan a la Hacienda pública estatal pagando impuestos directos e indirectos son las personas físicas y jurídicas en un mercado único, español y europeo. Pero, sobre todo, la financiación privilegiada que se pretende otorgar a la Generalidad de Cataluña, basada en el principio de ordinalidad, es radicalmente inconstitucional porque vulnera los principios y preceptos constitucionales de solidaridad entre territorios e igualdad de los ciudadanos sea cual sea el lugar del territorio español en que se encuentren.

El principio de solidaridad es junto con el de igualdad el que más se repite en la Constitución. En el artículo 2 se proclama la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones (ahora comunidades autónomas). De nuevo se vuelve a proclamar en el artículo 138.1 en que se dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2. También en el artículo 40.1 se establece que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta regional y personal más equitativa. El artículo 156.1 vuelve a insistir en que la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas debe hacerse con arreglo al principio de solidaridad entre todos los españoles. De nuevo el artículo 158 ordena la constitución de un Fondo de Compensación para hacer efectivo el principio de solidaridad y corregir los desequilibrios económicos interterritoriales. Y finalmente de acuerdo con el artículo 149.1.1, el Estado tiene la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

El principio de ordinalidad vulnera todos y cada uno de los preceptos antes indicados y lo que es más grave: el Estado que debe ser el garante de la solidaridad interterritorial y igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos (educación, sanidad, pensiones y un largo etc.) se ha convertido en el promotor de la liquidación de la igualdad y la solidaridad. La única financiación privilegiada que es necesario aceptar es la del País Vasco y Navarra, porque ha sido el resultado de la interpretación, a nuestro juicio incorrecta, de la disposición adicional primera de la Constitución.

No parece que pueda aprobarse el proyecto de ley del Gobierno sobre la financiación privilegiada de la Generalidad catalana porque no satisface plenamente a Junts, o porque los diputados de Podemos puede que no apoyen esta disparatada medida. Pero en el caso de que un proyecto de ley con la mencionada financiación privilegiada se tramite en el Congreso de los Diputados nos preguntamos si los diputados del PSOE de la Comunitat Valenciana, que lleva más de una década infrafinanciada, votarán a favor de un proyecto de ley que consagrará las desigualdades de los ciudadanos valencianos en relación con los habitantes de Cataluña y de la mayoría de las Comunidades Autónomas. En todo caso, si se aprueba dicha financiación privilegiada la ley será recurrida ante el Tribunal Constitucional que deberá pronunciarse por la solidaridad constitucional o por la insolidaridad inconstitucional.