La ilegal pretensión de Donald Trump sobre Groenlandia

La reciente retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de adquirir Groenlandia “por cualquier medio” ha suscitado un debate profundo y necesario sobre la soberanía de los Estados, el derecho internacional y la política exterior contemporánea. Y es que Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, se encuentra en el centro de una controversia que no solo afecta a su población, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del orden internacional establecido tras la IIª Guerra Mundial.

Las palabras de Donald Trump en el contexto del derecho internacional, su falta de respeto a la soberanía nacional de Dinamarca, se dan de bruces con los principios defendidos en la Carta de San Francisco, fundamento de las Naciones Unidas cómo garante del derecho internacional y de la soberanía de los Estados miembros. Pero también colisiona con la institución europea que en más de una ocasión ha sido el referente ético de un orden internacional basado en reglas: el Consejo de Europa.

En ese sentido se ha pronunciado Alain Berset, el secretario general del Consejo en un artículo publicado el pasado19 de enero en el The New York Times titulado 'Nunca pensé que tendría que escribir eso', recordando que la paz y la seguridad se fundamentan en un orden internacional basado en reglas que puede quebrar por ese tipo de pretensión de Trump sobre Groenlandia. El Consejo de Europa, creado tras la II Guerra Mundial, se fundamenta en la premisa de que el derecho, y no la mera fuerza, debe regir las relaciones entre los Estados y garantizar la dignidad humana. De él depende la Corte Europea de Derechos Humanos, instancia legal que entiende sobre la vulneración de la Carta Europea de Derechos Humanos por un Estado sobre otro firmante del Convenio que lo crea; recordar que los Estados Unidos y la Santa Sede son observadores privilegiados

Desde esa perspectiva, la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y el derecho a la autodeterminación del pueblo groelandés cómo derecho fundamental reconocido, está respaldada por el derecho internacional, que establece la inviolabilidad de las fronteras y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, la situación actual generada por las declaraciones de la administración Trump recuerda a la Guerra Fría, donde la geopolítica predominaba sobre los derechos democráticos, y plantea la necesidad de recordar los fundamentos legales que sustentan la actual estabilidad internacional por muy precaria que se perciba.

La administración Trump ha justificado su interés en Groenlandia bajo el pretexto de preocupaciones de seguridad nacional. Sin embargo, las capacidades militares estadounidenses ya están presentes en la región, especialmente a través de la Base norteamericana en Pituffik en territorio groelandés. La lógica que subyace en la propuesta de anexión se basa en una visión de suma cero, donde la independencia de Groenlandia se percibe como un riesgo estratégico frente a la influencia de potencias como Rusia y China. Un enfoque alegal en el plano del derecho internacional que supone un ataque frontal a la soberanía y el derecho a la autodeterminación contenido en la carta de autonomía otorgada por el parlamento danés al pueblo de Groenlandia, y a la Carta de San Francisco sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Ante esa situación cobra importancia la reflexión de Alain Berset en el The New York Times, pues a través de su declaración el Consejo de Europa se pronuncia cómo estancia ético-política. Tiene la responsabilidad de actuar en defensa del marco jurídico que protege la soberanía y los derechos de los pueblos; un eco escuchado en la declaración conjunta de varios estados miembros de la UE sobre Groenlandia, en que destaca la importancia de una voz europea unificada en cuestiones de derecho internacional.

La cooperación jurídica e institucional es esencial para contrarrestar cualquier intento de socavar la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y el derecho a la autodeterminación del pueblo groelandés; y por extensión, la confianza en el orden internacional creado después de la II Guerra Mundial: orden internacional que la administración Trump quiere hacer saltar por los aires con su actitud. Además, no ha escatimado en medios: el republicano difundió fotos días antes de aparecer por Davos “simulando” la conquista de Groenlandia y Canadá cómo aviso de su pretensión.

La posible erosión del respeto del derecho internacional en el caso groelandés podría tener repercusiones de largo alcance. La confianza en las alianzas y compromisos internacionales se basa en la previsibilidad y en la certeza de que el poder se ejerce de acuerdo con la ley. Si los Estados pueden eludir el derecho internacional cuando les resulta conveniente, se corre el riesgo de desestabilizar el orden global y en este caso concreto debilitar los lazos transatlánticos.

La situación en Groenlandia no es solo un asunto de soberanía territorial, sino también un testimonio de cómo se percibe y se respeta el derecho internacional en el ámbito global. Es imperativo que Europa articule una defensa clara de la soberanía y el derecho internacional, no solo para proteger al pueblo groelandés, sino para reafirmar su compromiso con los principios que sustentan la paz y la seguridad internacionales. Ignorar este desafío sería sentar un precedente peligroso que podría traer malas consecuencias para el Orden Mundial surgido tras la II Guerra Mundial.