Xe, no passa res

No quisiera yo que, por mor de la distancia sideral que política y mediáticamente separa a cada una de las tres provincias de esta comunidad, pasara con más pena que gloria por Castellón y Valencia el último escándalo ocurrido en Alicante, ese territorio incomprensible para los valencianos e indiferente para los castellonenses pero que, a la postre, no me cansaré de repetirlo, tiene un peso decisivo en la formación de gobiernos porque supone el 37% del censo electoral y es, nadie podrá negárselo, el que más razones para el entretenimiento ofrece de toda la autonomía. En Alicante, cuando no son pitos son flautas. Pero la orquesta nunca deja de desafinar.

El periódico INFORMACIÓN (del mismo grupo que Levante-EMV y Mediterráneo, que también recogieron la noticia) destapó el jueves que la primera promoción de viviendas públicas hecha por el Ayuntamiento de Alicante en 20 años ha agraciado con un piso de 89 m2, trastero, plaza de aparcamiento, zonas comunes con piscina, pista de padel y club social, a escasa distancia de la playa de San Juan y a un precio muy inferior al de mercado, que para eso se trataba de una promoción pública teóricamente destinada a facilitar «soluciones habitacionales» a quienes no disponen de recursos para acudir a un mercado libre absolutamente desmadrado, a la concejal de Urbanismo, a familiares directos de una directora general del Consistorio, que además presidía la mesa de Contratación que sustanció la cesión del suelo público a una cooperativa para que edificara dichas viviendas, a un arquitecto municipal (recientemente detenido bajo la acusación de facilitarles trámites a un grupo de narcos, ¿acaso no les decía yo que Alicante era muy divertida?) y a otras personas vinculadas a la clase dirigente alicantina cuyos nombres a buen seguro se irán conociendo progresivamente. Algunas de las 140 viviendas no han sido ocupadas por sus adjudicatarios, tal como marca la ley, sino inmediatamente puestas en alquiler a favor de inquilinos de apellidos también sumamente conocidos. Otros de los agraciados viven fuera de España e incluso de Europa. Y se está comprobando si algunos de los pisos reservados a personas discapacitadas también han sido otorgados a quienes no lo son. La oferta de estas viviendas no fue publicitada porque, como ha declarado el promotor con sinceridad pasmosa a INFORMACIÓN, con los amigos y familiares de los que se apuntaron a la cooperativa que se creó ya tenían para llenar varias urbanizaciones como esa.

El alcalde Barcala ha estado ágil en la respuesta, anunciando el mismo día en que se publicó la noticia la inmediata apertura de un expediente de averiguación de hechos y comprometiéndose a presentar el caso a la Fiscalía si hubiera lugar, «caiga quien caiga». No es de extrañar la presteza. En el pasado inmediato, tres de sus antecesores en la Alcaldía acabaron sentándose en el banquillo y ninguno de ellos terminó su mandato. Y ya con Barcala en el cargo, en la anterior legislatura las sospechas sobre enchufismo en las oposiciones a la Policía Municipal fueron noticia nacional y otro concejal tuvo que ser despedido al borde de las elecciones. Como para no estar curtido. El mismo jueves en que mis compañeras Mercedes Gallego y Carolina Pascual desvelaron el caso, la funcionaria de mayor rango entre los implicados, María Pérez-Hickman, de apellido tan singular como distinguido en Alicante, dimitió como directora general, aunque por el momento recupera sus galones precisamente en el área de Contratación donde, junto con la de Patrimonio, todo este lío empezó, sin que el alcalde haya aclarado si la va a relegar a otro puesto menos prominente. En la urbanización de marras, construida en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad sobre terrenos de todos los alicantinos que se traspasaron a precio low cost a la promotora, han conseguido adjudicarse vivienda dos hijos de Hickman y al menos un sobrino. Sólo 24 horas después dimitió la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, asimismo beneficiaria de un piso con su marido.

La oposición, encabezada por la portavoz socialista y exconsellera Ana Barceló, también anunció nada más conocerse la noticia que acudiría a la fiscalía, poniendo el acento en el presunto tráfico de información privilegiada que ha acabado repartiendo entre familias claramente pudientes viviendas que deberían haberse destinado a las que no pueden acceder a una ni siquiera teniendo trabajo por lo prohibitivo de los precios y la falta, precisamente, de oferta suficiente. Finalmente ha sido Sumar quien ha presentado el caso ante Anticorrupción.

Pero una cosa son las irregularidades que pudieran haber en este asunto y otra es la responsabilidad política. Por muy rápido que el PP se haya movido en esta ocasión, consciente de la enorme indignación que ha causado en Alicante, el hecho es que la concejal ocupó un puesto destacadísimo en la candidatura popular careciendo por completo de experiencia por expresa voluntad del alcalde. Y luego se le confió una responsabilidad tan alta como la de Urbanismo, que apenas ha ejercido debido al encadenamiento de bajas que ha protagonizado desde su toma de posesión, sin que fuera trasladada por ello a un cargo menos relevante para la marcha de la ciudad. Y que también Hickman fue promovida a directora general por decisión del alcalde. Todo lo cual lleva a concluir que Barcala se enfrenta a la mayor crisis que ha vivido su gobierno y que el caso está lejos de cerrarse.

También la Generalitat se ha movido con rapidez, iniciando una investigación sobre el funcionamiento de sus servicios territoriales en Alicante, encargados de revisar las adjudicaciones de este tipo de viviendas de promoción pública. Es posible que en las próximas semanas veamos que algunos funcionarios son relevados de sus actuales puestos. Porque como mínimo, la falta de control, tanto municipal como autonómica, ha sido clamorosa. Y la opacidad, aberrante. Aquí una parcela situada en uno de los mejores sitios de Alicante y que era pública ha acabado en manos de unos pocos bien conectados justo en un momento en que la mayoría tiene graves dificultades para encontrar donde vivir. El cóctel es demasiado explosivo para que se olvide sólo con un par de dimisiones. En el Ayuntamiento lo que estaba pasando con esa promoción era un secreto a voces. En los servicios territoriales de la Generalitat como mínimo han mirado para otro lado. Y la ley actual ha mostrado una endeblez impropia del estado de necesidad en que nos encontramos. Porque lo más ultrajante de este caso es, precisamente, que puede que todo sea legal. Pero es vergonzoso.

Crisis en el Ayuntamiento de la segunda ciudad de la Comunitat. Crisis en su capital turística, Benidorm, amenazada de quiebra por una deuda con sentencia firme de 350 millones de euros con unos también conocidos empresarios para cuyo primer desembolso el Consistorio ya ha tenido que pedir un rescate. Crisis en la otrora poderosa Cámara de Comercio, después de construir una nueva sede sin licencia y violando numerosas normas, que está paralizada y bajo amenaza de demolición. Crisis en grandes ayuntamientos, como el de Orihuela, que lleva décadas encadenando alcaldes imputados, el último de los cuales ya llegó con el procesamiento bajo el brazo.

¿Acaso es Alicante distinta a Valencia? No. Pero igual que la cercanía al poder ofrece oportunidades, la lejanía de éste refuerza la impunidad. La primera frase que de niño escuché en valenciano fue «xe, no passa res» y desde entonces la he oído en infinidad de ocasiones. ¿Quieren una definición gráfica de lo que eso significa? Pues miren al expresidente Mazón saliendo por la puerta de atrás del Palau para aposentar sus reales en la fachada más emblemática de todo el litoral. No passa res. Lo que ocurre, sin embargo, es que a partir de la Gran Recesión la pantalla ha ido cambiando aunque muchos aún no se hayan dado cuenta. Que los excesos, la mala gestión, el compadreo y la corrupción cuando la hay se pagan cada vez más rápidamente. Que lo que pasa en el sur, ya no se queda en el sur, como antes. Y que aunque Alicante siga siendo la periferia de la periferia esa impunidad que históricamente ha amparado a sus élites empieza a ser más una sensación producto del pasado que una realidad del presente. El PP, que domina Alicante (y, desde ahí, la Generalitat), puede tener todavía la tranquilidad de que las direcciones local y provincial del PSPV son como el agua: incoloras, inodoras e insípidas. Pero entre el terreno que, con sus silencios o sus astracanadas, le va comiendo Vox, y lo activo que está últimamente por estas tierras Rufián, llamando a la unidad de la izquierda en actos a los que antes iban 15 y ahora acuden 700, se puede llevar un susto. ¿No passa res? Claro que pasa.

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