El precio de la tragedia

¿Qué vale una vida? Esa pregunta —ya presente en los filósofos griegos— admite infinitos matices. Platón, en La República, vincula el valor político de una existencia a cumplir bien la función que le corresponde. Todas las respuestas esquivan el terreno mercantil, pero terminan rozando lo insoportable, porque nada compensa una muerte, y menos cuando irrumpe como un accidente que nadie vio venir. Lo aprendimos con la dana de hace quince meses y lo recordamos ahora con los siniestros ferroviarios de Adamuz y Gelida. Como la gestión de la infraestructura ferroviaria es competencia estatal, el Gobierno anunció esta semana indemnizaciones de hasta 216.000 euros por cada fallecido en esos accidentes. Y, de inmediato, apareció la comparación —tan inevitable como incómoda— con lo recibido por cada una de las 230 víctimas de la gran riada.

Lo llamativo es que sea el president Pérez Llorca quien entre en ese fango. Se suponía que habíamos dejado atrás la autoficción de Mazón y que empezaba, por fin, la reconstrucción del respeto a los familiares de los difuntos, tan maltratados por el anterior inquilino del Palau. La reparación de una ausencia brusca no tiene precio, pero según las circunstancias, puede aliviar algo del duelo. Sobre todo, cuando la persona fallecida era la única fuente de ingresos del hogar. Días antes de Navidad, un alto cargo del Consell de Llorca y un reconocido penalista coincidieron en un restaurante. En una conversación breve, el abogado advirtió que la mejor jurisprudencia política es aquella que recomienda algo tan elemental como que la primera atención de las administraciones tras una catástrofe es la respuesta económica inmediata. Por humanidad, sí, pero también porque ayuda a evitar que el dolor termine judicializado. Se supone que ese mensaje llegó al Consell. Pero no hubo novedades hasta que el ministro Óscar Puente presentó el decreto de ayudas urgentes y anticipos para las víctimas de los trenes, que en conjunto sumará 20 millones de euros.

Pérez Llorca, atrapado en el bucle de Génova

¿Por qué la Generalitat sigue sin aprobar ayudas directas para las víctimas de la dana? Aunque Juanfran Pérez Llorca quisiera —y seguramente lo contempla un pragmático como él—, hacerlo implicaría dinamitar el relato heredado de Mazón, del PPCV y de Génova. Cada vez parece más evidente que desde Madrid se alentaron, al menos por omisión, las versiones dudosas que intentaron maquillar la pésima gestión de la prevención y de la emergencia del 29 de octubre de 2024.

Un plan de indemnizaciones para los familiares de los 230 fallecidos supondría admitir que el Consell fue el principal responsable de la desprotección civil de aquel día. Y, en consecuencia, reconocer que buena parte de la munición verbal contra los organismos estatales —en especial, la CHJ y Aemet— fue una cortina de humo para escurrir responsabilidades propias. El pragmatismo de Llorca todavía no alcanza a incomodar a los escuderos de Núñez Feijóo, los mismos que ahora aplican contra el Gobierno un argumentario milimetrado como tras la dana.

La obcecación de Santamaría y Barrachina

Aunque el tablero político puede alterarse tras las elecciones aragonesas del próximo domingo —tanto para Pedro Sánchez como para Feijóo—, Llorca lo tiene difícil para salirse del carril que dicta la dirección nacional del PP. En el carrusel electoral previsto (Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía) solo parece importar el grado de polarización que alimenta el mercado central madrileño. Y la tragedia cordobesa lo ha desbordado tanto, que hasta el president ha tenido que vestirse de Mazón para blindarse en el cargo, dejando las promesas de sus primeros días de mandato. En especial, su denominado pacto de las Corts, resumible en dos mandamientos: asumir la agenda valenciana por encima de todo y tratar al adversario como a uno mismo. El clima electoral permanente —con Sánchez atrapado en el cálculo de Moncloa y Feijóo intentando frenar la fuga de votos hacia Vox— vuelve casi imposible resolver algo tan propio como que la Generalitat indemnice a los damnificados. Bastaría una reunión entre Llorca y Morant para pactar un marco mínimo. Pero escuchando a los arietes Santamaría en el Senado y Barrachina en el Palau, hay poco margen para la esperanza.

Mientras tanto, las asociaciones de víctimas de la dana siguen protestando cada mes por el abandono institucional que sufren por parte de quien debería representarlas. La máxima representación valenciana. La suya.

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