El conflicto permanente 

Hace ya 25 años, 12 julio 2001, de la puesta en funcionamiento de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, como punto de referencia obligado para la recuperación de nuestra lengua, considerando que su puesta en funcionamiento, de manera consensuada, tras el acuerdo político entre Eduardo Zaplana y Joan Ignasi Pla, permitiría zanjar, de forma definitiva, un conflicto interesadamente mantenido, que lastraba a nuestra sociedad, no sólo en temas lingüísticos sino globalmente culturales, y económicos. Recientemente el ensayo de Sergi Castillo, a partir de su tesis doctoral, como recogía recientemente el Posdata en Abril de este medio, Levante-EMV, analiza los orígenes del pacto y las dificultades para salvar posturas encontradas.

Pensaba yo entonces, que la calma se impondría, y la sociedad admitiría lo que sus dirigentes habían consensuado en favor de la mejora de nuestra lengua, que en Benimaclet, mi pueblo materno, el maestro Carles Salvador, enseñaba. Que el apoyo mayoritario de todos quienes la estimamos, acabaría por prevalecer, con un pacto que contribuiría a la supervivencia de nuestra lengua. Pero, ya advertía Raimon, «quan creus que ja s’acaba, torna a començar».

Así el profesor, Manuel Sanchis Guarner se manifestó en favor del policentrismo normativo convergente, es decir, en favor de un pacto consensuado para salir del conflicto de las variantes regionales de la lengua común, en nuestro caso, el valenciano. Igualmente el padre Lluis Fullana había afirmado, con su puño y letra, la necesidad, para el valenciano, de dar pasos hacia la unidad normativa de la lengua, y ambos, junto al resto de los firmantes, lo harían en Castelló, Normas Ortográficas de 1932, que fueron un pacto consensuado para salir del conflicto, al que, Nicolau Primitiu, se atrevió a poner nombre, «ba-ca-va», balear, catalán, valenciano, como el conocido Diccionario.

Cómo es posible que 94 años más tarde de la firma de las Normes Ortogràfiques de Castelló, para hacer crecer el prestigio social de nuestra lengua, y 63 años de la edición del Diccionari català-valencià-balear (1963), presentado en el Ayuntamiento de Valencia, que recoge todo el caudal léxico de nuestra lengua, respetando la denominación de la misma, según el lugar donde se habla, volvamos a estar en las mismas.

Cómo se puede cuestionar a la autoridad científica y a la lógica de un pacto que contribuye a la supervivencia de nuestra lengua común, respetando las variantes regionales, en nuestro caso, el valenciano. Cómo ignorar las evidencias, «els mots que canta la gent, vives paraules que entenc, que tots parlam el mateix», que diría María del Mar Bonet. Cerremos el conflicto a partir de una institución que se considera necesaria, dejemos actuar con independencia a sus miembros, correctamente designados, y esperemos se haga cumplir lo que decidan sobre la normativa lingüística del valenciano, expresando con suficiente claridad que la denominación «valenciano» debe ser usada, formando parte del sistema lingüístico de los distintos territorios que comparten el patrimonio común de la lengua.

Mantener el conflicto permanente, como cualquier otro que carezca de base científica, supone acentuar la debilidad de nuestra posición en el conjunto del Estado sin aprovechar la oportunidad de consolidar nuestra realidad valenciana, sobre derechos de ciudadanía a través de un sentimiento de pertenencia potente, que diría Joan Romero, en torno a las instituciones de las que democráticamente nos hemos dotado, entre ellas, la citada Acadèmia, y, también, el Consell Valencià de Cultura.