Una financiación justa y necesaria

Durante años, la financiación de las autonomías que conforman España, excepto el País Vasco y Navarra, con un sistema histórico propio bajo el modelo del concierto económico, ha centrado buena parte del debate entre las diversas formaciones, en el que las polémicas, los agravios, las peticiones y las amenazas entre unos y otros han sazonado un escenario en el que pocos presagiaban una solución como la planteada ahora por el presidente Pedro Sánchez. Cuando se cumple poco más del ecuador de la presente legislatura, el Gobierno de España ha diseñado y planteado un modelo en el que la equidad y la justicia social son dos de los ingredientes esenciales en su génesis.

Con una inyección de hasta 21.000 millones de euros adicionales a las diversas autonomías, este sistema permitiría elevar el porcentaje de cesión del Impuesto de la Renda de las Personas Físicas (IRPF) y del IVA del 50 % actual hasta cerca del 56’5 %, mientras que el resto serían una aportación del Estado a la caja común del sistema. Con la mirada en el horizonte para su puesta en marcha a lo largo del año 2027, esta financiación planteada por un gobierno socialista ha servido para demostrar la capacidad que tiene para responder a las necesidades y a las reivindicaciones históricas de las comunidades que forman parte de un mismo proyecto sobre el que gravita la realidad de España. Sin embargo, no han tardado en salir al escenario público aquellas formaciones políticas que han rechazado con fuertes críticas este planteamiento, únicamente, con el propósito de sacar un rédito electoral. Han dejado a un lado los aspectos positivos, aquellos que nos unen, aquellos en los que convergemos por un interés general y han buscado, como suele ser habitual, su propio beneficio político.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la nueva financiación económica supondrá hasta 3.700 millones de euros más de los que recibimos con el sistema actual. Para calibrar la importancia de esta cifra, basta decir que supone el doble de la cantidad que el president Juan Francisco Pérez Llorca reclamó en su última visita al palacio de la Moncloa. De esta forma, pasamos de los 1.700 millones que reclamaba la Generalitat a más del doble. Sin embargo, de poco ha servido porque todos los altos cargos y dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana han salido en tromba contra la propuesta del Gobierno porque creen que, de esta forma, podrán obtener más votos.

No les importa que los valencianos y las valencianas mejoremos en una financiación que nos permita continuar pagando la sanidad, la educación y los servicios sociales. Construir colegios, institutos, centros de salud, hospitales y ampliar las universidades, con problemas de financiación, debería ser suficiente motivo para apoyar el plan del Gobierno. Muchos programas como el Pla Edificant, inversiones en carreteras, viviendas para jóvenes y otros tantos proyectos serían posibles. En los ayuntamientos necesitamos las inversiones de la Generalitat que llevan ya muchos años pendientes, no podemos desperdiciar esta oportunidad para mejorar la vida de nuestros vecinos, avanzar con nuestras empresas y comercios, prosperar como sociedad.

Sin embargo, desde el PP prefieren seguir el trayecto que les impone la ultraderecha, con la que aspiran a gobernar, conscientes de que no pueden hacerlo en solitario. Tampoco, les importa que la nueva financiación cuente con el respaldo público de las principales organizaciones sindicales y de los empresarios. Los socialistas valencianos y valencianas, con nuestra secretaria general Diana Morant a la cabeza, nos encargaremos de explicar a todos los habitantes de la Comunitat Valenciana los beneficios de una oportunidad histórica. La primera prueba será llevar mociones de apoyo a todos los ayuntamientos valencianos.