Zona tensionada: la receta fracasada que la izquierda quiere imponer a Valencia

Si la solución al problema de la vivienda fuera tan simple como limitar los precios del alquiler, ¿qué político con dos dedos de frente rechazaría aplicarla? La respuesta es obvia: ninguno. La razón también lo es: porque no funciona. Por eso el Ayuntamiento de Valencia no va a solicitar la declaración de zona tensionada ni limitará los precios del alquiler. No por ideología, sino porque la evidencia empírica demuestra que esta medida fracasa sistemáticamente en todos los lugares donde se aplica. Y lo que es peor, consigue justo lo contrario de lo que pretende.

La mejor prueba de que no actuamos movidos por dogmas es que este equipo de gobierno ha recurrido a herramientas que, a priori, no nos agradan. Por eso aplicamos el tanteo y retracto cuando fue necesario. Y si la limitación de precios funcionara, tampoco tendríamos inconveniente en aplicarla. Pero la realidad es tozuda y los resultados han sido devastadores en todos y cada uno de los lugares donde se ha aplicado el control de alquileres.

Los datos de Barcelona son demoledores. En solo dos años, casi 48.000 viviendas han abandonado el mercado de alquiler residencial. Mientras tanto, la competencia por cada piso disponible se ha disparado. Hasta 444 personas se interesan por cada vivienda en la capital frente a sesenta de media en el resto de España. Y la paradoja más cruel es que los precios, lejos de bajar, continuaron subiendo. Lo hicieron un 4,75 % en el último trimestre de 2024, tras la regulación, y un 3,8 % en tasa interanual en el segundo trimestre de 2025 en toda Cataluña, según datos del Incasòl (Generalitat de Catalunya), que registra contratos reales firmados.

Este desajuste entre oferta y demanda genera el efecto opuesto al prometido por la declaración de zona tensionada. La ciudad condal se consolida como la capital con el precio por metro cuadrado más caro de España y el alquiler medio de los pisos que se ofertan supera actualmente los 1.650 euros.

Barcelona no es un caso aislado, sino la punta del iceberg en España. A nivel internacional, la historia se repite. Berlín perdió el 60 % de su oferta regulada cuando aplicó el control de precios y el mercado libre se encareció un 10 %. En Holanda, el portal inmobiliario Pararius documenta que los alquileres privados han aumentado un 89% desde la entrada en vigor de nuevas regulaciones -un 17 % solo en el último año- y que más de 14.000 propiedades fueron retiradas del mercado de alquiler en 2025.

Y lo que sucede en Barcelona se replica en el conjunto de España. La Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez ha sido un fracaso con consecuencias devastadoras para el mercado del alquiler residencial. Según análisis del sector, esta normativa habría provocado la retirada de hasta 120.000 viviendas ofertadas en este mercado en apenas dos años.

Las comunidades que más regulan son las que más oferta pierden. En Cataluña, con 271 municipios declarados zona tensionada, la caída en 2025 se estima en el 14,6 %, muy superior al 3,3 % del conjunto del país. Guipúzcoa es el caso más extremo y lidera la contracción nacional con una reducción proyectada del 23,5 %, según el Barómetro del Alquiler. En los 304 municipios actualmente declarados como zonas tensionadas, el patrón es idéntico. Los propietarios retiran sus viviendas del mercado de alquiler residencial para migrar al alquiler temporal, turístico o simplemente dejarlas vacías como consecuencia de la inseguridad jurídica.

La paradoja más cruel de esta legislación es que ha multiplicado la presión sobre la demanda donde pretendía aliviarla. En las zonas tensionadas, el acceso al alquiler se ha convertido en una auténtica lotería donde las familias con menos recursos quedan sistemáticamente excluidas.

El consenso de las instituciones económicas es abrumador. El Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Congreso, recomendó expresamente "reforzar la seguridad jurídica" y mostró "cautela ante medidas restrictivas" por sus "efectos adversos". El Observatorio de Vivienda de la Universitat Politècnica de València es aún más rotundo: La Ley 12/2023 de Vivienda ha provocado la retirada voluntaria de muchas viviendas que migran al alquiler turístico o quedan vacías por miedo a la okupación. Efecto perverso: los precios suben porque hay menos oferta disponible.

A nivel internacional, el FMI recomienda suspender los controles si reducen la oferta. La OCDE, en su informe sobre España de 2023, calificó las regulaciones de control de alquileres españolas como "de las más estrictas entre países miembros" y advirtió que "restricciones adicionales implican riesgo de coartar aún más la oferta". El Parlamento Europeo identifica como causa principal de la crisis la oferta limitada del parque de viviendas. No estamos ante una discusión ideológica, sino ante un fracaso empírico documentado por todas las instituciones serias.

¿Por qué sucede esto? La teoría económica lo predice y la práctica lo confirma a través de tres efectos perversos. Primero, limitar precios destruye oferta. Segundo, la demanda se concentra en el segmento libre, presionando los precios al alza donde no hay límites. Y tercero, los propietarios se vuelven más selectivos y solo aceptan inquilinos con garantías máximas, excluyendo precisamente a quienes más protección necesitan.

El veredicto científico y académico tampoco puede ser más claro. En 2012, la Universidad de Chicago preguntó a 41 de los economistas más prestigiosos del mundo si el control de precios mejora la vivienda asequible y 40 dijeron que no. Esto no es política, es ciencia económica. Paul Krugman, Nobel de Economía, sentenció que el control de alquileres “da muchos problemas y restringe la construcción de nuevas casas". Incluso economistas progresistas lo rechazan. Gunnar Myrdal, Nobel de Economía, lo llamó "el peor ejemplo de planificación deficiente" y el sueco Assar Lindbeck afirmó que era "la técnica más eficiente para destruir una ciudad, excepto bombardearla".

La solución, por lo tanto, es aumentar la oferta. Es así de simple y así de complejo. Simple en el diagnóstico, complejo en la ejecución. Y ahí es donde Valencia está dando ejemplo.

El gobierno de María José Catalá ya lleva ejecutados 60 de los 100 millones de euros que estamos movilizando con el Plan + Vivienda para sumar un millar de viviendas municipales. Los resultados ya son visibles. A los portavoces de la izquierda que insisten en las zonas tensionadas les invito a que nos acompañen a visitar las viviendas que estamos construyendo. Que vean con sus propios ojos la diferencia entre la parálisis que heredamos y las grúas que hoy levantan hogares reales para familias reales. Tal vez de ese modo dejen de mirar a Barcelona para copiar sus fracasos y empiecen a fijarse en las soluciones que ya están funcionando. ¿Por qué quieren para Valencia una receta que ha fracasado sistemáticamente allá donde se ha aplicado?

Una última reflexión. Este es un problema nacional que requiere la implicación de todas las administraciones. El gobierno de Sánchez debe dejar de enmendar sus propias medidas y actuar con seriedad. No queremos bandazos ni política errática. Queremos compromiso real y que movilice los solares que tiene paralizados en nuestra ciudad.

La crisis de vivienda no se soluciona con decretos ni con límites artificiales. Se soluciona construyendo más viviendas. El gobierno de María José Catalá tiene claro el diagnóstico, tiene un plan y la determinación de llevarlo a cabo. Mientras otros insisten en fórmulas que han fracasado en todo el mundo, nosotros seguiremos trabajando en lo que funciona: más vivienda pública, más seguridad jurídica y más colaboración con todos los actores implicados.